Por Alessia Genoves
8.1 es la calificación promedio que la población salvadoreña da al Régimen de Excepción. Éste es uno de los datos divulgados por la “Encuesta Coyuntural Noviembre 2022”, del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo. Entre otras cosas, también develó que el 91% de la población salvadoreña tiene una opinión favorable al acceso de la vacunación contra el Covid19.
500 salvadoreños rindieron su opinión a la encuesta. Los resultados evaluaron temas coyunturales, entre los que destacaron los problemas económicos como los de principal afectación social, en opinión del 62.2% de la población, con una percepción del aumento al precio de la vida con un 97%. Por otra parte, un 41.8% de salvadoreños declararon saber poco de derechos humanos; y nada, un 16.8%.
Régimen y menos homicidios
8.1 es la calificación promedio que la población salvadoreña da a la implementación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales. La ponderación es el resultado de una media aritmética, entre distintos grupos sociales, que no estimaron una calificación inferior a los 8 puntos. Sin embargo, los adultos mayores de 65 años de edad dieron una calificación de 8.3 puntos; y la población rural, de 8.2.
89.8% de la población declaró estar a favor de la implementación de la ya mencionada política de seguridad. La opinión de los salvadoreños responde, entre otras cosas, a los resultados divulgados por autoridades como la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. que relacionan la detención de más de 60 mil presuntos miembros o colaboradores de maras o pandillas, con la contracción del 78% de homicidios; es decir, la relación de los 482 de diciembre de 2022 con los de la misma fecha del 2019, que se cuantificaron en hasta 2,250 homicidios.
500 salvadoreños rindieron más opiniones sobre la política. Opiniones favorables se vieron reflejadas en el 79.4% de la población que manifiesta estar a favor de una novena prórroga del Régimen de Excepción, para el 17 de diciembre. Sin embargo, las opiniones en contra predominaron sobre la liberación inmediata de las personas detenidas, si no se comprueba delito, de acuerdo con el 75.5% de la población.
Régimen y derechos
2,000 personas, no obstante, han sido liberadas de entre las 60 mil desde la vigencia inicial del Régimen de excepción; es decir, desde el pasado 27 de marzo hasta el mes de noviembre. En ésta última fecha, fue el titular del MJSP, Gustavo Villatoro, quien declaró la información -como un aproximado- a la prensa. A continuación, la Fiscalía General de la República (FGR) rindió un informe ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que destacó, entre otras cosas, 90 muertes en centros penitenciarios; pero que, hasta el mes de noviembre, no existirían responsabilidades contra el gobierno.
El decreto N.º 333 -al cual precede el Régimen- por sí, sólo ha conseguido la detención de más de 60 mil personas. Cerca del 90% de los detenidos que recibieron orden de prisión administrativa han tenido efecto con algunas de las reformas al Código Procesal Penal (art. 8, 73, 88, 221 y 331).
No obstante, y pese a los derechos suspendidos por el Régimen en un plazo de 30 días, un 83.4% de la población está en contra de que el incoado sea condenado “sin estar presente en juicio”; mientras que un 70% de salvadoreños manifestó estar en contra de que las personas sean detenidas sin orden de captura y un 54.9$% declaró estar en desacuerdo con que la detención se dé por más de 15 días, que es el plazo que establece el Régimen, para concretar las investigaciones.
Las cargas penales serían mayores para quienes sean vencidas en juicio, según se acordó en la Sesión Plenaria Extraordinaria N.º 5, del pasado 30 de marzo; con modificaciones en el Código Penal (162 y 345); así como en el Código Penal Juvenil; en la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión; en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y en de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a la Drogas.
4,071 denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos, no obstante, han sido procesadas a instituciones como la ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). De acuerdo con las instituciones que hicieron el registro, como la Fundación Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Fundación para el Debido Proceso, cerca del 75% de los documentos de arraigo correspondían a presuntas detenciones arbitrarias.
Pese a que el número registrado de presuntas denuncias representa cerca del 5.3% de las detenciones efectuadas en el régimen, la opinión sobre la mayoría de personas encuestadas por Fundaungo hace notar una posible desinformación. De hecho, el 41.8% de la población declaró saber poco del régimen; mientras que el 16.8% indicó no saber nada. En contraste, al menos un 27.3% de los encuestados insiste en que conoce algo sobre derechos humanos; mientras que el 13.2% sostiene que conoce mucho sobre derechos humanos.
El Régimen de Excepción es apenas una política extraordinaria de seguridad, que responde a la reacción de agrupaciones terroristas sobre la comisión de más de 87 homicidios perpetrados desde el 25 al 27 de marzo. El Plan Control Territorial (PCT) es la política de la cual también subyace la anterior; y, por ahora, está en su Fase 5, denominada “Extracción”, y consiste en establecer cercos municipales de seguridad.
De acuerdo con el último estudio de la Centro de Investigación y Estudios sobre temas Políticos, Sociales y Económicos de la Región Centroamericana (Ciesca), están de acuerdo con el cerco instalado en el municipio de Soyapango, el 94% de la población.
