El gobierno salvadoreño asegura que no ha mantenido negociaciones con estructuras terroristas o que operan al margen de la ley.
Además, indicó que El Salvador y Estados Unidos tienen vigente un acuerdo para detener, desmantelar y eliminar de la sociedad salvadoreña a las pandillas, sobre todo la MS-13, algo que se confirmó en julio pasado cuando el presidente del país norteamericano, Donald Trump, y el fiscal general de esta nación, William Barr, efectuaron varios anuncios contra estas estructuras terroristas.
Uno de estos fue en relación a la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano (JTFV, por sus siglas en inglés), una iniciativa lanzada en agosto de 2019 para coordinar y liderar los esfuerzos del Departamento de Justicia y las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. contra la MS-13, con el objetivo de desmantelarla, acción que es respaldada por el gobierno que tiene como compromiso la seguridad y tranquilidad de los salvadoreños.
Estas medidas cazan con el Plan Control Territorial y otras políticas que el Gobierno de El Salvador implementa, ya que entiende la naturaleza regional de este fenómeno criminal.
Esta Fuerza hoy está fortalecida, según confirmaron Trump y Barr en julio pasado, ya que cuenta con más fiscales asignados por Estados Unidos, que forman parte de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y la División Criminal, los cuales también están comunicados con las autoridades salvadoreñas y de la región para fortalecer las investigaciones y la lucha contra la MS-13 y también la pandilla Barrio 18, ambas consideradas estructuras terroristas en El Salvador.
En su momento el fiscal Barr agradeció a los investigadores de la Policía Nacional Civil y al Centro Antipandillas Transnacional por su apoyo para enfrentar las pandillas, además al fiscal general salvadoreño, Raúl Melara, por el trabajo que el Gobierno de El Salvador realiza, de forma coordinada, para frenar y eliminar estas estructuras terroristas.
Todo esto confirma que en El Salvador no hay ni una sola evidencia que confirme una supuesta negociación con estructuras terroristas, como lo plantean sectores políticos de oposición, por lo que el Gobierno del Presidente Bukele seguirá enfrentando con determinación la inseguridad y la criminalidad, con el Plan Control Territorial, que incluso ha puesto orden en los centros carcelarios de todo el país.