Han transcurrido ya cinco años desde que la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de La Paz, el pasado 13 de julio del año 2016, tras veinte años de vigencia en el sistema judicial salvadoreño. A la fecha, organizaciones de víctimas denunciantes, familiares de los fallecidos y desaparecidos, demandan la existencia de una propuesta de ley que garantice la justicia, verdad, reparación, no repetición y el fortalecimiento institucional sobre los crimines de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil de 1980.

Entre las propuestas, se plantea la discusión, consenso y aprobación de una Ley Nacional para la Dignificación de las Víctimas y la Sociedad Salvadoreña y de una Ley para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado por parte de organizaciones integrantes a la Mesa por la Memora Histórica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de organizaciones como la de Víctimas Demandantes (VIDAS), el Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI), la Asociación de Excombatientes por la Democracia (AED) y la Fundación Roque Dalton (FRD).

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La Guerra Civil de 1980 transcurrió hasta el año 1992, tras la firma de los Acuerdos de Paz, en Chapultepec, México. El conflicto habría dejado un saldo mayor a 75 mil víctimas que perdieron la vida, de acuerdo con el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU; y más de 4,3 mil denuncias de personas desaparecidas de manera forzada por la guerrilla y el Estado de El Salvador, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado (Conabúsqueda), hasta el año pasado.

Entre los crímenes de Guerra, la Comisión de la Verdad enumera más de 27 masacres durante el conflicto armado, tales como la Masacre del Mozote y Lugares Aledaños, la Masacre del Sumpul, en 1980 y 1981; así como la Masacre de Guazapa y la Masacre de los Martires de la UCA, en 1981 y en 1989, respectivamente.

Sin embargo, entre “los únicos casos que han sido judicializado”, han condenado a actores de guerra como el Coronel Endgado Montano a través de los mecanismos de justicia internacional. En cambio, denuncian que no han existido avances significativos en la judicialización de los crímenes de guerra.

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Las víctimas sobrevivientes y las familias de aquellas que fueron asesinadas y desaparecidas están esperando respuesta desde hace treinta largos años, luego de que las partes firmantes del Acuerdo de Chapultepec se comprometieran a superar la impunidad reconociendo que los casos publicados por la Comisión de la Verdad y otros similares o más graves -sin importar su autoría, debían “ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”, establece Vidas, en un comunicado de prensa.

Balance de Cumplimientos

Pese a la inexistencia de normativas que imposibiliten la judicialización de los crímenes de guerra, las prácticas de impunidad favorecen a los responsables de perpetrarlas, sostiene la organización Cristosal, representante de la Mesa de la Memoria Histórica.

No podemos seguir permitiendo que dichos bejámenes sigan en la impunidad; por eso es que me encuentro yo aquí denunciado a las instancias judiciales; y, en especial, al gobierno central de no mostrar buena voluntad para judicializar estos casos”, juzgó una de las víctimas demandantes del conflicto Armado y representante del Comité de Presos Políticos de El Salvador. “Nos revictimizan cada vez más que nos ignoran”, lamentó.

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A juicio de la organización, las instituciones representantes de los tres órganos del Estado han incumplido los Acuerdos de Paz y las órdenes establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), desde el año 2016, para esclarecer atentados como la Masacre del Mozote y Lugares Aledaños.

Es decir, sostiene que la Asamblea Legislativa ha omitido las órdenes de la Corte-IDH para la creación de un “marco normativo para regular el acceso a la información de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra del conflicto armado; responder a las víctimas sobre las investigaciones, enjuiciamiento, esclarecimiento de la verdad y sanciones para los responsables”; así como “considerar las medidas de reparación integral y medidas de no repetición”.

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Por el contrario, los parlamentario habrían incurrido en una tentativa para favorecer a los victimarios, tras la aprobación conjunta de la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional (LEJTRRN), el pasado 26 de febrero. El recurso, sin embargo, fue vetado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, la considerarla como una “amnistía inconstitucional”.

Pese a ello, la asociación VIDAS confirmó la respuesta favorable de la Nueva Asamblea Legislativa para al recepción de una propuesta de trabajo, “con el objeto de consensuar la necesaria agenda para el desarrollo de un proceso de consulta, discusión, elaboración y aprobación de la Ley Nacional para la dignificación de las víctimas de la sociedad salvadoreña”

Señaló también al órgano Ejecutivo de eludir su “obligación de diseñar y dar seguimiento a políticas estatales para el respeto, protección, promoción y garantía de derechos fundamentales y de asegurar los respectivos recursos presupuestarios”.

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Además, acusó a los órganos Ejecutivo y Judicial de incumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional en la sentencia 44-2013/145-2013 que ordena al Ministerio de la Defensa Nacional, al Presidente de la República y al Alto Mando de la Fuerza Armada, el “desarrollo de normas ejecutivas que permita proteger la documentación e información que se encuentre en poder del instituto castrense para eliminar obstáculos burocráticos que impidan la consulta de información histórica, mientras no se apruebe una ley específica”.

Para dar explicación a éstos señalamientos, sostiene que el Ejecutivo impidió el acceso de expedientes como los de la Masacre del Mozote y Lugares Aledaños, durante el 2020; mientras que el Judicial declaró la nulidad absoluta de la apertura del caso de los Mártires de la UCA. En sus explicaciones, el presidente salvadoreño eludió las acusaciones y responsabilizó a los jefes de Estado, de las anteriores gestiones presidenciales, de la desaparición de los expedientes de guerra.

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Cristosal tampoco reconoció los avances ni la voluntad real en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para el abordaje de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, pese a la existencia de una unidad especializada, desde el año 2018. Por lo que instó a que “agilice las diligencias de investigación hasta concluir los procesos en marcha, encontrar la verdad, sancionar jurídicamente a los responsables y reparar los daños causados por las víctimas”.

Negó, asimismo, avances en la democracia salvadoreña, ante las disposiciones establecidas por la Nueva Asamblea Legislativa para la juramentación de cinco nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general que, en palabras del presidente, sus funciones estaban prontas a finalizar, y que sus acciones habían sido legalmente cuestionables. Cristosal instó al Estado a “respetar la constitución y su principio de separación e independencia de poderes”, y la reversión de la elección de los nuevos magistrados.

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