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La controversia surgió el pasado 1 de abril, fecha en la cual los parlamentarios aprobaron el decreto 621, pero dos semanas después, fue vetado por inconstitucional por el presidente de la República, Nayib Bukele.
Esta evaluación se da en medio de fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, por sus acciones por dominar el ámbito político actual, pese a las condiciones difíciles de la emergencia que vive el mundo
Un requisito que se encuentra en el contenido del decreto indica que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, será requerido para que presente informe sobre reestructuración de presupuesto general para el combate a la pandemia
Herramientas para una solución colegiada ante una crisis nacional.Posterior al término del conflicto vivido por El Salvador desde la década de los 70 a...
El plan económico por un monto de $1 mil millones, que incluye apoyo crediticio para el sector empresarial y ayuda a los sectores más vulnerables que han sido afectados por la pandemia de COVID-19.
Las investigaciones fueron realizadas por equipos del Ministerio de Trabajo en 178 establecimientos del MINSAL y del ISSS a nivel nacional, incluida la Unidad de Salud de San Juan Tepezontes, en el departamento de La Paz.
La propuesta que fue realizada por el parlamentario pecenista, Antonio Almendáriz, tiene el objetivo de evitar el mayor contacto posible entre los diputados mientras dure la fase activa de transmisión del COVID-19.
Los representantes de las instituciones firmaron el “Protocolo Único de Procedimientos del Convenio de Cooperación Técnica y Fortalecimiento Institucional para el Combate a la Corrupción y la Impunidad”.
La medida surge luego que el Gobierno presentara esta iniciativa al Parlamento para definir medidas fiscales que alivien a personas naturales y empresas afectadas por la emergencia nacional.
Los parlamentarios aseguraron que el gobierno debe dar informes sobre las acciones que ha realizado en esta emergencia, para poder concretar esta extensión del plazo del decreto.