Estado

La petición exacta y sujeta a aprobación por los parlamentarios, que también se han reunido por la emergencia, es de $389 millones de dólares sobre los cuales ya existe el financiador, según Nelson Fuentes, titular de Hacienda

Las disposiciones presidenciales, no implica la suspensión de las garantías constitucionales. El cese de la emergencia nacional será decretado por la Asamblea Legislativa o, en su caso, por el presidente de la República.

Esta situación, no dejó satisfecha a la delegación del presidente quienes manifestaron que no se está tomando las verdaderas medidas para evitar los contagios de esta enfermedad.

Minsal indicó que mientras el país está en alerta sanitaria, los diputados de la Asamblea Legislativa enfrascan “en debatir si las boquitas y bebidas carbonatas deben producirse e incluirse en el paquete de alimentos", pero se han curado más de 1,000 personas

El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, confirmó la noticia y dio su pésame a la familia al igual sus compañeros de la fracción arenera.

Las autoridades mantienen activados todos los sistemas de emergencia para atender cualquier eventualidad.

Conan Castro quiso aprovechar este decreto, que vence este viernes, para poder levantar la medida sanitaria implementadas hasta mediados de junio.

El ministro de Salud aseguró que se encuentra sin la capacidad de poder atender a todos los enfermos de COVID-19, por lo que considera que es necesario extremar medidas.

El funcionario indicó que el plan quinquenal había una planificación económica muy interesante, pero se está viviendo una depresión económica mundial.

Las autoridades descartaron que el militar salvadoreño se encontrara enfermo de COVID-19.

Carolina Recinos aseguró que el Gobierno Central no está en contra de ser auditado y agregó que el manejo de los fondos que se han ejecutado a la fecha ha sido controlado por la Corte de Cuentas de la República (CCR)

Los fondos permitirán contener la crisis sanitaria, mitigar el impacto en los hogares vulnerables y promover políticas anticíclicas para reducir el efecto en la economía.