El Ministerio de Salud (MINSAL) habría comprado un lote de 800 mil mascarillas quirúrgicas valoradas en $344 mil al Grupo GME Inversiones, que fue fundado por el diputado arenero, René Gustavo Escalante Zelaya y su hermano Manuel José Escalante, según una publicación de El Faro.
Según la publicación, esta empresa no figura en la base de datos de proveedores del MINSAL y antes de la emergencia por covid-19 nunca había vendido insumos médicos. La empresa de los hermanos Escalante, según aparece en la escritura de constitución inscrita en el Registro de Comercio, tiene como rubro principal la informática.
El contrato, fechado el 20 de marzo, fija además el precio al por mayor de las mascarillas en 43 centavos de dólar, $0.17 por encima del precio autorizado en aquel momento por el Gobierno para la venta al público.
El hermano del diputado Escalante confirmó a ese medio el negocio, y defiende el sobreprecio con el argumento de que en aquellos días "todas las personas vendían las mascarillas más o menos a ese precio".
El proceso de adjudicación duró apenas unas horas. La mañana del viernes 20 de marzo el Ministerio de Salud invitó a Grupo GME Inversiones a participar en el proceso de contratación directa llamado "Adquisición de mascarillas quirúrgicas", mediante el memorándum GS No. 2020-8400-1453.
"Para efectos de presentación de la oferta del presente proceso de Contratación directa por Estado de Emergencia Nacional, será en las oficinas de la UACI o podrá ser remitida por correo electrónico a partir de las 11:00 a.m. hasta las 03:00 p.m. del día 20 de marzo", se lee en la misiva, que fue firmada por Manuel de Jesús Corea Barahona, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI).
La carta fue recibida por uno de los empleados de la empresa, Daniel Avendaño, un concejal de Arena de la alcaldía de San José Villanueva, municipio del departamento de La Libertad, bastión político del diputado Escalante. Grupo GME Inversiones envió una cotización dentro de ese plazo, y horas más tarde, siempre el 20 de marzo, el mismo Daniel Avendaño firmó el contrato.
El expedito proceso de contratación culminó con la orden de compra 84/2020. En aquel momento la ministra de Salud era la doctora Ana Orellana Bendek, que fue separada del cargo y sustituida por Francisco Alabí siete días más tarde.
Según el contrato, la empresa debía proveer “cubrebocas plisado con barrera microbiana e hidrofóbica”, que “bloquea gérmenes patógenos con una efectividad del 99%”, “resistente a desgarres y elongaciones del material”; “antiestático e impermeable”, entre otras características. El precio de oferta fue de $0.43, IVA incluido, por cada una de las mascarillas, que son parte del cuadro básico de productos de salud del ministerio. El 17 de marzo, tres días antes de la firma del contrato, la Defensoría del Consumidor había establecido precios máximos de mercado para insumos de alta necesidad en el contexto de la entonces epidemia del Covid 19 (la declaración de pandemia por parte de la OMS sucedería unos días después). El precio máximo para la venta al público de mascarillas quirúrgicas se fijó en 0.26 centavos de dólar incluyendo IVA. La Defensoría impuso estos lineamientos para “defender los intereses de los consumidores y la preeminencia del interés público sobre el interés privado”, según un comunicado de la institución.
En el caso de esta contratación directa, sin embargo, el Estado no aplicó ese estándar y pagó $0.17 centavos más por cada mascarilla, pese al volumen de la compra.
Ante esto señalamientos, el parlamentario se defendió y dijo que tomará cartas en el asunto porque la información es falsa.
“Mi familia y yo, haremos uso del derecho de respuesta a El Faro, para que ratifique las acusaciones falsas que han hecho en mi contra en una reciente nota “periodística”. Reitero que la información es falsa y tomaré acciones legales”, publicó Escalante en su cuenta de Twitter.
