Redacción ContraPunto

La medida dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), surge luego que el mandatario salvadoreño vetara el decreto días atrás.

La Cámara determinó que existen suficientes elementos de juicio sobre la existencia del delito mencionado, así como de la participación de cada uno de los imputados en los hechos atribuidos.

FLACSO indicó que en la mayoría de los municipios de El Salvador se han registrado este problema, a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El artista migueleño Jaime Calderón, conocido por el seudónimo de Jim Casalbé, falleció el pasado 23 de junio. Casalbé publicó el reconocido diccionario de la lengua salvadoreña: Puro guanaco

De acuerdo a las autoridades, esta cifra es resultado de la implementación del Plan Control Territorial.

La propuesta gubernamental concluiría el 2 de agosto ya que, si no se implementa, consideran que se prevé una “letalidad bastante fuerte”, a pesar de asegurar que se tiene un sistema de salud “de los mejores de Latinoamérica”.

La iniciativa del instituto surge luego que la Fuerza Armada, intentara intimidar a un grupo de personeros del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que el pasado 6 de marzo intentaran realizar una inspección sobre los archivos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

El funcionario llegó al hospital Psiquiátrico, donde se reunió con personal y se puso el traje especial para verificar in situ los protocolos que se aplican a los pacientes con coronavirus.

Además, al menos una docena de pacientes con COVID-19 serán trasladados desde el hospital de Santa Tecla hacia el nuevo hospital.

Hasta la madrugada de este miércoles, las autoridades del Ministerio de Salud reportaban el fallecimiento de 119 personas por coronavirus, y se contabilizan 5,150 casos en todo El Salvador.

Los nuevos casos fueron reportados por un funcionario de salud que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar.

El titular de Hacienda ha reiterado la urgente necesidad de aprobar los préstamos pendientes que ya se gestionaron de forma oportuna hace 2 meses.

El decreto en mención establece al ministerio de Salud la facultad de declaración de zona epidémica sujeta a control sanitario, respetando las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

Entre las funciones de esa instancia destaca que deberá ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el fondo de emergencia.

Los fondos forman parte de los $2 mil millones que los parlamentarios autorizaron en préstamos bajo la modalidad del 70% para el Gobierno y 30% para las alcaldías.