Por Alessia Genoves
90 muertes en cárceles son investigadas. El dato ha sido confirmado por la representante de la Fiscalía General de la República (FGR), Adela Saravia, ante el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La cifra corresponden a los reportes de decesos en cárceles durante el Régimen de Excepción, y los resultados preliminares no indicarían responsabilidades por parte del Estado.
148 días sin homicidios se reportan desde la aprobación del Régimen de Excepción. El dato ha sido constatado por la Policía Nacional Civil (PNC), en sus reportes periódicos actualizados hasta éste sábado. El representante de la institución ante al 1996º reunión de la CAT, David Reyes, sostiene que un estimado del 80% de los homicidios responden a miembros de maras o pandillas, para lo cual se ha procedido en la detención de más de 57,598 sospechosos, de los que un 90% ha recibido prisión preventiva
2,000 personas han salido de prisión. La cifra representa una aproximación divulgada por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, en el programa de entrevistas Frente a Frente. Pero, en conjunto de éstos reportes, se suman varias insatisfacciones, quedaron patentes en el registro de 4,071 denuncias por presuntas vulneraciones a los derechos humanos; de las que el 75% de ellas, de acuerdo al registro de 7 organizaciones sociales, responderían a detenciones arbitrarias.
ONU y El Salvador
Éstas condiciones fueron reiteradas ante la ONU por 9 diferentes organizaciones, con los resultados del “Informe de Organizaciones de Derechos Humanos de la Sociedad Civil al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas. El Salvador, 2022”.
Según lo detalló Cristosal, a los temas de discusión se añade la “militarización de la seguridad pública y denuncias por violaciones de derechos humanos por parte de la FAES (Fuerzas Armadas de El Salvador) y de la PNC”, el “desplazamiento forzado interno, condiciones de detención de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas”, entre otras cosas.
Además de demandar la derogación del Régimen de Excepción “y no se vuelva a prorrogar”, demandó que “exhorte al Estado salvadoreño para que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y brinde asistencia para la instalar el mecanismo de prevención contra la tortura”; además de la investigación de las presuntas vulneraciones a derechos humanos, la garantía de derechos penitenciarios y las muertes en centros penales.
Hay que añadir que el decreto legislativo N.º 333, por sí, sólo ha conseguido la detención de 48,764. las otras 46 mil personas que recibieron orden de prisión administrativa han tenido efecto con algunas de las reformas al Código Procesal Penal (art. 8, 73, 88, 221 y 331). En adelante, las cargas penales serían mayores para quienes sean vencidas en juicio, según se acordó en la Sesión Plenaria Extraordinaria N.º 5, del pasado 30 de marzo; con modificaciones en el Código Penal (162 y 345); así como en el Código Penal Juvenil; en la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión; en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y en de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a la Drogas.
Al respecto, el gobierno salvadoreño rindió detalles, entre otras cosas, de las condiciones de legalidad establecidas durante el Régimen. El representante de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), René González, aseguró que el Régimen de Excepción no habría restado las garantías procesales de todos los imputados. Indicó que “1,223 imputados que gozan de medidas cautelares distintas a la detención provisional”.
También añadió que “890 liberados por orden judicial; 4 por la FGR. 349 menores que han sido condenados porque han sido declarados responsables; 43 absueltos y 706 que han sido sobreseídos provisionalmente y 279 que han sido sobreseídos de forma definitiva”. Los datos, con excepción al de los condenados, son equiparables a las 2,000 personas liberadas que anunció Villatoro, pero de forma no pormenorizadas.
203 privaciones de libertad, por otra parte, habrían sido reportadas por la FGR durante el Régimen de Excepción. Los datos fueron citados por la representante del Ministerio Público Fiscal ante la ONU, Adela Saravia, quien no detalló si los delitos eran atribuidos al gobierno, o al crimen organizado. En cambio, informó que durante la institución ventilaba las 12,287 privaciones de liberad reportadas durante el período de gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, en el período de 2014 al 2018.
Los datos del período actual son inferiores a los del período de Cerén. Y ésta drástica disminución también se vería comparada con los 1,229 reportes de desapariciones forzadas, hasta el los períodos de los años 2019 al mes de marzo de 2022.
Muertes en Centros Penales
“Se han aperturado 90 investigaciones por fallecimientos de personas privadas de libertad en centros de detención, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas entre la muerte de la persona detenida y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”, aseguró Saravia.
Hasta el pasado mes de septiembre, la Fundación Cristosal rendiría un informe de hasta 80 presuntas muertes en centros penales. Algunos representantes del referido informe a la ONU sostienen responsabilidades al gobierno, al indicar que los reos estaban “bajo la custodia del Estado”.
Sin embargo, las acusaciones serían controvertidas por el gobierno. Por una parte, el presidente salvadoreño indicaría que “tenemos menos muertes per-cápita que en los último 20 años”. Aunque, de acuerdo con el informe enviado a la ONU, se reportarían 56 muertes desde junio de 2019 a mayo de 2022: “De éstas, 20 fueron homicidios que ocurrieron en: 2019 (15), 2020 (4) y 2021 (1)”, detalla.
Saravia, por su parte, insistió ante el CAT que “las investigaciones se encuentran activas, y al concluir se resolverá lo que es pertinente y sea judicializado,en los casos”. Sin embargo, otros casos serían controvertidos por organizaciones como la Fundación pro el Debido Proceso (DUE), que indicaría que algunas de las personas fallecidas reportarían signos de vapuleo, y muertes provocadas por enfermedades previas en las que se involucraría su ciclo de medicación.
De hecho, la representante indicó que desde 2019 a 2022 se registrarían 11 investigaciones por presuntas torturas. Añade que 5 de ellas se encontrarían activas; que otras 15 se encontrarían judicializadas; y que en al menos 4 casos se encontrarían responsables ya condenados. Villatoro, por su parte, negaría en que los centros de detención se ejercerían torturas.
En su lugar, indicó que, entre las personas muertas, ”hay muchos que incluso tienen preexistencias clínicas. Incluso, cuando se hacen capturas en el área rural, muchas veces nosotros no sabemos cuántos días llevan sin comer, cuántos días llevan sintratarse. Por eso existen protocolos, donde nosotros recepcionamos. Se les pregunta algún tipo de preexistencias clínicas”.
Osiris Luna Meza, el titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), indicaría en una reunión con el Gabinete de Seguridad, que la reducción de la mortalidad en centros penales tendría lugar a “las buenas prácticas” implementadas en al reducción de enfermedades transmisibles. Estas valoraciones serían reforzadas por la representación del Ministerio de Salud (Minsal) ante el CAT.
“98% de las personas con VIH tienen carga viral indetectable”, indicaría de los 227 casos registrados éste año. Añadiría, por otra parte, que unas 5,000 mil personas habrían estado infectadas de Sifilis; y otras 1,681 de tuberculosis desde el año 2022. Hasta el 2021, los casos detectados serían 628; y para julio de 2022, serían 238.
También añade que “más de 1,000 personas privadas de libertad han sido capacitadas para ser concejeros, facilitadores de pares, practicamente son promotores de salud, a nivel penitenciario”, con “referentes para la atención extrapenitenciaria”.
Menos homicidios y delitos
240 días sin homicidios se acumulan durante la administración del presidente Nayib Bukele. Éste dato corresponde a declaraciones oficiales divulgadas por el MJSP, e instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC). 148 días sin homicidios se cuantifican, desde la aplicación y vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, y tras la declaración de la Guerra Contra Pandillas.
De acuerdo con las autoridades de justicia, la reducción de los homicidios es paralela a la de los continuos operativos que han tenido lugar durante la Guerra Contra Pandillas. El resultado paralelo es el arresto de 57,568 personas, de las que el 90% han recibido orden de prisión preventiva. Sin embargo, éstos resultados son cuestionados por organizaciones sociales, debido a la continua declaración en reserva de información sobre los operativos en la Guerra, y las cifras de homicidios.
Bukele, sin embargo, reprocha los señalamientos: “Cómo podemos manipular las cifras, si antes los cadáveres estaban en las calles?; ¿cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en las calle?. ¿Cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar la extorsión?, porque ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros”.
123 investigaciones de homicidios se acumularían desde la FGR, desde marzo al mes de septiembre de 2022. La cifra contrastaría, sin embargo, a los 474 homicidios reportados durante el año 2022, por la PNC. Los datos los divulgó Adela Saravia; quien además detalló que entre los años 2019 a marzo 2022, se investigarían cerca de 5,222 homicidios, una cifra que contrasta con los cerca de 3 mil homicidios observados por ContraPunto, hasta esa fecha.
Sin embargo, en los años 2014 al 2018, el Ministerio Público Fiscal investigarían unos 23,258 homicidios perpetrados. El período de análisis no corresponde al gobierno del presidente Nayib Bukele, sino al de su predecesor, el ex-presidente Salvador Sánchez Cerén, que se caracterizó por ser el más violento en la historia del país.
Sólo durante los primeros tres años del gobierno de Bukele, se reportaría un acumulado aproximado de 3,900 homicidios; una cifra que es un 75.55% inferior a los reportes divulgados durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (15,881). Mientras que, en el mismo período de la administración de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, la diferencia representó contracciones respectivas del 67.55% y del 64.47%, según informes del Instituto de Medicina Legal.
La institución reitera las demandas de las organizaciones, para garantizar al veeduría de los hechos. Al mismo tiempo, reitera señalamientos sobre la reserva de información de datos sobre homicidios, pese a que el gobierno los revela de oficio; y sobre los procesos judiciales, localización y condición de salud que atañen a los imputados.
Bukele, al respecto, cuestionó: “¿Cómo puede ser un maquillaje de cifras?. Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad sería otra cosa. Así yo dijera «cero homicidios», pero los cadáveres estuvieran en el suelo, como estaban antes. Las cifras dijeran que se ha capturado a los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en sus colonias cómo estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice que «yo antes iba a las comunidades y pedía permiso para entrar«, hoy ya no pide permiso para entrar”.
Otras informaciones responderían a una reducción general en la comisión de delitos de delincuencia común. De hecho, desde marzo a septiembre de 2022, se reportarían 1,224 extorsiones; y, aunque la cifra debería ser inferior en la aplicación del Régimen de Excepción, no es comparable con los 9,777 hechos de extorsión reportados entre 2019 a marzo de 2022. Aunque serían superados por los periodos de 2014 a 2018, con el registro de 14,666 extorsiones.
212 desapariciones se reportarían de abril a septiembre de 2022. Saravia destacaría que la cifra sería menor a la mitad de los 551 reportes de desapariciones de 2019 a 2022.
