La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revisará el Decreto Legislativo 630, el cual ordena que el Gobierno otorge una pensión vitalicia a la familia de los médicos que fallezcan en el combate a la pandemia por el covid-19, en caso que los cónyuges sean trabajadores de la salud.
El decreto aprobado el 16 de abril de 2020, establece que dicha pensión sería "equivalente al último salario devengado por el profesional al momento de su fallecimiento".
Además, establece que el Gobierno será el responsable de que los trabajadores y profesionales de la salud tengan acceso a equipos de protección adecuados e idóneos para desarrollar sus diferentes funciones", así como que "en el caso de los profesionales y trabajadores de la salud que sean madres solteras, gozarán de un incentivo salarial adicional equivalente al 20% de su salario, el cual será otorgado mes a mes durante el estado de emergencia. Esto sin perjuicio de otros incentivos otorgados por el Estado.
La normativa fue vetada por el presidente de la República, Nayib Bukele, aduciendo que se hizo bajo la figura de la dispensa de trámite sin justificar la urgencia que existía para ello, además de presuntamente haberse cometido dos vicios de fondo en el que con uno de ellos se violaría la salud de la población, así como lesionar el principio de separación orgánica de funciones.
También argumentó que se regularon "aspectos presupuestarios y medidas económicas a favor de los profesionales y trabajadores de la salud que se aprobaron sin la intervención del Órgano Ejecutivo".
Tanto la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo tienen tres días para enviar sus argumentos a la Sala.
