Por Alessia Genoves
Un 73.9% de salvadoreños aprueban el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. El dato ha sido confirmado en la última encuesta de LPG Datos, de La Prensa Gráfica. El dato es reafirmado por el 80.1% salvadoreños que , además, califican los resultados de la política de seguridad pública como “muy buenos” y “buenos”.
Sin embargo, los resultados detallan el desconocimiento total de los derechos temporalmente suspendido, para al menos el 77.2% de encuestados; y el desacuerdo para el 62.4% en la detención de personas “sin orden de captura”, o que “estuviera cometiendo un delito”.
A favor
El Régimen de Excepción fue ratificado el pasado 27 de marzo, en respuesta de los 87 homicidios reportados durante los días del 25 al 27 de ese mes. La política busca la contención de un estimado de 70 mil personas activas en maras y pandillas, y sobre las que responsabilizan la mayor cantidad de homicidios concurridos en el país.
De acuerdo con LPG, cerca del 74% salvadoreños manifestaron su aprobación a la decisión legislativa, por aprobar el Régimen de Excepción, mismo que se hace patente en el Decreto Legislativo N.º 333. Ha sido prorrogado durante 2 veces consecutivas, desde el pasado 25 de abril, y el 25 de mayo de éste año. La política estaría vigente hasta el próximo 25 de junio.
Hasta la fecha, unas 36 mil personas han sido detenidas, bajo la acusación de colaborar o de pertenecer a maras o pandillas. Otras 30 mil personas estaría siendo judicializadas, bajo los mismos cargos y requerimientos de otros delitos, al término de las audiencias de imposición de medidas. Hay que mencionar que el 73.3% de los encuestados manifiestan estar “de acuerdo con que una persona que tiene tatuajes alusivos a pandillas pueda ser detenida por policías o soldados sin que haya una orden de captura ni que esta persona estuviera cometiendo un delito”.
Un 80.1% de salvadoreños reafirma su aprobación al Régimen, valorándolo como “muy bueno” (23.1%) y “bueno” (47%). La encuesta detalla que quienes aprueban el Régimen son “los hombres, en especial los jóvenes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), de las zonas urbanas, y de las personas de nivel socioeconómico medio”. Sin embargo, los resultados demográficos también hacen ver las mismas afinidades por las personas en áreas rurales, en el 77% de casos; y, principalmente en la clase “media inferior”.
En contra
77.2% de encuestados declaró desconocer los derechos constitucionales, temporalmente suspendidos, tras la aprobación del Régimen de Excepción. Esto quiere decir que más del 72% no ha recibido la divulgación del gobierno salvadoreño, sobre las libertades suspendidas, consistentes en la “libertad de asociación” (art. 7 Cn); a la “suspensión de plazos para la detención administrativa” (art. 13 inc. 2º Cn) y a la “inviolabilidad de la correspondencia” (art. 14 Cn.).
Y, pese a su desconocimiento, otras personas se manifiestan en contra de algunas de las prácticas que las autoridades de justicia y seguridad ejecutan. En concreto, el 62.4% de las personas encuestadas declaran estar en “desacuerdo con que una persona pueda ser detenida por policías o soldados sin que haya una orden de captura o que la persona estuviera cometiendo un delito”. La posición contrasta con un 30.2% de aquellas que expresan estar de acuerdo con dicha práctica.
Entre otras cosas, un 76.8% de la población encuestada manifestó estar en “desacuerdo con que una persona pueda estar detenida 15 días sin poder hablar con un abogado que sea de su confianza”. Éste hecho tiene lugar por la suspensión temporal del derecho de la representación legal, y que sólo sería garantizado a través de la representación judicial de la Procuraduría General de la República (PGR)
Hay que recordar que un 28.5 de salvadoreños declara que “conoce de alguna detención que considera injusta”, de acuerdo con los resultados de la encuesta de LPG Datos divulgada el pasado 31 de mayo. Es decir, los resultados tuvieron lugar tras haber transcurrido dos meses del Régimen de Excepción. Amigos, vecinos y conocidos fueron el mayor grupo demográfico identificado, en una proporción del 26.6% de las personas encuestadas.
Por otra parte, el 63.5% de salvadoreños declaró opiniones positivas en favor de las Fuerzas Armadas; y otro 61.7%, a la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, las valoraciones no fueron las mismas para los fiscales y los operadores de centros penales, que acumularon apenas el 33% y el 31.6% de las opiniones positivas, de acuerdo con la encuesta. Los defensores públicos, por otra parte, tuvieron la menor aceptación, según lo informaron el 27.5% de salvadoreños.
