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De los trasladados, seis son del Hospital Nacional San Rafael, de Santa Tecla, La Libertad; cuatro provienen del Hospital Nacional San Juan de Dios, de Santa Ana; y tres del Hospital Nacional General Francisco Menéndez, de Ahuachapán.

El Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos para no bajar el ritmo de acción en el contexto de la pandemia.

El Gobierno, una vez más, hace un llamado a los legisladores a la reflexión y a entender que el afectado es el pueblo salvadoreño.

La prueba negativa de COVID-19 a quienes ingresen al país, es parte de una estrategia que implementan todos los países para detectar a personas infectadas.

Con esta medida, se pone fin a este problema que se dilató durante 11 años y que casi dejó en la banca rota al salvadoreño.

Diferentes sectores han manifestado su descontento debido al bloqueo a los archivos militares, para esclarecer la masacre de El Mozote y sitios aledaños.

Estos esfuerzos están destinados al oriente del país, una de las zonas que por más de 30 años fueron ignoradas por las anteriores administraciones, según presidencia.

El Fiscal General explicó que necesitan una denuncia para activar el mecanismo y actuar con todo el peso de la ley.

Los parlamentarios coincidieron unánimemente que existen suficientes elementos dentro del requerimiento fiscal y que están conforme al Código Procesal Penal, al Reglamento de la Asamblea Legislativa y a la Constitución de la República.

La Procuraduría recolectó varios reclamos en el aeropuerto, debido a que muchos salvadoreños se quedaron varados en el extranjero, por no portar el documento que confirma que no se es portador del coronavirus.

El tema de la extorsión es de suma importancia para el gobierno, por ello se combate con firmeza a fin de garantizar la seguridad del sector empresarias y de todos aquellos que son afectados con este delito.

El mandatario agregó que si el contagio no sobrepasa el 7% de la población levantarán el cerco sanitario, el cual inició el jueves pasado.