El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, presentó una herramienta jurídica para restringir durante 15 días la libertad de circulación, los derechos a la reunión y a la inamovilidad de residencia, como mecanismo para combatir la pandemia COVID-19.
Argueta entregó un acta del Consejo de Ministros donde se valoró la solicitud del régimen de excepción, el proyecto de régimen de excepción, un estudio del Ministerio de Salud de los escenarios si se realiza o no la cuarentena; y una exposición de motivos sobre la suspensión de las garantías.
La propuesta gubernamental concluiría el 2 de agosto ya que, si no se implementa, consideran que se prevé una “letalidad bastante fuerte”, a pesar de asegurar que se tiene un sistema de salud “de los mejores de Latinoamérica”.
«El Órgano Ejecutivo necesita 15 días exactos para que las personas que están contagiadas se curen y que podamos eliminar, en un alto porcentaje, el virus. No necesitamos 12, no necesitamos 10; necesitamos 15 días», dijo de manera enfática.
El funcionario responsabilizó a los diputados de lo que pueda ocurrir respecto a la propagación del covid-19 si no aprueban esta vez la propuesta del Ejecutivo. «Si los diputados no están de acuerdo con el régimen de excepción, serán los diputados los responsables de lo que venga», manifestó.
De igual forma, señaló que el Ejecutivo “ha hecho lo imposible jurídicamente para garantizar la salud y la vida” de los salvadoreños, e insistió en la necesidad del encierro total por 15 días para bajar la curva y controlar la enfermedad.
Respecto a la reapertura, el abogado informó que el Órgano Ejecutivo, definirá qué sectores deben ir abriendo y qué sectores deberán cerrar.
El 8 de junio, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales decretos legislativos y ejecutivos relacionados a la pandemia COVID-19, los ejecutivos porque violaban la competencia legislativa de restringir derechos constitucionales, y los legislativos por haberlos restringido sin suficiente justificación.
Los diputados de Arena y FMLN se han mostrado en contra de la restricción del derecho a la circulación como estrategia para combatir el COVID-19, aunque esta mañana se mostraron apertura a analizar la propuesta.