CEJIL ONG

A la doctora Paz y Paz se le acusa de los “delitos de abuso de autoridad, tortura y usurpación de atribuciones”, señalando que dicha instrucción encubría una supuesta persecución penal específica y colectiva contra un grupo de militares, lo que carece de cualquier fundamento

El Alto Tribunal solicitó al Estado que presente información en respuesta a la solicitud de medidas provisionales interpuesta a favor de las víctimas del caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños.

La realización de inspecciones, dice CEJIL, en archivos históricos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) constituye un hito histórico en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

La solicitud busca salvaguardar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y prevenir el riesgo de fuga de los condenados

Este caso es emblemático por ser uno de los primeros en los que se juzga a la cadena de mando y se condena a altos jefes militares

Las organizaciones firmantes encontramos alarmante que las detenciones por violaciones de la cuarentena, incluso las detenciones prolongadas en “centros de contención”, sigan a pesar de las decisiones judiciales

las medidas implementadas como respuesta a esta crisis no pueden ser discriminatorias ni dar lugar a resultados indeseables que impacten negativamente el disfrute de los derechos humanos

Pese a la gran cantidad de denuncias penales e investigaciones en curso, no existen garantías suficientes para que los procesos conduzcan a la verdad y la justicia

En el último año, México, Guatemala, Honduras y El Salvador han implementado medidas y acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos que exponen a las personas migrantes a graves condiciones de inseguridad

La detención la realizó un grupo de policías, que permanecen asediando a las mujeres en huelga de hambre, impidiendo que nadie entre o salga del lugar y cortando el servicio de luz y agua

La Corte IDH valoró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador “podría eventualmente pronunciarse sobre la constitucionalidad de la normativa en caso de veto del Presidente de la República y en caso de que se apruebe la Ley”

El Estado ha impulsado medidas significativas desde la sentencia, algunas de ellas muy importantes, como el dejar sin efecto la Ley de Caducidad, desarchivar y abrir procesos, y generar garantí­as para el acceso a archivos