8ª prórroga del Régimen de Excepción, que piden derogar ante la ONU y CIDH

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8ª prórroga del Régimen de Excepción es aprobada con 67 votos de la Asamblea Legislativa. 4,071 de presuntas vulneraciones a derechos humanos han recibido Cristosal, Fespad y otras; que piden a la ONU y CIDH derogar el Régimen.

Por Alessia Genoves


8 prórrogas al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales han sido establecidas. La última tuvo lugar en la Sesión Plenaria N.º 82, en la Asamblea Legislativa, para darle continuidad y vigencia al Decreto N.º 333. Los diputados consideran que las condiciones de inseguridad con pandilleros libres persisten, pese a que el gobierno del presidente lleva 239 días sin homicidios.

Salvaguardar la vida de la población salvadoreña” es la condición que justifica la prórroga del Régimen de Excepción, de los más de 6,5 millones de ciudadanos, respecto de la libertad de los más de 76 mil pandilleros identificados. Más del 90% de las 57 mil personas detenidas han sido procesadas a prisión preventiva, por indicios de participar o de formar parte de maras o pandillas.

Sin embargo, 7 organizaciones sociales, entre ellas la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (CIDH) han reiterado la demanda de derogar el Régimen a instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Enumeran una 4,071 denuncias, de las que un 75% presumen que son detenciones arbitrarias. Demandan, entre otras cosas, derogar el Régimen de Excepción.

8 prórrogas

Tenemos el compromiso, con ustedes, de que nunca jamás volverán a vivir en al zozobra, y a merced de criminales asesinos, pandilleros terroristas en éste país”, es la promesa que ha reiterado el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villetoro, en la emisión de la pieza de correspondencia, que fue mocionada por el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas.

67 votos parlamentarios dieron la aprobación de la pieza de correspondencia, que transcurrió con dispensa de trámite en la Plenaria N.º 82. Al trámite final le precedió la votación nominal y pública, y la discusión de la misma. Sin embargo, agrupaciones parlamentarias de oposición reiteraron su disenso, entre ellas, la del FMLN, en representación de la diputada Marleny Funes, quien reiteró que el Régimen “no es un sistema perfecto”, por la liberación de unas 2,000 personas inocentes.

Villatoro, desde luego, fue el titular de gobierno que confirmó la liberación de las 2,000 personas. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también expresó que el Régimen, como tal, no era un “sistema perfecto”, pero que debía mejorar. La estimación inicial de personas liberadas era del 1%, según Bukele. Pero la última cifra, respecto a la del total de detenidos, responde a una proporción del 3.5%.

Legitimidad” es, a su vez, uno de los criterios constitucionales que responde a la prolongación del Régimen de Excepción. Adscrita a la interpretación de la Sala de lo Constitucional, la continuidad del Régimen responde a la condición de “si trancurrido ese plazo de 30 días, continúa la circunstancias que motivó, el Régimen de Excepción, es posible aprobar, con razonabilidad, la suspensión de derechos fundamentales, mediante un nuevo decreto con una duración que no exceda esos mismos treinta días”. , según así lo reza la sentencia 21-2020AC, del año 2020.

Esta condición la reitera la CIDH, en su informe titulado “siete meses del régimen de excepción: CIDH recuerda a El Salvador sus obligaciones sobre derechos humanos”. Pero, hay que hacer notar que, además de la recepción de denuncias y de la demanda por observar las condiciones de derechos humanos, la organización expresó que “el tema de seguridad ciudadana sea una prioridad del Estado”.

Menos homicidios

239 días sin homicidios se acumulan durante la administración del presidente Nayib Bukele. Éste dato corresponde a declaraciones oficiales divulgadas por el MJSP, e instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC). 146 días sin homicidios se cuantifican, desde la aplicación y vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, y tras la declaración de la Guerra Contra Pandillas.

De acuerdo con las autoridades de justicia, la reducción de los homicidios es paralela a la de los continuos operativos que han tenido lugar durante la Guerra Contra Pandillas. El resultado paralelo es el arresto de 57,492 personas, de las que el 90% han recibido orden de prisión preventiva. Sin embargo, éstos resultados son cuestionados por organizaciones sociales, debido a la continua declaración en reserva de información sobre los operativos en la Guerra, y las cifras de homicidios.

Bukele, sin embargo, reprocha los señalamientos: “Cómo podemos manipular las cifras, si antes los cadáveres estaban en las calles?; ¿cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en las calle?. ¿Cómo puede hacer el gobierno para que le dejen de cobrar la extorsión?, porque ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros”.

Sólo durante los primeros tres años del gobierno de Bukele, se reportaría un acumulado aproximado de 3,900 homicidios; una cifra que es un 75.55% inferior a los reportes divulgados durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (15,881). Mientras que, en el mismo período de la administración de los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, la diferencia representó contracciones respectivas del 67.55% y del 64.47%, según informes del Instituto de Medicina Legal.

Los datos han sido citados en último informe de la CIDH. Sin embargo, la institución reitera las demandas de las organizaciones, para garantizar al veeduría de los hechos. Al mismo tiempo, reitera señalamientos sobre la reserva de información de datos sobre homicidios, pese a que el gobierno los revela de oficio; y sobre los procesos judiciales, localización y condición de salud que atañen a los imputados

Bukele, al respecto, cuestionó: “¿Cómo puede ser un maquillaje de cifras?. Si fuera un maquillaje de cifras, las cifras estuvieran bien, pero la realidad sería otra cosa. Así yo dijera «cero homicidios», pero los cadáveres estuvieran en el suelo, como estaban antes. Las cifras dijeran que se ha capturado a los pandilleros, pero los pandilleros seguirían en sus colonias cómo estaban antes. Pero es el mismo pueblo salvadoreño el que dice que «yo antes iba a las comunidades y pedía permiso para entrar«, hoy ya no pide permiso para entrar”.

Denuncias a la CIDH

4,071 denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos habrían recibido instituciones como la Fundación Cristosal, Fespad, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y otras. Según lo refieren, en su informe divulgado desde el pasado 21 de octubre a la prensa. De acuerdo con los registros, una media aritmética aproximada del 75% de los casos respondería a presuntas detenciones arbitrarias; es decir, cerca de 3,053 denuncias.

94,562 personas detenidas en centros penales justificarían, a su juicio, condiciones inhumanas en centros penales: “La sobrepoblación y el hacinamiento son descomunales, e implica condiciones indignas, inhumanas y degradantes para quienes están recluidas en el país”, indicó la representante de Cristosal, Zaira Navas, en la última reunión agendada con la CIDH.

Entre tanto, las condiciones de hacinamiento sí fueron previstas por Tobar; pero, hasta el mes de julio, constató su última revisión a centros penales, y calificó favorablemente las condiciones de detención. Mientras que el gobierno salvadoreño ha anunciado el progreso de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, para el albergue de más de 40 mil miembros de maras y pandillas; es decir, un 53.33% de los 76 mil pandilleros estimados, en el territorio nacional.

Sin Embargo, las denuncias son constantes. Ante la CIDH, la representante de Amnistía Internacional, Belissa Gutiérrez presentó un petitorio, en representación a las organizaciones demandantes. Fue categórica al demandar al “Estado salvadoreño a que a derogue el decreto (N.º 333) de estado de excepción, y toda la normativa violatoria de Derechos Humanos aprobada en este contexto”. Navas se referiría a algunas reformas penales y procesales de la norma de justicia salvadoreña; pero, respecto al Régimen, no ofreció un análisis de ponderación sobre los presuntos derechos vulnerados a pandillas, y las más de 116,447 muertes ocasionadas por pandillas.

Denuncias a la ONU

Éstas condiciones fueron reiteradas ante la ONU por 9 diferentes organizaciones, con los resultados del “Informe de Organizaciones de Derechos Humanos de la Sociedad Civil al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas. El Salvador, 2022”.

Según lo detalló Cristosal, a los temas de discusión se añade la “militarización de la seguridad pública y denuncias por violaciones de derechos humanos por parte de la FAES (Fuerzas Armadas de El Salvador) y de la PNC”, el “desplazamiento forzado interno, condiciones de detención de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas”, entre otras cosas.

Además de demandar la derogación del Régimen de Excepción “y no se vuelva a prorrogar”, demandó que “exhorte al Estado salvadoreño para que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y brinde asistencia para la instalar el mecanismo de prevención contra la tortura”; además de la investigación de las presuntas vulneraciones a derechos humanos, la garantía de derechos penitenciarios y las muertes en centros penales.

Entre otras cosas, demandaron la investigación de casos, en razón de género. Y es que desde el pasado 31 de enero del 2020, se registraban al menso 746 personas privadas de libertad, identificadas por su relación a la población LGBT: “39 lesbianas, 196 gays, 510 bisexuales y 1 travesti”.La cifrhabría incrementado en enero de 2021, con 873 casos “ 97 lesbianas, 350 gays, 424 bisexuales y 2 transexual”. Sin embargo, para el 2022, las organizaciones no contarían con información oficial, aunque en el informe de octubre se enumerarían a 4 mujeres trans y a 8 hombres trans detenidos.

80 presuntas muertes en centros penales habrían sido señalados por la Fundación Cristosal, de hecho, hasta el pasado mes de septiembre. Las organizaciones responsabilizan al Estado, por tener la custodia estatal. Sin embargo, el presidente Bukele sostuvo que “tenemos menos muertes per-cápita que en los último 20 años”.

Villatoro también indicó que, entre las personas muertas, ”hay muchos que incluso tienen preexistencias clínicas. Incluso, cuando se hacen capturas en el área rural, muchas veces nosotros no sabemos cuántos días llevan sin comer, cuántos días llevan sintratarse. Por eso existen protococos, dosnde nosotros recepcionamos. Se les pregunta algún tipo de preexistencias clínicas”.

56 muertes, sin embargo, habrían sido reportadas por el Instituto de Medicina Legal desde junio de 2019 a mayo de 2022, según lo citan las organizaciones en el informe enviado a la ONU. “De éstas, 20 fueron homicidios que ocurrieron en: 2019 (15), 2020 (4) y 2021 (1)”, detalla. Los datos posteriores no pudieron ser verificados pro las organizaciones, alegando tener dificultades en el acceso a la información.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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