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UCA y UFG: Régimen de Excepción a favor de la mayoría de salvadoreños

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Régimen de Excepción aprobado por el 78.7% en encuesta UCA; y por el 66.9% en encuesta UFG. Más del 20% son conscientes de las capturas arbitrarias.

Por Alessia Genoves


Ha disminuido la delincuencia” tras la implementación del Régimen de Excepción. La respuesta es compartida por el 78.7% de los salvadoreños, a nivel nacional; y por el 78% de aquellos que viven en el Área Metropolitana de San Salvador (AMMS), detalla la Universidad Centro Americana, “José Simeón Cañas” (UCA), en su último informe titulado “Encuesta sobre el Régimen de Excepción”.

La percepción de seguridad que los salvadoreños manifiestan es coherente con la reducción sistemática de homicidios. Hasta el año pasado, la Policía Nacional Civil registraba 1,140, cifra que contrasta en un 47.5% a la registrada en 2019; y al 34.1%, respecto a la registrada en el año 2018, un año y medio anterior al inicio del quinquenio presidencial de Nayib Bukele. Una cifra de hasta 31 días sin homicidios han sido confirmados por la institución, durante los últimos 3 años.

En otras encuestas, el gobierno de Bukele es valorado con una calificación de 8.34, según lo define el Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG). La encuesta destaca que el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP) y el Ministerio de la Defensa son dos de las principales predilecciones de los salvadoreños, para calificar el gobierno del presidente Bukele. Califica a la seguridad pública, con una valoración de “fuerte”, en el 85.6% de casos.

Menos violencia

No ha disminuido” la situación delictiva, para un 5.7% de la población salvadoreña; y para otro 4% de la habitante en la AMMS. La proporción contrasta con los hechos; mientras que otro 14% de la población nacional piensa que la situación “ha seguido igual”; misma valoración que representa al 16.5% del AMMS.

La reducción en las cifras de homicidios es atribuida a la implementación del Plan Control Territorial (PCT), al incremento de casi el 50% de las fuerzas militares en la seguridad pública; y, en última instancia, a la ratificación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, desde el pasado 27 de marzo. Ésta valoración es compartida por autoridades de justicia y seguridad pública

91% de la población salvadoreña aprueba el Régimen de Excepción”, fueron las conclusiones del último estudio de la empresa de opinión pública, Cid Gallup. Ésta política de seguridad es reconocida, en la encuesta de a UCA, con una calificación de 7.99 puntos, a nivel nacional; y con otra calificación de 7.66 puntos en el AMSS. Al mismo tiempo, la “percepción d seguridad ciudadana con el Régimen de Excepción” es calificada con 8.6 puntos a nivel nacional; y con 8.5 en el AMSS.

La encuesta de la UFG destaca que el 66.9% de la población encuestada está de acuerdo con el “establecimiento del Estado de Excepción como respuesta a la ola de homicidios”; en contraste con el 16.5% de quienes reservan opiniones negativas. Otro 39.8% de la población opina que la política “que se mantenga indefinido”; mientras que otro 23.1% considera que el Régimen podría extenderse “un mes más”.

El 87% de la población está de acuerdo con imponer medidas más duras”, fue la respuesta que ventiló Cid Gallup en su última encuesta. Ésta opinión es compartida por el 50.2% de la población nacional; y con el 48.5% de la población del AMSS. Respecto a la elección de una posible prórroga del Régimen de Excepción.

Sin embargo, más del 57,9% de la población nacional, y más del 68.3% del AMSS, son conscientes de la interrupción de sus garantías constitucionales, relativas a la “libertad de asociación” (art. 7 Cn); a la “suspensión de plazos para la detención administrativa” (art. 13 inc. 2º Cn) y a la “inviolabilidad de la correspondencia”. En contraste, más del 40.6% de la población nacional y más del 26.1% desconocen la suspensión de dichas garantías, de acuerdo con la encuesta.

Detenciones arbitrarias

Unas 168 personas han sido liberadas, tras haber sido acusadas de participar o de pertenecer a maras y pandillas, según dio a conocer el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), desde la primera semana del mes. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), además. Recibió 817 casos, algunos sobre detenciones arbitrarias, al cierre del primer mes de vigencia del Régimen de Excepción, según detalla el Plan Nacional de Verificación.

Sin embargo, apenas el 16.5% de la población nacional encuestada ha confirmado tener “conocimiento de la detención injustificada de una persona en el marco del Régimen de Excepción”; situación que es igual para el 22.8% de la población del AMSS. En consecuencia, el 44.6% de la población nacional; y otro 47.4% de la población del AMSS, declaró estar que “es necesario buscar otras medidas diferentes al Régimen de Excepción”. Ésta última percepción responde a la calificación de 6.84 que la población nacional otorgó al tener “conocimiento directo del Régimen de Excepción”, dato que es el mismo para el 6.66%.

Por otro lado, la encuesta de la UFG detalla que un 10% de los encuestados declaró que al menos “un familiar” ha sido “capturado injustificadamente en el régimen de excepción”; otro 9.50% testifica tener conocimiento de que “un conocido” se sometió a éstas capturas; mientras que el otro 6.30% indica que “un vecino” fue capturado de esa forma.

PDDH suma a su registro de denuncias de detenciones arbitrarias a la del estudiante de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, Cristian Machado. El detenido sería una persona de 17 años de edad con “discapacidad intelectual”, según lo detalló. La institución detalló que el personal competente del departamento de Discapacidad se encontraba realizando intervenciones ante la PNC, FGR y la Escuela de Educación Especial de la Libertad, “a fin de establecer la verdad de los hechos”.

Al mismo tiempo, la organización Amate El Salvador, dedicada entre otras cosas a la promoción de derechos humanos de personas LGBT, alertó que el activista transexual del colectivo Cultura Trans SV, Abel Moya, fue víctima de una supuesta detención arbitraria, así como otras personas de “comunidades populares” y “personas LGBT”. Esta supuesta detención no fue confirmada públicamente por autoridades de la PNC, de quienes se presume su arresto la tarde de ayer; sin embargo, el Colectivo y Amate confirmaron su liberación, a tempranas horas de la mañana.

Keiry Mena, asimismo, fue detenida desde el pasado 9 de mayo; para ser trasladada a Mariona en los 2 días posteriores. Familiares como su sobrina Carolina Mena, alegan su inocencia de 4 denuncias de corrupción en su contra, informando que ella dedicaba su vida como estilista y rescatista de animales. Keiry, sin embargo, no fue trasladada al Centro Penal de Usulután, que posee áreas especializadas a la detención de personas transgénero y transexuales.

Ante los regresos de personas detenidas y los reportes de presuntas arbitrariedades, la PDDH recomendó a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) mejorar las condiciones de avituallamiento, facilitar la información de la situación jurídica y sanitaria de los reos; además de favorecer el ingreso de insumos básicos de los familiares a los detenidos.

Y aunque el 66.2% de la población nacional y el 65.1% de la población del AMSS declaró que “las capturas masivas son parte de un intento por mejorar la estrategia de seguridad”; un 24.8% de la población nacional y otro 26.5% de la población del AMMS sostiene que “las capturas masivas son parte de una campaña para mantener una buena imagen del Gobierno ante la población”, según detalla la encuesta. Otro 27.7% de la población en la encuesta de la UFG opina en contra de la imposición de un nuevo Régimen, expresando “no, ya fue suficiente”.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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