Los restos óseos de al menos 6 de las víctimas de la Masacre de El Sumpul (1980) han sido localizadas, desde las últimas horas, por el equipo de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal (IML), y por el equipo técnico de la Fiscalía General de la República (FGR). Los elementos fueron identificados, tras dos jornadas de excavación, en el municipio de Concepción Quezaltepeque, del departamento de Chalatenango.

La Masacre del Sumpul tuvo lugar durante los días 13 y 14 de mayo del año 1980, cobrando la vida de al menos 600 personas que fueron víctimas de la violencia física perpetrada por efectivos de la Guardia Nacional y por la para-militar Organización Democrática Nacional (ORDEN). La zona de ataque corresponde a la entonces zona custodiada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que no intervino tras el asalto, por lo que fue denunciada por el Presbiterio y las Religiosas de la Dióses Hondurela de Santa Rosa de Copán, en Julio de 1980.

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El caso se ventila, desde 1992, en el Tribunal de Primera Instancia de Chalatenango. Los familiares y correlativos de las víctimas han responsabilizado al entonces comandante del Destacamento Militar Número 1, de la Guardia Nacional, Coronel Ricardo Augusto Peña Arbaiza; al Coronel Eugenio Vides Casanova y al Doceavo Batallón de Infantería Santa Rosa de Copán, de Honduras.

Dos Jornadas de Excavación

El Ministerio Público y el IML intervinieron efectivamente en la extracción de los cuerpos óseos, que se mantuvieron resguardados bajo varias capas de tierra, localizados a cerca de 10 kilómetros de la zona en la que se perpetró la Masacre. El proceso también fue verificado por personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y por activistas de la Asociación de Tutela Legal María Julia Hernández (MJH).

En su declaración, el delegado departamental de la PDDH en Chalatenango, Orlando Orellana, informó que “ha sido posible lograr encontrar restos”. Además, juzgó que “esta diligencia es una paso importante para dar un respuesta a las víctimas, a sus exigencias de acceso a la justicia y a la verdad”.

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Al tratarse de un asesinato masivo, en el contexto de la Guerra Civil de la década de los 80´s, el caso es juzgado como un Crimen de Lesa Humanidad. Los querellantes y representantes de las víctimas exigen que la judicialización responda de derechos humanos de la Justicia Restaurativa, en el que se obtenga, en efecto, “la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición y el fortalecimiento de las instituciones” judiciales.

Se van a hacer las debidas diligencias de traslado. Y esperamos los estudios respectivos para incorporar ésta etapa al proceso penal que sigue en el Juzgado de Primera Instancia. Y ésto da fortaleza a la prueba científica, y daría fortaleza a la prueba legal que lleva Tutela Legal Doctora Maria Julia Hernández, representando a la Asociación de Víctimas del Sumpul, para llegar a la verdad, a la justicia y especialmente para que se haga comparecer a los responsables que planificaron éstas masacres; éstos hechos de guerra arrasada que se aplicaron por parte del Ejercito de El Salvador en los años 80´s”, indicó el representante de la Asociación de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Alejandro Lenin.

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El caso que inició con el hallazgo de apenas un fragmento del pantalón de una de las víctimas, prosiguió, ésta mañana, con el encuentro de “unos zapatos” y unos “huesitos”, tal y como lo declaró, desde horas de la mañana, una de las familiares de las víctimas, María Rudesinos Mejía.

Entre éstas personas está mi papá y dos tíos: y ya se encontraron evidencias”, declaró Mejía.

Al día de hoy, ya han transcurrido cerca de 41 años desde que se perpetró la Masacre, con sólo un mes de diferencia respecto a la primera denuncia efectuada por el Presbiterio y las Religiosas de la Diósesis hondureña de Santa Rosa de Copán, el 19 de julio de 1980. En el hecho controversial se condenó al Estado Salvadoreño, a las Fuerzas Armadas de perpetrar la masacre; así como al Estado Hondureño y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por complicidad por omisión.

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