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De acuerdo a la versión oficial, los delincuentes aprovecharon un descuido de los agentes y vulneraron la seguridad del recinto, para emprender la huida.

El proceso para este grupo se hizo en conjunto con la embajada de Costa Rica en el país, ya que al mismo tiempo la vecina nación retornaba a sus ciudadanos.

El presidente de la Defensoría del Consumidor dijo que llevarán estas controversias a los tribunales para ser solucionadas.

El caso fue denunciado inicialmente en el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador

El ministro detalló que la víctima, de más de 60 años, padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que por años se había dedicado a transportar pacientes a los hospitales.

Las autoridades siguen en alerta por el alto número de paciente en condición crítica y grave: 142 y 213 respectivamente.

El retorno de estas personas es parte del plan de repatriación de salvadoreños en el exterior que el Gobierno del presidente, Nayib Bukele.

Los autobuses del transporte público que no cuenten con autorización para circular “serán decomisados” y reiteró a la población tomar “conciencia para cumplir con las medidas”.

El ministro dijo que forman parte de los $2 mil millones para atender la emergencia por COVID-19 y que representan las ventanas de financiamiento con Organismos Multilaterales como alternativas con bajas tasas de interés.

A la citatoria asistieron, representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), del Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAE), de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) y de la Red Nacional un Pueblo un Producto.

Ante la renuncia, los parlamentarios consideraron oportuno que el Comité se compuesto por el gremio médico y una universidad salvadoreña.

El ministro Fuentes consideró que con esta situación se ha retrasado la obtención de recursos.