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domingo, 01 de agosto del 2021

El crédito de la discordia entre el Ejecutivo y el legislativo

Estaba en agenda de la Comisión de Hacienda el préstamo de $109 millones para la fase III del Plan Control Territorial; por más de una hora discutieron el tema los diputados y al final, acordaron llamar a funcionarios del Ejecutivo la otra semana para seguirlos interrogando.

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“A través de la manipulación, las élites dominadoras intentan conformar progresivamente las masas hacia sus objetivos”,  dijo Paulo Reglus Neves Freire, experto en temas de educación, de origen brasileño.

La discusión del empréstito de $109 millones, componente de la fase III del Plan Control Territorial, la bandera que enarboló el presidente Nayib Bukele el 20 de junio de 2019 para combatir la criminalidad, se ha convertido en un factor de confrontación entre dos poderes del Estado: Ejecutivo y Legislativo.

Por un lado, el presidente Nayib Bukele, ha tratado a toda costa que los diputados autoricen la negociación de esos fondos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Sus estrategias han incluido, a parte de insultos contra los legisladores, interpretaciones constitucionales que, ponen en tela de juicio su legitimidad, como la resolución del Consejo de Ministros encabezada por el mismo gobernante y que acordó con base en el artículo 167, ordinal 7 de la Constitución.

El 6 de febrero, el jefe de Estado se amparó en lo que establece el artículo 167, ordinal 7, “Corresponde al Consejo de Ministros: Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.

De esta manera, el mandatario le dejó claro a los diputados que tenían que hacerse presentes el domingo a las 3 de la tarde para votar por el financiamiento.

Dos días después, en un intento por calmar la tensión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, convocó a sesión plenaria extraordinaria a las 8;30 de la noche del sábado 8 para dejarla abierta y de esta manera, el lunes 10 la Comisión de Hacienda podría emitir un dictamen favorable y autorizarse la negociación del empréstito en el pleno, convocado a las 12 del mediodía.

Los parlamentarios, como era de suponer, ignoraron ese llamamiento y prepararon su respuesta. Le respondieron al Consejo de Ministros que convocar al pleno el domingo por el préstamo de $109 millones para la fase III del Plan Control Territorial “no constituye emergencia constitucional”.

Y es que para la Asamblea, el crédito, no constituía ni una declaratoria de guerra, ni catástrofe, ni epidemia; y con ello cerraron el capítulo.

Bukele volvió a recurrir a la Carta Magna y esta vez fue más allá; la insurrección cuando se rompe el marco constitucional.

El artículo 87 establece que: “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.


¿Un pequeño error de cálculo político?


Sin duda el presidente está urgido porque el Palacio Legislativo le apruebe el empréstito, pero solo es una autorización para negociar con el BCIE, no es que va a contar con esos fondos de inmediato. De ser avalados será con 43 votos, pero su ratificación necesita de 56, un panorama complicado si se toma en cuenta que necesita de los votos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); y en donde ambos han cerrado filas.

El sábado 8, ya se presagiaba que algo no estaba bien. Desde temprano se comenzó a ver movimientos de elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil (PNC), en los alrededores del Centro de Gobierno y en las proximidades de la Asamblea, en donde se estaba instalando una tarima porque Bukele llegaría el domingo a “presidir la sesión extraordinaria” y luego se dirigía a sus seguidores para, entre otras cosas, como primer punto insultar a los diputados y ponerles un ultimátum de una semana.

El domingo ocurrió lo que nadie se imaginaba. El Congreso fue militarizado, pero eso era lo de menos. Los 20 diputados que habían llegado de varios grupos parlamentarios esperaban la llegada del presidente; la PNC tenía dos opciones, que el encargado de las llaves del Salón Azul abriera los portones o la Policía se encargaría de hacerlo a su manera.

El director de la corporación policial, Mauricio Arriaza Chicas, según cuentan elementos de seguridad de la Asamblea, fue el que dio la orden de que no intervinieran y que la PNC y la Fuerza Armada se encargaría de tener el control del Órgano de Estado”.

Todo estaba preparado para recibir al mandatario, la banda regimental y la formación de los caballeros cadetes de la Escuela Militar.

Las puertas del Salón Azul se abrieron, entraron los pocos directivos (GANA) y diputados y tras ellos los medios de comunicación. La sorpresa vendría segundos después, cuando soldados y policías élites ingresaron al Salón y se tomaron las instalaciones, frente a la mirada incrédula de los legisladores. Arriaza Chicas estuvo en todo momento en el interior del pleno observando.

Minutos después ingresaría Nayib Bukele rodeado de su seguridad, subiría a la directiva y tras un breve saludo de los sorprendidos directivos, se sentaría en la silla presidencial, tocaría el gong y dio inicio a la imaginaria sesión extraordinaria.

Agradeció a los diputados presentes y advirtió que los ausentes estaban en desacato, luego manifestó que haría una oración antes de tomar una decisión. Pasaron unos minutos y sin decir una palabra, se retiró y se dirigió al podio donde lo esperaban sus fieles seguidores.

A sus seguidores les dijo que los diputados habían roto el orden constitucional y llamó al pueblo salvadoreño "a la insurrección". También los tildó de “sinvergüenzas” y los acusó de negociar con las pandillas.

“Yo le pregunté a Dios y me dijo: paciencia”, en alusión a que no tomaría el control de la Asamblea Legislativa. “En unos meses vamos a tener (el control) esta Asamblea (El Salvador celebrará elecciones en febrero del próximo año)”. ¡No, no!, gritaban algunos seguidores de Bukele, quienes esperaban el aval presidencial para una insurrección.

De inmediato, la comunidad internacional y organizaciones nacionales comenzaron a cuestionar la acción emprendida por el presidente de la República.

Por ejemplo, Panorama Económico, solicitó a Dante Mossi, presidente Ejecutivo del BCIE, “que active la institucionalidad del Organismo para reevaluar las condiciones del apoyo crediticio al Gobierno de El Salvador, debido al rompimiento con los principios y propósitos de la integración Centroamericana”.

La diputada Costarricense Paola Vega, informó que la Asamblea Legislativa de su país, aprobó por mayoría una moción censurando las acciones de Nayib Bukele.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó a Nayib Bukele abstenerse de emplear las Fuerzas Armadas para violar la separación de poderes y anuló la convocatoria al Congreso para aprobar el polémico préstamo.

El embajador de Estados Unidos acreditado en el país, Ronald Johnson escribió en su cuenta de Twitter, “No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea Legislativa, y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un diálogo pacífico para avanzar.

Al final, la Asamblea Legislativa emitió un pronunciamiento el lunes en donde condenó la intervención militar en el recinto legislativo efectuada por el presidente Bukele con la intención de disolver la Asamblea solo por un crédito de $109 millones.

Este lunes la Comisión de Hacienda, acordó que no dará los votos para autorizar el crédito y por el contrario, resolvió llamar a funcionarios del Ejecutivo para que continúen explicando y den detalles en qué utilizarán los fondos, pues no están convencidos.

El diputado Julio Fabián de ARENA, se refirió al tema de las cámaras de videovigilancia y en donde una empresa mexicana cuestionada fue la única que retiró las bases de licitación, El director General de Centros Penales y vicepresidente de Justicia, Osiris Luna, se ha negado a dar detalles de ese viaje que realizó.

Una investigación del periódico digital El Faro, revela que el Grupo SeguriTech Integral Securitydicha empresa fue la que pagó el viaje al funcionario.

El presidente Bukele por su parte, ha seguido criticando a los legisladores, que han decidido no responderle y continuar con el trabajo legislativo para calmar la tensión.

“Se niegan a la compra de un buque que nos ayudará a la lucha contra el narcotráfico. Ahora ya no solo financian pandillas sino que protegen a los narcotraficantes”, escribió en las redes sociales Bukele.

El presidente, estuvo en el acto de la Promoción 121 de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), que está integrada por 85 mujeres y 185 hombres que pasarán a formar parte de la PNC.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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