En el país actualmente hay una medición de fuerza entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La situación es inusual.
En otros tiempos, este problema se hubiera solucionado abruptamente con un golpe de Estado, sin embargo; los presidentes de ambos Órganos, Nayib Bukele y Mario Ponce, respetan el marco constitucional y han convocado para las próximas horas a reuniones para dirimir la controversia entre ambos.
La sesión plenaria del jueves estaba por terminar, cuando el diputado de ARENA y presidente en funciones, Alberto Romero, decretó receso y convocó a la Comisión Política a una reunión para discutir el tema del préstamo de $109 millones que desde noviembre del año pasado, el Ejecutivo presentó al Congreso como parte del componente de la tercera fase del Plan Control Territorial.
Esta iniciativa del gobernante, que es para combatir la criminalidad, se diseñó para implementarse desde el 20 de junio de 2019 hasta el 2021 y su financiamiento asciende a $575.2 millones.
A los diputados, particularmente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), no les cayó en gracia la convocatoria y cuestionaron el llamamiento del presidente Bukele.
El jefe de Estado se amparó en lo que establece el artículo 167, ordinal 7, Corresponde al Consejo de Ministros: Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden.
En ese contexto, Bukele convocó al pleno legislativo a sesionar el domingo a las 3 de la tarde. "Vamos a usar la Constitución para que los diputados trabajen por el pueblo, así que con base en el artículo 167, el Consejo de Ministros convocará a una Sesión Extraordinaria este domingo para que voten por la fase 3 del Plan Control Territorial", reiteró.
El mandatario a externado su inconformidad por la actitud de ARENA de no apoyar el préstamo que tiene por finalidad modernizar a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada.
Los parlamentarios que integran la Comisión Política, entraron en un extenso debate.
La jefa del grupo parlamentario del FMLN, Nidia Díaz, criticó que el actual Gobierno se está caracterizando porque sus funcionarios no atienden el llamado de las comisiones, ni dar opiniones de las leyes ni envían informe. “De seguir así, estarán retrocediendo en transparencia y rendición de cuentas”. Y agregó que el mandatario “no nos va a decir cuándo legislar”.
ARENA por su parte, ya había sentado posición con respecto al crédito que tiene enfrentado a la Presidencia con el Congreso. El diputado Mauricio Vargas, de la Comisión de Seguridad, en horas del mediodía del jueves expuso las razones de la negativa de su partido para autorizar el empréstito.
Y mientras el arenero Emilio Corea preguntaba ¿Y la independencia de los Órganos de Estado? la homóloga de su partido Felissa Cristales escribió en su cuenta de Twitter: "No tengo ningún problema con atender la convocatoria del consejo de ministros…".
Después de más de una hora de debatir, la plenaria fue reanudada y el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, anunció que la Comisión de Hacienda quedaba convocada a las 8:30 de la mañana, en donde debatirán si autorizan o no al Ejecutivo que negocie la suscripción de los $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Posteriormente, se llevará a cabo la sesión ordinaria a las 4 de la tarde, con el punto único del préstamo.
Y aunque algunos legisladores se han mostrado renuentes ha asistir a las dos convocatorias, el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), es claro en su artículo 18, inciso 4: “Deberes y obligaciones de los Diputados y las Diputadas… Asistir puntualmente y estar presentes en las sesiones de las comisiones legislativas que integran, en las sesiones plenarias y demás actividades oficiales a las que sean convocados, de conformidad con lo establecido en este Reglamento”.
El artículo 19 se refiere a la sanción por inasistencia injustificada: Perderán la remuneración correspondiente.
Los problemas legales de dirigentes de ARENA y del FMLN
Los dos partidos mayoritarios en el Congreso no la están pasando nada bien. Algunos de sus dirigentes han sido acusados por la Fiscalía General de la República (FGR). Por ejemplo, el Ministerio Público ha pedido antejuicio y desafuero contra el tricolor Norman Quijano, expresidente de la Asamblea, excandidato presidencial y exalaclde de San Salvador, por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas por supuestamente haberse reunido con pandillas y ofrecer dinero cuando fue aspirante a la presidencia en el 2014.
También el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; y el dirigente del FMLN Benito Lara y Arístides Valencia, exministro de Gobernación, son acusados por la Fiscalía por negociar con grupos criminales.
