Por Alessia Genoves
Población LGBT señala discriminación a los derechos humanos y al acceso a la justicia por violencia y crímenes de odio en el último Reporte de Derechos Humanos en El Salvador 2021, de la Embajada de los Estados Unidos. El documento señala exclusivamente las condiciones de ausencia a los derechos humanos de la población salvadoreña, y omite los alcances que el país tuvo a lo largo del año, por lo que recomienda a los extranjeros “reconsiderar viajar a El Salvador”, una advertencia de categoría 3.
El informe es parcializado, sin embargo, las denuncias por arbitrariedades en contra de las personas LGBT son hechos demostrables. Organizaciones sociales denunciaron la ausencia en la atención sanitaria especializada de servicios de salud; discriminación laboral, acoso sexual por parte de la administración pública; amenazas de muerte y asesinatos por parte de maras y pandillas.
Crímenes de Odio y Amenazas
Zashy del Cid fue asesinada en abril de 2021. Era una activista política, asociada a las causas por los derechos humanos de las personas LGBT+. Recibió dos disparos de bala, uno en su pulmón derecho que produjo su muerte. Precedieron amenazas de muerte, por parte de agrupaciones terroristas, por lo que la víctima también enfrentó desplazamientos forzados, según lo indicó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Las denuncias se tramitaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo ésta no concretó con el hallazgo de los sospechosos. Del Cid sería al menos una de las 8 victimas que perdieron su vida, a manos de la violencia, de acuerdo con los reportes de la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans).
La embajada estadounidense recuerda la existencia de normativas penales que sancionan los homicidios motivados por odio. Particularmente, el literal 11 del artículo 129 del Código Penal establece hasta 50 años de prisión el homicidio “motivado por odio racial, étnico, religioso, político, a la identidad y expresión de género o la orientación social”.
La ausencia de justicia, o de la tipificación del homicidio como “crimen de odio”, también caracteriza a los 8 asesinatos que Comcavis reportó durante el año 2021; a los 8 reportados en 2020; y a los más de 600, que se cuantifican desde el año 1997. El homicidio de Camila Díaz Córdova (2019), por ejemplo, fue judicializado como un homicidio simple, y fueron vencidos en juicio 3 agentes policiales, con penas no mayores a los 20 años de prisión, en 2020.
Casos excepcionales fueron los judicializados en San Luis Talpa (La Paz), en febrero del año 2021. Tres mujeres trans fueron asesinadas en 2017, pero sólo 2 de ellas recibieron justicia. El Tribunal Primero de Sentencia dictó sanciones de 60 hasta 66 años de prisión en contra de 3 pandilleros, que fueron hasta extraditados de los Estados Unidos en 2020. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que las sanciones fueron consistentes en la aplicación del literal 11 del art. 129, del Código Penal, pese a que éste dato fue descalificado por la embajada, éste año.
“La Fiscalía manejó el caso como una riña entre pandillas y no como un delito relacionado con la identidad de género de las víctimas, por lo que la Fiscalía no calificó los homicidios como delitos de odio”, indicó la embajada; cuando la FGR, en 2021, detalló que “durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, el fiscal del caso presentó suficiente evidencia que comprobaba la participación de cada uno de los imputados en el crimen de los dos miembros de la comunidad LGTBI, pruebas que fueron fundamentales para que el juzgador condenara a los tres involucrados por el delito de Homicidio Agravado, previsto y sancionado ene le artículo 129 Numerales 3 y 11 del Código Penal”. (CLICK)
En última instancia, la administración de justicia de La Unión está tramitando el homicidio perpetrado en contra de la mujer trans, Tita Andrate Umaña (2020); y la de Ciudad Arce (La Libertad), el de Alexa Landaverde (2021). Éste último pasaría a judicializarse como un “homicidio”, debido a que la FGR reconoció su ADN en los restos exhumados de un pozo en Ciudad Arce, desde el pasado 28 de diciembre de 2021. Ronald Asaél Cáceres es judicializado por el primer caso; y Elías Hernández Morales, por el segudo.
Las cifras de homicidios han sido reportadas por organizaciones sociales como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH+), e instituciones agrupadas con la Federación Salvadoreña LGBT+, ante la ausencia de registros demográficos oficiales. Sin embargo, hasta el año pasado, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), identificaba al menos 12 homicidios perpetrados en el año 2019, según observa de los reportes de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Dygestic), del año 2020.
Los 12 homicidios reportados por Ormusa en 2019 contrastan con los 10 reportados por Comcavis, en ese año. Sin embargo, de acuerdo con los datos de ésta última, los 8 asesinatos cuantificados en 2021 y 2020 constituyen una reducción del 20%, respecto a los 10 reportes que hizo durante el año 2019. Otros informes de activistas de diversidad sexual, indican que al cierre del año 2018, se reportaron otros 16 asesinatos; y al cierre del año 2017, otros 26 homicidios en contra de personas LGBTI+
Temen a Estado de Excepción
La reducción gradual de homicidios contra personas LGBT es un hecho. Las cifras con coherentes con la reducción general de homicidios reportados durante la gestión administrativa del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. La actual administración se ha caracterizado por declarar la implementación del Plan Control Territorial (PCT), cuyos programas fueron anunciados en informes oficiales hasta el año 2020.
La tendencia se observa con los 3,942 homicidios reportados por la Policía Nacional Civil (PNC), de los que 26 serían de personas LGBT+, en 2017. En 2018, los reportes eran de 3,340 homicidios, de los que 16 serían de personas sexo-diversas. En 2019, los registros generales de homicidios eran de 2,398, de los que al menos 10 respondería a la población LGBT+. En 2020 se reportaron 1,341 homicidios y en 2021, otros 1,140; en ambos años, al menos 8 personas LGBT+ fueron las asesinadas.
En última instancia, los homicidios rondan ente los 339 hechos de violencia confirmados por la PNC; y , hasta los meses de enero, febrero y abril, las cifras de asesinatos fueron menores, en más de un 28%, que las del año anterior. Con excepción a los reportes del mes de marzo, los datos se elevaron a los 87 homicidios durante los días 25, 26 y 27 de ese mes. Por ello, el gobierno y la Asamblea Legislativa establecieron un Estado de Excepción, para detener a las personas implicadas con maras o pandillas.
Las penas se endurecieron específicamente para el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, organizaciones sociales, como AMATE El Salvador, alertaron el el Estado de Excepción podría derivar de “eventuales abusos de autoridad de las fuerzas militares y policiales”. La institución argumenta que ésta condición sería posible “debido al estigma contra nuestra orientación sexual, identidad y expresión de género corremos mayor riesgo de hechos arbitrarios”, por lo que instó a la “denuncia social”.
El incremento de los operativos militares apenas alertaban a Comcavis y a la Plataforma de Seguridad Ciudadana, el año pasado, cuando los elementos de seguridad militar incrementaron de cerca de 20 mil unidades a las 40 mil; en concordancia con el gasto público, para oficializar la fase IV del PCT.
Sin embargo, además de amate, ni ASPIDH, ni organizaciones de la FESLGBT+ han alertado posibles atentados contra personas LGBT+. Pero ya en 2018, ASPIDH advertía que los elementos policiales han tenido una mayor influencia delictiva (20%) contra las mujeres trans, menor únicamente al de las maras y pandillas (46%), según lo constata en el informe ¡Basta de Genocidios Trans! del año 2018.
La embajada estadounidense no refirió éstos hechos en su informe, ni los que acontecían con la contracción de homicidios, ni la influencia que tienen las maras y pandillas en la vida de personas trans. Más allá de ello, se limitó en hecho muy escasos. Aunque también informaron situaciones de negligencia, cuando“activistas LGBTQI+ denunciaron ante la Fiscalía General que recibieron amenazas de muerte en redes sociales. En general, la policía no actuó sobre estos informes”. Camilo Edgardo Guzmán, entonces motorista de Uber, figuraría como uno de los victimarios.
La embajada también reporta que, de acuerdo con la información de las organizaciones, “personas de la comunidad LGBTQI+ afirmaron que la PNC y funcionarios de la Fiscalía General acosaron a personas transgénero y homosexuales que denunciaron casos de violencia contra personas LGBTQI+, incluso mediante la realización de cacheos al desnudo innecesarios e invasivos”.
Discriminación
Numerosos hechos de discriminación fueron señalados por organizaciones sociales como el Colectivo Alejandría, Ormusa y Comcavis, durante el 2021. Sin embargo, particularmente fue el colectivo Alejandría el que más del 85% de personas LGBTI+ recibieron sus dosis de vacunación anticovid, en 1 y 2 ocasiones; y que no recibieron discriminación del sector de salud, por motivos de su orientación sexual, identidad o expresión de género, de acuerdo con la “investigación del Impacto socioeconómico de la población LGBT en el pos-confinamietno covid19”.
Esta realidad sería complementada por Comcavis. En el informe expone que “personas transgénero también sufrieron discriminación por parte del personal médico cuando insistieron en llamar a los pacientes por su nombre legal en lugar del nombre elegido”. De acuerdo con los resultados del informe de Alejandrías, los hechos habrían pesado en menos del 15% de las personas trans.
El dato no fue tratado por el informe de la embajada. Por el contrario, señaló que “tras el cierre de los centros, las mujeres y las personas LGBTQI+ sufrieron largas demoras para ver a los médicos, y los médicos no estaban especializados en el campo de la salud reproductiva y los temas de salud específicos de la comunidad LGBTQI+”, de acuerdo a los informes de Ormusa.
Otros hechos de discriminación habrían sido citados de medios de comunicación, por el informe de la embajada. “casos de personas transgénero que sufrieron hostigamiento mientras votaban en las elecciones municipales durante el año debido a que su nombre y fotografía en su documento nacional de identidad no coincidía con su expresión de identidad de género”. Sin embargo, ContraPunto reportó en al menos 3 centros de votación, y en ninguno se observó discriminación, hecho que tampoco sería percibido por su periodista transexual, Alessia Genoves.
La embajada no refiere, explícitamente, la necesidad de las organizaciones sociales por incorporar una Ley de Identidad de Género, y legalizar el nombre a personas trans, en el sistema de justicia salvadoreño. No menciona hechos significativos, como el archivado de la propuesta legislativa, y la ausencia de diálogo con las organizaciones proponentes, desde agosto del año pasado.
