En El Salvador, la impunidad por actos de corrupción sobre funcionarios y exfuncionarios parece estar convirtiéndose en un recuerdo del pasado. El presidente Nayib Bukele, como impulsor de esta nueva realidad, ha llevado a la acción su promesa de erradicar la corrupción, sin importar de dónde provenga.
El caso más reciente que evidencia esta firme postura es el del Comisionado Presidencial para Proyectos Estratégicos del Gobierno de Bukele, Christian Flores, quien el 25 de abril en horas de la noche fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC), por el delito de Cohecho Impropio en calidad de Autor Directo, al presuntamente utilizar su posición para exigir dinero a personas y empresas, a cambio de beneficios en proyectos del Gobierno.
Además de él, otros funcionarios vinculados a Bukele y al partido Nuevas Ideas (NI) han sido procesados por diferentes delitos, como la condena a 3 años y 6 meses de cárcel que recibió en febrero de 2023 el exdiputado de la Asamblea Legislativa, José Ilofio García Torres, también por Cohecho Impropio.
Asimismo, la captura de la entonces alcaldesa de Soyapango de NI, Nercy Montano, por los delitos de Apropiación indebida de cuotas laborales, Incumplimiento de deberes en perjuicio de la Administración Pública y Malversación de fondos públicos; en diciembre de 2022.
También, por el presunto delito de Falsedad Ideológica, se procesa al exdiputado de la Asamblea, Erick García, quien fue capturado en agosto de 2023, tras ser desaforado por el Congreso.
Mientras que otro exfuncionario que trabajó para el Gobierno de Bukele como presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, fue capturado en septiembre de 2023 por supuestamente haber cometido Actos Arbitrarios y Cohecho Impropio, en perjuicio de la Administración pública.
Estos casos refuerzan lo dicho por Bukele el 1 de junio del año pasado, durante su discurso de 4 años de Gobierno ante la Asamblea, donde oficialmente declaró la “guerra” contra la corrupción, afirmando que “así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción”.
Meses después, el 28 de noviembre, Bukele llevó ese compromiso a un siguiente nivel, cuando en Cadena Nacional pidió personalmente al Fiscal General, Rodolfo Delgado, investigar a su propio Gabinete de Gobierno (también presente en el acto).
Estas acciones también abarcan la corrupción en gobiernos anteriores. Ejemplos recientes incluyen la condena a 13 años y 4 meses de prisión, para diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el partido ARENA, Norman Quijano, por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Además, cuando el exdiputado del FMLN, Medardo González, y su grupo familiar, fueron declarados culpables de enriquecimiento ilícito de $153,346.55, siendo González obligado a devolver al Estado US$78,201.88, además de quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Por otro lado, en mayo de 2023, el expresidente del FMLN, Mauricio Funes, fue condenado a 14 años de cárcel, por los delitos de Agrupaciones Ilícitas e incumplimiento de Deberes. Mientras que el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, recibió una condena de 18 años de prisión por Agrupaciones Ilícitas, Incumplimiento de Deberes y Actos Arbitrarios.
En ese sentido, vale reconocer que la Fiscalía ha actuado con determinación, presentando requerimientos fiscales y ordenando capturas contra funcionarios tanto del gobierno actual como de anteriores administraciones, demostrando que la justicia no distingue colores políticos.
La lucha contra la corrupción es un compromiso continuo, pero los esfuerzos del Gobierno de Nayib Bukele están sentando un precedente importante en la historia de El Salvador. Con acciones concretas y una postura firme, se está enviando un mensaje claro: la impunidad ya no tiene cabida en este país, y aquellos que abusan de su posición para beneficio propio o de terceros enfrentarán las consecuencias legales.
