En el proceso para decidir la imposición de medidas provisionales al Estado, ante la eventual aprobación de la “Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”, el Estado de El Salvador presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una serie de compromisos que deberían ser una garantía de que no se obstaculizará el avance de la investigación, juicio y eventual sanción de responsables en el Caso de la Masacre del Mozote y lugares aledaños.
El Estado aportó un informe suscrito por el Presidente de la Asamblea Legislativa, en el cual expresó que “No existe ninguna intención por parte de esta Asamblea de aprobar una ley, sino cuenta con el consenso y la participación de los diferentes sectores interesados en participar en (esta) temática”. El Presidente de la Asamblea Legislativa también señaló que, además del proyecto de Ley mencionado, dicho órgano estudia la iniciativa “Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto del Conflicto Armado”. El Estado también informó que la Sala Constitucional amplió el plazo a la Asamblea Legislativa para la emisión de normativa sobre reconciliación nacional.
La Corte IDH valoró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador “podría eventualmente pronunciarse sobre la constitucionalidad de la normativa en caso de veto del Presidente de la República y en caso de que se apruebe la Ley”. Además, el Presidente de la República Nayib Bukele, hizo del conocimiento de la Corte IDH, que cualquier proyecto de Ley que le sea presentado, "será examinado teniendo como eje central el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición de las de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos (…) cometidas en el contexto del conflicto armado interno de El Salvador y sus familiares”. De ahí que la Corte IDH considere que no es necesario, por el momento, ordenar medidas al Estado.
Cabe recordar que las medidas fueron solicitadas ante la inminencia de que se aprobara el proyecto de “Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”, que pretende reinstaurar las protecciones que otorgó una amnistía decretada en 1993 a militares y combatientes responsables de graves violaciones de derechos humanos durante la guerra civil de los 80s.
De aprobarse esta Ley, afectaría el proceso abierto por el caso de El Mozote y lugares aledaños, considerada la masacre más grande documentada en la historia reciente de América Latina, así como el derecho de acceso a la justicia de todas las personas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos.
Desde Cejil y Tutela Legal María Julia Hernández exigimos al Estado que no apruebe ninguna legislación que limite el derecho a la justicia de las víctimas.
