El procurador de la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, propuso la creación de un fondo para reparación de víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra en El Salvador.
Tobar indicó que busca que su iniciativa tenga un capital fundacional de US$5 millones provenientes Ministerio de la Defensa Nacional y se alimente de un porcentaje del presupuesto de esta cartera de Estado, así como del 10 % de la deuda política de los partidos políticos.
La medida fue presentada Comisión de Justicia del anteproyecto de Ley Especial de Justicia de Transición que en los próximos días entregará formalmente a la Asamblea Legislativa.
La diputada Rebeca Santos, quien preside la Comisión, lo felicitó, luego de la presentación del anteproyecto del cual sostuvo que está “muy bien trabajado”. “Sin duda vamos a tomar muy en cuenta el aporte de esta propuesta”, afirmó.
“Algunos quizás no sean bien vistos pero creemos que es importante que en esto de los fondos participe Hacienda, los partidos políticos que hagan un aporte en relación a la deuda política, las donaciones internacionales o las asignaciones un porcentaje en relación a la expropiación de bienes, que recupera de actividades al margen de la ley”, dijo Tobar.
La PDDH propuso la creación de un Consejo Nacional de Justicia en Transición conformado por representantes de ministerios, la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y organizaciones de víctimas. Dentro de dicho Consejo, estaría una Dirección de reparación integral que crearía un registro de víctimas con enfoque de género basado en lo que ya existe.
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, recordó que con este anteproyecto son dos propuestas las que tiene la Comisión de Justicia. “Sería importante darle iniciativa para que pueda ingresar como un expediente a la comisión”, observó.
La PDDH propuso crear juzgados especiales para enjuiciar los delitos o violaciones de derechos humanos.
Ortiz opinó que “esto demoraría un poco más” ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe traer un proyecto de ley y hacer nombramiento de jueces, además de que “la independencia judicial no es la más idónea actualmente” desde el 1 de mayo de 2021. “Me preocupa sobremanera que se puedan generar tribunales que no sean independientes”, dijo.
La PDDH también propone la posibilidad de la aplicación de un criterio de oportunidad, así como de la posibilidad de “dosificar la pena” para el juez aplicador. El procurador rechazó que esto implique reducción de penales o sustitución de penas.
