Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que las medidas que implementó el presidente, Nayib Bukele, para responder con agilidad a los desafíos de la pandemia por COVID-19 fueron los acertados sobre las perspectivas regionales.
A partir de marzo 2020, presidente Bukele y el equipo de Gobierno comenzaron a ejecutar medidas para proveer la mejor atención posible en materia de salud, y al mismo tiempo, mantener un estímulo económico manejable.
Con el transcurso del año, los resultados indican que fueron decisiones efectivas, por lo cual el FMI con su informe de Perspectivas Económicas Regionales, destacó que los países de América Latina y el Caribe acudieron a una combinación de medidas “destinadas a afianzar los sistemas sanitarios, apuntalar los ingresos de los hogares y las empresas y evitar compresión del crédito”.
En el caso de El Salvador, se fortaleció toda la cadena de atención sanitaria: prevención, atención y seguimiento.
Incluso con las dificultades financieras, el gobierno pudo avanzar en la construcción del Hospital El Salvador, la de hospitales temporales, la intervención en toda la red por más de US$28 millones, la disponibilidad de medicamentos para los pacientes, la toma de pruebas y personal de primera línea.
De manera simultánea, a través del Ejecutivo se entregaron $300 en bono para 750,000 hogares, paquetes con alimentos y artículos de primera necesidad, facilidades de pago para los servicios básicos y financieros, el sistema de Protección al Consumidor intensificó sus esfuerzos para evitar abusos en el mercado; con el mismo afán, el comercio exterior (para las empresas autorizadas) se mantuvo fluido, gracias a la eficiencia de los equipos institucionales encargados.
El gobierno diseñó el Fideicomiso para la Recuperación de las Empresas (Firempresa) para inyectar liquidez a las mipymes desde abril, pero la Asamblea Legislativa nunca le autorizó los fondos, de manera que el Gobierno buscó sus propias soluciones para ponerlo a operar.
De acuerdo con los datos del FMI, El Salvador es una de las economías emergentes que con más fuerza le apostó a estas medidas de estímulo, que hasta octubre, representan un poco más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Esta es la mayor proporción de estímulos en comparación con el PIB de la región centroamericana, de acuerdo con los cuadros del FMI. Todas estas acciones van en línea con lo que el FMI destaca como decisiones acertadas.
“Estas medidas excepcionales son cruciales para apoyar la actividad económica a fin de evitar desaceleraciones económicas aún más fuertes y repercusiones sociales más severas”, indicó el FMI. Según información del Ministerio de Hacienda (MH), el Gobierno ha erogado al menos US$1,422 millones desde que inició el período extraordinario por el COVID-19.
Como contraste, los diputados han liberado nada más US$600 millones en desembolsos, de los cuales, solo US$307 millones quedaron disponibles para el Ejecutivo.
Los demás han sido fondos recolectados por el Gobierno a través de diferentes operaciones internas, respaldadas por la ley. Sin este conjunto de acciones, el impacto sobre la economía en general sería más grave.
“Las estimaciones del personal técnico indican que el efecto macroeconómico de las medidas fiscales, si se implementan en su totalidad, será considerable, y en el transcurso del año elevaría el nivel de PIB real de la región en alrededor de 6.7 por ciento, en comparación con un escenario en el que no se adopten medidas fiscales”, subrayó el FMI.