Por Alessia Genoves
Unas 168 personas fueron liberadas, tras haber sido detenidas por la presunción de pertenecer o participar con “agrupaciones terroristas”, detalló el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro. La cifra corresponde a las más 15 mil personas que fueron procesadas, bajo el sistema de justicia. El total de personas capturadas, bajo la misma presunción, supera a las 28,052 personas, desde la sanción del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, que busca la reducción de homicidios, bajo la contención de los principales sospechosos: “maras y pandillas”.
Los homicidios en 2022 apenas representan el 14.4% (363) de los 2,523 homicidios que tuvieron ocasión desde los primeros 129 días del año 2019; y es, precisamente, el año año 2019 el período en el que concurrieron el 48.0% (1,210) de los homicidios. Es decir, éste año es el más pacífico del período; y las autoridades asocian de seguridad pública asocian los resultados con la aplicación del Plan Control Territorial (PCT), y del Régimen de Excepción.
Amnistía Internacional (AI), por su parte, se suma a las organizaciones multilaterales que denuncian posibles vulneraciones legales contra personas detenidas. Define, asimismo, al Régimen de Excepción como una “grave amenaza para los derechos humanos”, en un misiva dedicada al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
AI sostiene la validez de las 338 denuncias por supuestas detenciones arbitrarias, reportadas por la Fundación Cristosal, y por la organización Human Right Watch (HRW), hasta el pasado 24 de abril. La cifra supera al “1% de error” de las más de 23 mil persona capturadas en esa fecha, de acuerdo con las estimaciones del presidente Bukele. Sin embargo, éstas son menores respecto de las 817 casos de presuntas vulneraciones a los derechos humanos atendidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el Plan Nacional de Verificación del Régimen de Excepción, hasta el pasado 6 de mayo.
Detenciones y menos delincuencia
Más de 28,052 personas fueron detenidas durante la Guerra Contra Pandillas, declarada por la Policía Nacional Civil (PNC), e instituciones del órgano ejecutivo. De ésta cifra, unas 15 mil personas fueron procesadas en bartolinas durante 15 días, para ser investigadas por los posibles delitos de agrupaciones ilícitas, o de tener implicaciones con maras y pandillas. Este hecho fue posible tras la aplicación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, el pasado 27 de marzo.
El Estado de Excepción queda patente en el decreto No. 333, aprobado en una sesión plenaria extraordinaria el pasado 27 de marzo, recibió 67 de los 89 votos parlamentarios, para aprobarla. En su contenido establece la interrupción de las garantías constitucionales de la libertad de “movilización domiciliar” (art. 5), “asociación” (art. 6, inc. 1), “expresión” (art.7): a la representación judicial (art. 12) y al de “confidencialidad de la correspondencia”(art. 24), que establece la Constitución de la República.
Y, pese al rechazo manifiesto por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, HRW y de la IA, más del 97% de la población salvadoreña, y residentes naturalizados, está de acuerdo con el Régimen de Excepción; y otro 88% estaría de acuerdo con que se apliquen “medidas más duras”, de acuerdo con la última encuesta de la empresa de opinión pública, Cid Gallup del pasado 21 de abril.
El Régimen fue nuevamente aprobado, el pasado 25 de abril, por el legislativo. Pero, durante su primer mes de vigencia, cantidades dinerarias de hasta $1,023,738 dólares. Al mismo tiempo, habría confiscado unos “277 armas de fuego de diversos calibres, 19,105 porciones de drogas, 586 vehículos y 4,896 teléfonos celulares”, según lo detalló el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP).
Los delitos registrados como homicidios, al mismo tiempo, han tenido una contracción considerable. La PNC reporta unos 363 homicidios; un cifra menor a los 499 registrados durante los días transcurridos del 1 de enero al 10 de mayo de 2021. Al mismo tiempo, la cifra registra 112 homicidios menos que en 2020 (451); y refleja unos 847 homicidios menos, respecto a los reportados en el mismo período de 2019.
Y, por si fuera poco, el gobierno informó que “el Vicepresidente Félix Ulloa, junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, acordaron la posibilidad de presentar al mundo esta experiencia como un modelo internacional de solución ante conflictos sociales”.
Denuncias
Amenazas a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, muertes bajo custodia y ataques contra la prensa y organizaciones de derechos humanos son los principales señalamientos que la AI hace contra el Estado Salvadoreño. Sostiene que éstos hechos han tenido lugar durante el Régimen de Excepción de Garantías Contitucionales, en detrimento de la población salvadoreña.
Particularmente, la Fundación Cristosal y la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (Wola) presumen que la nueva política constitucional atenta en contra del “principio de presunción de inocencia” de los imputados, al prescindir de las garantías que establece el inciso 2 del artículo 12 de la Constitución. A su vez, señalaron que el Estado está incumpliendo con la “Opinión Consultiva OC-9/87 de la Corte Interamericana para los Derechos Humanos”, sobre las “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”.
“El estado de excepción es una herramienta para que en una situación de emergencia, se mantenga y preserve el orden constitucional, no para que se menoscabe el mismo ni para que las fuerzas de seguridad y otros agentes y funcionarios del Estado actúen arbitraria y discrecionalmente”, valoró la WOLA.
La AI divulgó su misiva recién el día de ayer. Ejemplariza las 338 denuncias de HRW y de la Fundación Cristosal; pero omite los 817 casos de presuntas vulneraciones de derechos humanos de la PDDH, divulgados el pasado 6 de mayo.
De hecho, la PDDH detalla que los 817 casos de denuncias atendidos, corresponden a un total de 3,298 acciones institucionales, llevadas a cabo en el Plan Nacional de Verificación. De esos casos, el titular de la Institución, Apolinio Tobar, añade que la institución realizó unas 338 verificaciones y un total de 2,143 gestiones institucionales.
#ProcuradorDDHH #ApolonioTobar presenta informe del primer mes del Plan Nacional de Verificación de la #PDDH, en el contexto del Régimen de Excepción. pic.twitter.com/RCTTTl3XdJ
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) May 7, 2022
Entre otras cosas, la AI señala que“en el país se ataca a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y funcionarios judiciales”. Por parte de la prensa, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), informó que al menos 39 denuncias por presuntas vulneraciones a la libertad de prensa tuvieron lugar de enero a abril en el país. Añade que al menos 5 periodistas a habían salido del país, tras la aprobación del Régimen de Excepción.
“Las agresiones han ido creciendo, año tras año. Hemos pasado de 177 agresiones en 2020, a 220 en 2021. La tendencia actual no para. En los primero 4 meses de éste año hay ya 39 casos de agresiones”, indicó el representante de APES, Serafín Valencia. “Estamos notando una profundización de mensajes de odio dirigidos en contra de la prensa”.
También añadió que, “en los últimos 10 años, tenemos un registro de entre 9 y 10 casos de gente que ha salido del país. Pero, en el pasado, ha habido desplazamientos por inseguridad a raíz de las pandillas. Ahora, éstos últimos casos (5) es por inseguridad, por parte de algunos elementos que se supone son agentes del Estado, por el modus operando que han enfrentado los casos de persecución”
Otras denuncias por presuntas detenciones arbitrarias tuvieron lugar durante los primeros días de vigencia del Reǵimen. Han denunciado la detención del jugador de la Tercera División de Futbol Profesional Salvadoreño, Fernando Martínez Marroquín (29 de marzo); y la de al menos 4 baristas de la cafetería 1,200 Café (9 de abril), tras la demanda de su liberación, de personas que consideraban que no tenían implicaciones con el crimen organizado. En última instancia, recuperó su libertad el comunicador salvadoreño, Kevin Rivas, según lo anunciaron sus familiares, tras cuatro días de ser arrestado.
Por su parte, la PDDH suma a su registro de denuncias de detenciones arbitrarias a la del estudiante de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, Cristian Machado. El detenido sería una persona de 17 años de edad con “discapacidad intelectual”, según lo detalló. La institución detalló que el personal competente del departamento de Discapacidad se encontraba realizando intervenciones ante la PNC, FGR y la Escuela de Educación Especial de la Libertad, “a fin de establecer la verdad de los hechos”.
Al mismo tiempo, la organización Amate El Salvador, dedicada entre otras cosas a la promoción de derechos humanos de personas LGBT, alertó que el activista transexual del colectivo Cultura Trans SV, Abel Moya, fue víctima de una supuesta detención arbitraria, así como otras personas de “comunidades populares” y “personas LGBT”. Esta supuesta detención no fue confirmada públicamente por autoridades de la PNC, de quienes se presume su arresto la tarde de ayer; sin embargo, el Colectivo y Amate confirmaron su liberación, a tempranas horas de la mañana.
Estos “errores” que fueron admitidos por el presidente, no implican que el gobierno salvadoreño desista de políticas represivas como la “Guerra Contra Pandillas”, que fue declarada por las autoridades de seguridad hasta el pasado 25 de marzo. En su lugar, el vicepresidente justificó “6 condiciones para una guerra justa”, para reiterar la validez al Régimen de Excepción:
1 Autoridad legitima
2 Causa justa
3 Intención justa de parte del que inicia la guerra
4 Ultima ratio
5 Debe conducir a la paz
6 Proporcionalidad entre la amenaza y los medios empleados
