La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado uruguayo, a Macarena Gelman, a sus representantes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y a la Comisión Interamericana a una audiencia de supervisión de la sentencia, que tendrá lugar el próximo jueves 5 de septiembre en Bogotá, Colombia. Durante esta audiencia, las autoridades estatales deberán detallar a la Corte IDH las acciones que han emprendido para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el año 2011.
A 8 años de dictada la sentencia, todavía existen deudas importantes en el cumplimiento de la misma. Los aspectos que la Corte Interamericana examinará incluyen la obligación del Estado de investigar exhaustivamente todos los hechos del caso, determinando quienes fueron los responsables; el deber de remover obstáculos y tomar medidas para que los procesos por los crímenes de la dictadura avancen de manera pronta y efectiva; la búsqueda eficaz del paradero de las personas desaparecidas, y, en especial, de María Claudia García Iruretagoyena; y el acceso a los archivos e información sobre graves violaciones de derechos humanos.
“La audiencia será una oportunidad para que el Estado refuerce, con la demandante Macarena Gelman, las víctimas de crímenes de la dictadura y sus familiares, y la sociedad uruguaya, su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia efectiva” dijo María Noel Leoni, Directora del Programa para el Cono Sur y Bolivia de CEJIL, quien agregó que “Este compromiso debe necesariamente traducirse en acciones y políticas concretas y coordinadas entre todos los poderes y autoridades estatales, ya que todo el Estado está obligado a poner fin a la impunidad que aún afecta a un enorme número de casos, a reparar integralmente a las víctimas y sus familiares que han esperado décadas por justicia, a buscar a todas y cada una de las personas desaparecidas, y a afirmar con acciones que nunca más Uruguay será responsable de crímenes de lesa humanidad”.
El Estado ha impulsado medidas significativas desde la sentencia, algunas de ellas muy importantes, como el dejar sin efecto la Ley de Caducidad, desarchivar y abrir procesos, y generar garantías para el acceso a archivos. También ha realizado esfuerzos para buscar y encontrar a algunas personas desaparecidas, incluyendo el importante hallazgo de restos humanos esta semana en el Batallón 13, ante lo cual el Estado debe actuar pronta y diligentemente para identificarlos y profundizar la búsqueda en el lugar. Sin embargo, evidenciaremos en la audiencia que estos avances han sido lentos y acompañados, muchas veces, de retrocesos y frenos igual de importantes, que han impedido que los esfuerzos sean efectivos o sostenidos.
Desde CEJIL esperamos que esta instancia pueda contribuir a profundizar los debates sobre las deudas de Uruguay con el pasado, y que genere acciones y compromisos de las autoridades para cumplir cabalmente con la sentencia y con la reparación de las graves violaciones a los derechos humanos de las que es responsable. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, sostuvo: “El caso Gelman ilustra la persistencia de los familiares de las personas desaparecidas en la búsqueda de la verdad y la justicia en América Latina. Aun con los cálculos más conservadores, hablamos de más de cien mil desaparecidos en nuestro continente, y millones de familiares. El dolor de la ausencia y la indiferencia de la justicia frente a crímenes contra la humanidad no solo afecta a las familias de las víctimas, sino a las sociedades latinoamericanas. La falta de garantía de los derechos a la verdad y la justicia frente a las situaciones más extremas erosionan el estado de derecho, la igualdad ante la ley y alimentan la violencia/ o la recurrencia de las atrocidades. Por ello, esperamos que la Corte IDH ayude a impulsar medidas concretas que permitan garantizar los derechos a la verdad y la justicia con la supervisión de sentencia.”
La audiencia que tendrá lugar durante el 62 Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana será privada. La Corte Interamericana podrá emitir una resolución determinando los puntos pendientes de cumplimiento por parte del Estado y las acciones que deberá tomar para reparar efectivamente a las víctimas y cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
