Por Carlos Santos
San Salvador, abril de 1981. La ciudad vivía bajo toque de miedo, patrullas nocturnas y listas clandestinas donde una letra y un número podían convertirse en sentencia. En esas horas en que el silencio era obligatorio y la oscuridad era territorio de los cuerpos armados, una mujer fue arrancada de su casa sin explicación, sin orden judicial, sin derecho a preguntar.
Claudia Denise Orozco Mayén, de 32 años, soltera, arquitecta y trabajadora del Ministerio de Salud, residía en la residencial y pasaje Augusta número cuatro, sobre la calle San Antonio Abad, en San Salvador.
La noche del 15 de abril de 1981, a las 11:30 p.m., el terror llegó en forma de operativo. Alrededor de nueve hombres armados, identificados por los familiares como miembros de la Policía de Hacienda, irrumpieron en la vivienda con una seguridad que no necesita permiso cuando se cree dueña de la vida ajena.
Fue la hermana de Claudia Denise quien abrió la puerta. Quizá creyó que era una diligencia rutinaria. Quizá pensó que bastaba con responder y volver al descanso. Quizá, como miles de familias en esos años, no imaginó que abrir la puerta era abrir también el abismo.
Esa decisión —un gesto cotidiano, automático, humano— se convirtió en una herida que no cerró jamás. Durante muchos años la hermana cargaría con una culpa silenciosa, repitiéndose una y otra vez que todo habría sido distinto si no hubiese abierto. Como si una puerta pudiera detener una maquinaria de captura que ya venía escrita desde antes, en tinta secreta, en archivos clandestinos.
Los agentes preguntaron primero por “el hombre de la casa”. Luego dijeron que buscaban “al arquitecto”. Pero un hombre que los acompañaba, vestido de civil, rectificó con precisión:
—No es el arquitecto… es la arquitecta.
Claudia Denise se identificó. Y bastó eso. Sin permitir preguntas, sin explicar motivos, sin mostrar documento alguno, procedieron a capturarla y llevársela de inmediato.
El movimiento alertó a los vecinos. Y entonces ocurrió un hecho que revela el tamaño real del miedo: un coronel, vecino de la familia, salió con una pistola en la mano para intervenir y defender a la arquitecta. Pero los hombres del operativo le advirtieron con brutalidad que hasta él podía ser detenido. El coronel retrocedió. Guardó el arma. Se retiró con miedo. Y desde esa noche, nunca más quiso declarar sobre lo ocurrido, como si la verdad también pudiera encarcelarse.
Desde ese momento comenzó otra guerra: la guerra de una madre y una hermana buscando a una mujer desaparecida en las oficinas donde todo se negaba.
LAS PUERTAS DE LA POLICÍA DE HACIENDA
La madre y la hermana de Claudia Denise llegaron varias veces a las instalaciones de la Policía de Hacienda, en San Salvador. Volvieron durante días, semanas, meses. Tocaron puertas, insistieron, esperaron horas. Regresaron con la angustia en el cuerpo y la misma pregunta ardiendo: ¿Dónde está Claudia?
En esas visitas, lograron hablar con el coronel Francisco Morán, quien —según el relato familiar— negaba una y otra vez la captura, como si negar fuera parte del uniforme.
Pero su negación venía acompañada de otra forma de poder: la humillación convertida en chantaje.
De acuerdo con la versión de la madre y la hermana, Morán afirmaba que, para iniciar una supuesta investigación, necesitaba “favores”. Favores que no eran administrativos ni legales, sino favores sexuales, dirigidos especialmente hacia la hermana de la arquitecta.
Ella se negó. Se negó varias veces. Regresó e insistió aun así, porque la búsqueda de Claudia estaba por encima del miedo y de la vergüenza. Pero en una ocasión, el coronel —según ese mismo testimonio— le dijo una frase que quedó marcada como una ofensa final:
—Usted se parece mucho a su hermana.
Como si con ello quisiera quebrarla. Como si la desaparición no bastara, y también fuera necesario profanar el recuerdo.
Los testigos del uniforme
Los familiares reconocieron al oficial que dirigía el operativo. Lo describieron como un hombre de tez morena clara, de 26 a 27 años, aproximadamente 1.80 metros de estatura, con patillas ralas. Y no fue un rostro aislado: fue un rostro visto de nuevo dentro de la misma institución.
La madre y la hermana lo vieron en dos ocasiones dentro de la Policía de Hacienda:
El 29 de mayo, alrededor de las 5:50 p.m., al salir de la oficina del director; y el 15 de junio, a las 5:15 p.m., cuando regresaron desesperadas a preguntar por el paradero de Claudia.
Aquel hombre vestía de civil y se encontraba cerca del escritorio del comandante de turno, como si el sistema también vigilara a quienes se niegan a rendirse.
Pero la respuesta oficial se mantuvo inmóvil: La Policía de Hacienda negó en todo momento haber participado en la captura y el cautiverio de Claudia Denise Orozco Mayén.
Negaron la captura. Negaron el operativo. Negaron el nombre. Negaron el cuerpo. Y mientras negaban, el tiempo siguió corriendo como corre la vida en los países donde la justicia llega tarde o no llega.
En el registro clandestino del Libro Amarillo, Claudia Denise Orozco Mayén fue identificada con el código: O49.
Un número breve, frío, mecánico. Pero detrás de esa letra y esas dos cifras quedó una familia condenada a vivir sin respuesta.
Y quedó también una madre que nunca dejó de buscar.
Porque esta historia no terminó en 1981. La desaparición siguió viviendo en la casa, en los silencios, en la memoria y en el dolor cotidiano.
La madre de Claudia Denise murió en el año 2013. Y según recuerda su familia, en su lecho de muerte, con la voz quebrada por la última respiración, invocaba una y otra vez el nombre de Claudia, como si todavía estuviera llamándola desde una puerta que nunca volvió a abrirse.
Porque hay desaparecidos que no mueren solo una vez: mueren cada día en la garganta de quienes los buscan. Y hay madres que no se van en paz: se van pronunciando el nombre de su ser amado que el Estado les arrebató.
LA JUSTICIA QUE LLEGÓ CUATRO DÉCADAS TARDE
Décadas después, el nombre del coronel Francisco Morán volvió a aparecer no como rumor de pasillos ni como sombra de oficina, sino como acusado y condenado.
En un fallo histórico, un jurado en El Salvador declaró culpables de asesinato a tres ex altos mandos militares por el homicidio de cuatro periodistas neerlandeses en 1982. Entre ellos figura Morán, junto al general José Guillermo García, exministro de Defensa, y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena.
Cada uno recibió una condena de 15 años de prisión, y el jurado también señaló la responsabilidad del Estado salvadoreño por haber retrasado la resolución del caso durante más de cuatro décadas. Morán fue arrestado en 2022 y permanece bajo custodia en El Salvador. Sin embargo, debido a su estado de salud deteriorado, se encuentra bajo arresto en una clínica, mientras el tiempo —ese mismo tiempo que negó justicia a tantas familias— vuelve a convertirse en refugio para los responsables.
Los periodistas asesinados —Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag— cubrían la guerra civil y fueron emboscados por soldados del ejército salvadoreño en Chalatenango, el 17 de marzo de 1982, según información del gobierno neerlandés.
Y aunque esta sentencia no devuelve la vida, ni responde por cada nombre desaparecido en las noches de 1981, deja un registro final: el coronel Morán no fue solo un apellido temido en la guerra, sino un hombre juzgado por crímenes que el Estado intentó enterrar.
