Redacción de ContraPunto
Por estos días la sociedad salvadoreña debate, como desde hace tiempos, el tema de los derechos humanos. Antes de la guerra civil Monseñor Oscar Romero, desde su lugar como Arzobispo de San Salvador fue el símbolo de la defensa de los derechos humanos y por ello fue asesinado el 24 de marzo de 1980.
Cientistas sociales, historiadores y las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra consideran que el asesinato de Romero marcó el inició de la guerra civil, aunque desde comienzos de la década de 1970 ya había un incremento de la violencia social y política que devino en confrontación armada general.
Romero es en la actualidad el primero santo de El Salvador; Rutilio Grande y sus dos acompañantes fueron convertidos en beatos por el Vaticano recientemente, pero el asesinato de ellos, así como de los mártires de la UCA, las monjas norteamericanas violadas y posteriormente asesinadas, los miles de campesinos masacrados… todos aún impunes.
Esta impunidad se ha comenzado a derrumbar a cuenta gotas, en especial después que fue declarada la amnistía general de 1993 en una lucha tenaz encabezada por las víctimas del antes y durante el conflicto armado, hecho ocurrido en 2016.
La Sala de lo Constitucional de entonces ordenó elaborar una nueva ley de reconciliación nacional, en la cual sea abolida a impunidad, que quiere decir, hacer justicia a las víctimas, repararle los daños, restaurar su dignidad hacer acciones para que hechos atroces no vuelvan a repetirse.
En el legislativo una comisión se encarga en la actualidad de crear una nueva ley de reconciliación nacional y ha consultado con las víctimas, familiares de estas y con defensores de los derechos humanos.
En esta oportunidad no se debería fallar, como lo hicieron los gobiernos de la posguerra, mismo que también tiene responsabilidad en haber prolongado la impunidad de los criminales de ambas partes del conflicto armado. ¡Qué así sea! De lo contrario, las víctimas continuarán luchando hasta conquistar sus derechos.
