Por Alessia Genoves
Murió asfixiada, y al interior de un pozo. Su nombre era Alexandra Landaverde, una mujer transexual de 19 años de edad. Su cadáver fue encontrado el pasado 28 de enero de 2022, tras ser reportada como desaparecida durante al menos 1 mes. La Fiscalía General de la República (FGR) rindió los resultados de sus investigaciones ante el Juzgado 2º de Sentencia de Santa Tecla, girando imputaciones contra José Elías Morales Hernández, quien es finalmente en juicio, con 25 años de cárcel.
Morales Hernández es definido como la ex-pareja de la víctima. El Juzgado lo condenó bajo el delito de homicidio agravado; pero la sanción carcelaria es inferior a la que prescribe la tipificación de un homicidio motivado por odio, entre otras cosas, a la identidad y expresión de género. ContraPunto enumera el caso como el sexto en recibir una condena contra el asesino, a favor de una víctima de la población LGBTI.
Alexa: asesinato y justicia
Alexa Landaverde ha sido la octava persona de la población LGBT asesinada durante el año 2021. El dato se adhiere a los informes divulgados por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans), ya que su identidad fue confirmada informe forense, que determinó su vinculación genética, con la del cuerpo localizado al interior del pozo de un terreno baldío, en el municipio de Zapotitán, La Libertad.
No obstante, la mujer transexual fue reportada como desaparecida, apenas 3 días después de su último avistamiento, desde tempranas horas de la madrugada del pasado 10 de diciembre. Ésta información fue detallada a ContraPunto, por familiares de la víctima; y fue reafirmada, hasta el pasado 14 de diciembre de 2021, por organizaciones como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh); y servicios sociales como el movimiento de Alerta Raquel.
49 días transcurrieron hasta que las evidencias de la investigación fiscal consiguieron localizar el paradero de una persona, cuyos restos se encontraban en descomposición. Entretanto, la identidad de la persona no sería identificada sino hasta el mes de febrero del año 2022. Para ese entonces, la Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención del entonces sospechoso Morales Hernández, a quien se le imputaba de desaparecer a su pareja.
El desarrollo de las audiencias procesales ventilarían, en paralelo, los resultados forenses. Entonces, se confirmó la identidad de la víctima arrojada en el pozo. El hallazgo ampliaría las investigaciones procesales, que se abonarían en la etapa de instrucción, como elementos de cargo en contra de Hernández Morales. La imputación, por tanto, ya no era la del delito de desaparición de personas, que divulgó la FGR el pasado 1 de febrero; sino que se le imputó por el delito de homicidio agravado.
1 año y 18 días habría sido sometido Hernández Morales ante la justicia, hasta la determinación de su condena definitiva. La FGR añade el precedente de la desaparición de la víctima, lo que definiría el cargo de la imputación contra el homicida, bajo la causal 9 del artículo 129 del Código Penal. Tras el término del fallo, la representación fiscal compartió declaraciones a la prensa, indicando que el sujeto habría sido sancionado bajo una “ejemplar condena”.
“Gracias a los robustos elementos de prueba, hemos logrado como Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República (FGR), una ejemplar condena contra José Elías Morales Hernández, por haber asesinado, en el cantón Zapotitán de Ciudad Arce, por medio de asfixia y posteriormente se deshizo del cuerpo y lanzando hacia un pozo a su ex-pareja”, indicó, al referirse a la condena de 25 años de prisión.
También indicó que se habría obtenido un “resultado favorable, y acorde a los elementos de prueba”. Ello implicaría los alcances y limitaciones de la investigación, y de las pruebas disponibles entre sus haberes. Durante el proceso, ContraPunto no tuvo acceso a las referencias ventiladas en las pericias psicológicas, o de afiliación social, que ya han deducido el delito de homicidio agravado, motivado por odio a la identidad o expresión de género, al que ya nos hemos referido.
Éstos últimos se rindieron en los procesos a favor de las mujeres transexuales Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, durante el pasado mes de febrero del año 2021. En el proceso que se ventiló en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca (La Paz), se consiguieron sanciones de 60 a 66 años de prisión en contra de los mareros Edwin Geovanni Méndez (“Cangrejo”), Anibal Alfredo Melara (“Spirit”) y de Carlos Antonio Molina ( “Coyote” ).
Justicia LGBT
500 homicidios contra personas LGBT enumera Apidh, en uno de sus informes divulgados hasta el año 2015. Los casos datan desde la década de los 90`s; y se basan en los reportes hemerográficos divulgados por la prensa tradicional, e escasos reportes de los medios emergentes. Hasta esa fecha, y en el quinquenio posterior, representantes de la organización, como Mónica Linare, no han informado que hayan hechos diligenciados en el órgano judicial, con una resolución favorable.
ContraPunto ha llegado a observar, partiendo de las declaraciones de Aspidh, que los hecho han comenzado a ser judicializados en el año 2020. El primero de los casos en recibir justicia ha sido el de una mujer trans identificada como “MAHC”, el 24 de febrero del año 2020, tras haber sido decapitada y desmembrada el 2 de junio 2014, por al menos 4 pandilleros de la mara 18, en San Luis Talpa.
San Luis Talpa también fue el escenario en el que se avistó la masacre de otras 3 mujeres trans, cometido en el año 2017. Como se ha indicado, sus nombres eran Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez; mientras que una tercera fue asesinada posteriormente. Los 3 mareros involucrados fueron sentenciados en febrero de 2021. Mientras tanto, en el orden cronológico, la mujer transexual Camila Díaz Córdova recibió justicia el 20 de julio del año 2020, tras el fallo condenatorio contra los ex-policías “Valentín Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar”. Se les dictó 20 años de cárcel, desde el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
Otras 3 personas han sido identificadas por ContraPunto, que sido definidas como “miembros de la comunidad LGBT”, desde la FGR. Uno de ellos fue el de una “víctima transgénero”, asesinada el pasado 25 de agosto del año 2018. Su cadáver fue envuelto en sábanas y encontrado en las calles de San Salvador. La Fiscalía dedujo imputaciones contra Iván Antonio Hernández Díaz y Karla Gutiérrez, consiguiendo que una condena de 20 años de prisión por el Tribunal 5º de Sentencia de San Salvador, el 5 de abril de 2022.
Otra víctima “de la comunidad LGBTi” murió tras ser acribillada el 20 de octubre de 2017, en San Salvador. El el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador consiguió una condena de 20 años de prisión en contra de “Henry Geovanny Hernández Fuentes, Marvin Wilmar Sánchez Gaitán y Josué Gabriel González”, además “miembros de una estructura terrorista”, el 2 de febrero del año 2021.
Homicidios LGBT: Se reducen
ContraPunto, como se ha informado, identifica el asesinato de Alexa Landaverde como el octavo, del registro de personas LGBT asesinadas, durante el año 2021. En ese período, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) enumeró al menos 1,147 homicidios al cierre del año fiscal; una cifra que deduce una contracción del 14% respecto a los 1,341 homicidios de 2020; y el 52% respecto a los 2,390 homicidios del año 2019.
Implicaría ello, sin embargo, que el estatus jurídico de Alexa, al término del año 2021, no era el de una persona víctima de homicidio, sino como el de una persona víctima de una presunta desaparición forzada. Obedeciendo a los hechos, el MJSP debería añadir el caso de Alexa, como el de otras personas, a la cifras de homicidio del cierre de dicho año fiscal.
Comcavis, por su parte, invitó a ContraPunto a la rendición de su informe estadístico para el cierre del año fiscal 2021. En éste tampoco se cuantificaría el caso de Alexa; más bien, sólo el de 6 víctimas de homicidios, identificadas como mujeres trans; el de otras 2 víctimas identificadas como hombres gay más el de otra persona identificada como 1 hombre trans. El total es igual al del año 2020, pero con proporciones distintas; ya que la organización identificaría a 3 de las víctimas como mujeres trans; y a otras 5 de ellas como hombres gays.
2019, sin embargo, sería uno de los años con mayor cantidad de muertes, en comparación a los años sucesivos; con un registro de al menos 9 víctimas. Asesinadas fueron, por tanto, 7 mujeres trans, más otros 2 hombres gays. Sin embargo, éste registro contrasta con el de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), que llegó a cuantificar al menos 12 homicidios. Entretanto, otros registros complementarios los ha rendido la Federación Salvadoreña LGBT (Feslgbt), con al menos 16 homicidios contra personas LGBT en el año 2018; y el de otras 26 personas LGBT en el año 2017; años en los que las cifras generales de homicidios intencionados habrían cerrado en los 3,962 y 5,276 respectivamente.
Para el año 2022, la organización Comcavis Trans cuantifica al menos un homicidio a una persona tras, sin expresión de género. En paralelo, la cifra general de homicidios intencionado se cuantificaba en al menos 495; lo que deduce una reducción del 79% de los casos, respecto a los del año 2019. Mientras que durante los 2 meses transcurridos del año 2023, el reporte de homicidios LGBT es nulo; mientras que el registro general ha reportado al menos 22 homicidios, a la fecha.
