Por Alessia Genoves


Penas de hasta 66 años de prisión recibieron tres personas asociadas con el crimen organizado, tras ser responsabilizados de perpetrar los asesinatos contra Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, mujeres transexuales entonces residentes del municipio de San Luis Talpa, del departamento de La Paz, según así lo confirma la Fiscalía General de la República (FGR)

Los condenados fueron identificados como Edwin Geovanni Méndez (“Cangrejo”), quien obtuvo la pena de 66 años de prisión; a continuación de Anibal Alfredo Melara (“Spirit”) y de Carlos Antonio Molina ( “Coyote” ) , ambos últimos con una sentencia de 60 años de prisión.

Según lo confirmaman activistas y defensores por los derechos de la comunidad LGBT, las condenas por el asesinato perpetrado el 19 de febrero del 2017, eran consistentes con la tipificación del agravante por “odio” , por el delito de homicidio agravado, que establece el artículo 129 del Código Penal.

Según los registros oficiales de la FGR, la reciente condena sería la segunda en hacer justicia a la población LGBT, después de la resolución del asesinato de Camila Díaz Córdova, que había sido perpetrado tres agentes policiales. A su vez, el caso sería el primero en ser judicializado como un“Crimen de Odio”.

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Hechos

Dos mujeres transexuales fueron asesinadas con impactos de bala en el cuello y en el tórax. Los asesinos se conducían en un carro negro polarizado. La FGR detalla que los hechos sucedieron después de que las víctimas regresaran a sus hogares, el 17 de febrero de 2017, luego de participar en una fiesta con celebración del día de La Amistad, en el centro de la ciudad de San Luis Talpa, La Paz.

Los cuerpos fueron localizados por las autoridades de seguridad, unas pocas horas del incidente; y fuero identificados como Rony Alexander Orellana y Daniel Rodríguez, dos mujeres trans conocidas como Yasuri y Daniela, respectivamente.

Una de las residentes de la localidad, Angie Calderón, detalló que en el municipio avecinaban con miembros de organizaciones terroristas; pero que nunca antes ha sufrido amenazas o agresiones por parte de los mismos.

Yo tengo años de vivir ahí, y nunca fui amenazada por una pandilla, nunca fui agredida por un pandillero… nunca. Entones, porque nosotras sabíamos vivir la vida como tal, como somos, entonces, nosotras dejamos vivir la de ellos, como lo que sean ”, declaró Angie a Alessia Genoves, en una entrevista dedicada.

Otro acontecimiento suscitado, de acuerdo con los datos oficiales sostenidos por la FGR, Elizabeth Castillo, fue asesinada el 21 de febrero, después de asistir al funeral de Yasuri y de Daniela, ambas correlativas suyas. Reportes de las autoridades identificaron su cuerpo, al ser reconocida como Wilber Alberto Artiga, de 24 años de edad.

Según lo declaró Angie, en su momento, San Luis Talpa no era un municipio que ostentaba de tener una numerosa población trans. Poco antes del hecho de violencia, las mujeres trans reconocidas eran a penas 17. Sin embargo, tras ser informadas sobre los últimos asesinatos, muchas de ellas decidieron salir del lugar, e incluso salir del país.

Al término de todo esto, decidimos salirnos del lugar, decidimos salirnos del departamento de La Paz; y estamos residiendo aquí en San Salvador. No es necesario recibir una amenaza para que puedan hacer daño a uno, entonces, las personas se basan de un solo al hecho ” , dijo Angie.

Diké LGBT+ El Salvador ahondó en el estudio de los hechos. El equipo jurídico de la institución contó con el expediente final de la sentencia, y rindió pormenorizó algunos de los detalles, en la presentación de los resultados preliminares de su informe. Detalla que en el incidente habría participado Jlo, otra mujer trans que sobrevivió ante la descarga de fuego.

En el caso de Jlo, ella salió ilesa, porque se dirigió a salir por unos matorrales, y logró sobrevivir. Entonces, gracias a la sobreviviente, se pudo dar el arresto desde las autoridades. Se logró hacer el acordonamiento de la escena, y se hicieron todas las diligencias de la investigación”, infornó el representante de Diké LGBT+, Gabriel Fernández.

Angie, por su parte, también detalló que el suceso provocó la migración de varias otras mujeres trans, que salieron del país; entre ellas, una de las testigos presenciales del asesinato.

Una amiga trans, que huyó del país fue la que estaba en el caso . Porque eran tres, las chicas trans, que iban en el momento que las asesinaron en el baile que fue en San Luis Talpa. Entonces, ella vio todo el suceso. Dice ella que fue un carrito cerradito, polarizado… que eran como tres hombres encapuchados. Entonces, que sólo sacaron sus armas de las ventanas, y comenzaron a disparar ” , agregó Angie.

En ese momento, mujeres trans reservaban su temor por las autoridades, pues declaraban haber sido víctimas de acoso, por parte de miembros de las fuerzas armadas de seguridad pública, que patrullaban en la zona.

No hay mucha vigilancia, sino que simplemente por el hecho de la homofobia, y por el hecho de ser lo que somos; y, entonces, ellos no cumplen con sus cumplimientos como autoridad que tienen que ser. Hay negligencia, porque nosotras fuimos molestadas como en tres ocasiones, que los llevó a nuestra casa a agredirnos las autoridades, a hacer un deschongue, un cateo total sin tener nosotras nada qué ver. El pretexto de las autoridades siempre decían que era por las pandillas , como asegurando de que no hubieran cosas ilícitas, que uno no participara con ellos”, dijo Angie.

De acuerdo con el Instituto Salvadoreño Del Seguro Social (ISSS), San Luis Talpa es uno de los municipios más violentos durante el 2016 con una tasa que superó los 150 homicidios por cada diez mil habitantes. Hasta septiembre del 2017, las organizaciones LGBTI cuantificaron 26 asesinatos, cifra que  contrasta con los solo 4 homicidios registrados en el Instituto de Medicina Legal.

Fueron las víctimas asesinadas en San Luis Talpa, a causa de la homofobia, quizás por la identidad”, aseguró, en su momento, Angie.

Pandillas y Yasuri

Angie no omite que una de las víctimas colaboraba con una de las pandillas de la zona. El dato sería confirmado por Gabriel, casi seis años de la realización de ésta entrevista. De hecho, en los datos preliminares de su investigación, detalló que uno de los testigos informó que “dentro de su casa se había hecho una reunión, donde acordaron asesinar sólo a Yasuri.

Y añade que “a Yasuri quería asesinarse, porque les había mandado un audio, donde Yasury, como tenía un hermano pandillero, se valía de eso para extorsionar a personas. Entonces, para la pandilla fue denigrante que a una mujer trans la involucraran dentro de una pandilla”. También detalla que otro de los testigos dijo, según lo cita Gabriel de manera indirecta:

A mí, la persona que mató a Yasuri, la que la asesinó, me solicitó irla a buscar al pueblo, irla a buscar al baile. Y que si la encontrara en el baile, la sedujera; que le dijera que tuviéramos actividad sexual, para que cuando ella se alejara del pueblo, el carro la iba a secuestrar, y la iban a matar en otro lugar-

A ésto, sin embargo, Gabriel añade que “la persona que la iba a matar, se puso a tomar, encontró amigos y se le olvidó lo que le tenía qué hacer”. Para compensarlo, las pandillas que se conducían en el auto, “al ver que el otro joven no venía con Yasuri; y, al ver que ella venía con amigas, decidieron, en ese momento, disparar”.

Gabriel detalla que el informe fiscal, inicialmente, presentó el caso como un “homicidio agravado”, en razón de que “Yasuri tenía vínculos con pandillas”.

Pandilleros asesinos

Luego del asesinato de Yasuri, de Daniela y de Elizabeth organizaciones no gubernamentales, defensoras por los derechos LGBT es manifestaron ante la falta de respuestas institucionales, para favorecer a las víctimas. Entre las organiaciones, Comcavis Trans demandó a las instituciones judiciales la aplicación del agravante penal prescrito en el articulo 129, que tipifica los homicidios perpetrados por odio, entre otras cosas.

El pasado 28 de julio de 2017 , varios sospechosos fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Entre los detenidos, fueron identificados Anibal Alfredo Melara y de Carlos Antonio Molina , quienes eran investigados por el asesinato de las mujeres trans de San Luis Talpa, junto con Edwin Moisés Torres Guzmán, José Francisco Martínez, Dimas Antonio Ramos, y una adolescente.

A poco más de un año, el 15 de junio de 2018 , la FGR confirmó la detención de Dimas Antonio Ramos , conocido por el alias de “Coyote”, luego de ser deportado como ilegal en Estados Unidos, y de ser reclamados por las autoridades del país, al ser implicado en el asesinato de las tres mujeres transexuales de San Luis Talpa.

El operativo fue requerido en la oficina fiscal de Zacateoluca, ordenando prisión preventiva para que los ahora sentenciados, junto con Edwin Moisés Torres (alias “Moy”), procedieran a la etapa de instrucción, en el Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, tal y como lo detalló la FGR.

Sin embargo, antes de procede a la fase de vista pública, el caso fue sobreseído por una delas autoridades judiciales, según lo detalla Gabriel. La decisión fue tomada aún cuando las pruebas de cargo en contra de los imputados se acumularon en más de 79 elementos. La FGR, por su parte, disintió a la resolución judicial, “no se quedó de brazos cruzados”, indicó Gabriel. Por ello, “oportunamente apelaron a la resolución. El juez se apartó. Se conoció a una jueza suplente; y ésta jueza suplente dijo -¡Claro que sí hay prueba, así que nos vamos a vista pública!-”.

Recién, el pasado viernes 20 de febrero del año presente, la FGR confirmó la condena de Anibal Alfredo Melara, Carlos Antonio Molina, y de Dimas Antonio Ramos, los tres con penas mayores a 60 años de prisión. El caso fue abordado por el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca; sin embargo, la institución judicial sólo administró justicia a los asesinados de Yasury Orellana y de Daniela Hernández.

Durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, el fiscal del caso presentó suficiente evidencia que comprobaba la participación de cada uno de los imputados en el crimen de los dos miembros de la comunidad LGTBI , pruebas que fueron fundamentales para que el juzgador condenara a los tres involucrados por el delito dehomicidio agravado, previsto y sancionado ene le artículo 129 Numerales 3 y 11 del Código Penal ”, destacó la FGR.

Hay que detallar, según lo informa Gabriel, que la tipificación inicial de la FGR era de “homicidio agravado”; pero el tribunal cambió la tipicación fiscal al agravante penal número 11 del artículo 129, que definiría los cargos contra los imputados como un “Crímen de Odio”.

“Se considera homicidioagravado el cometido con alguna de las circunstancias”, entre ellas, “ CUANDO FUERE MOTIVADO POR ODIO RACIAL, ÉTNICO, RELIGIOSO, POLÍTICO, A LA IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO O LA ORIENTACIÓN SEXUAL”(Cód. Penal, Art. 129 , núm.11).

Observaciones

Diké LGBT+, por su parte, reafirmó la veracidad de los resultados judiciales. El abogado Gabriel indicó que “en el caso, la FGR hizo una investigación tan exacta, que logró obtener lo más esencial para que ésto se llevara a una sentencia condenatoria”, también añadió que en el procedimiento, se “lograron obtener tres testigos clave, entre éstos testigos, uno habría colaborado directamente; y, los otros dos, de manera colateral”, identificados con con las claves “Comalapa, Perú y Puerto-17”.

También identificó que el operativo de la PNC “se apegó a los estándares para hacer una precisa identificación de las víctimas y testigos”, en lo que añadiría “la recuperación del material probatorio, la búsqueda exhaustiva en las escenas del crimen y la preservación adecuada de las pruebas en toda la cadena de custodia”.

Reafirmó, en última instancia, que “las juezas y jueces que conocieron el caso de Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez aplicaron a la reforma del Código Penal (art. 129), catalogando al asesinato como un crimen de odio a la identidad y expresión de género”.

Es necesario hacer notar, sin embargo, que los hechos han sido negados por algunas organizaciones sociales, cuyo trabajo forma parte de la población LGBT. Algunas consignas por la demanda de la justicia llegaron hasta la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, desde el pasado 13 de abril, en el último Reporte de Derechos Humanos en El Salvador 2021.

La Fiscalía manejó el caso como una riña entre pandillas y no como un delito relacionado con la identidad de género de las víctimas, por lo que la Fiscalía no calificó los homicidios como delitos de odio”, indicó la embajada en su informe, con base a los informes de éstas organizaciones sociales. Sin embargo, la realidad es otra, ya que el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, como se mencionó en febrero de 2021, estableció su sentencia en relación a la identidad de género de las víctimas, y la FGR no apeló en contra.

De hecho, esa fue una de las razones que justificarían los activistas para recomendar a la Embajada “no viajar a El Salvador”, y posicionar al país en una categoría 3. Entre otras razones también se añade la de la implementación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, en marzo de 2022. Ésta última medida de seguridad tenía el objetivo de contener a las maras y pandillas en los centros penales; pero para varios de los activistas, ha sido juzgada como una “medida represiva a los derechos humanos”.

Realidades distintas se plantean en las estadísticas. Las cifras de homicidios han sido reportadas por organizaciones sociales como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH+), e instituciones agrupadas con la Federación Salvadoreña LGBT+, ante la ausencia de registros demográficos oficiales. Sin embargo, hasta el año pasado, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), identificaba al menos 12 homicidios perpetrados en el año 2019, según observa de los reportes de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Dygestic), del año 2020.

Los 12 homicidios reportados por Ormusa en 2019 contrastan con los 10 reportados por Comcavis, en ese año. Sin embargo, de acuerdo con los datos de ésta última, los 8 asesinatos cuantificados en 2021 y 2020 constituyen una reducción del 20%, respecto a los 10 reportes que hizo durante el año 2019. Otros informes de activistas de diversidad sexual, indican que al cierre del año 2018, se reportaron otros 16 asesinatos; y al cierre del año 2017, otros 26 homicidios en contra de personas LGBTI+. Para el año 2022, la organización Comcavis Trans cuantifica al menos un homicidio a una persona tras, sin expresión de género.

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