Unas 13 activistas y personas de los derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente la noche del 14 de noviembre, cuando prestaban ayuda humanitaria a un grupo de madres de presas y presos políticos que se encuentran en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua.
La detención la realizó un grupo de policías, que permanecen asediando a las mujeres en huelga de hambre, impidiendo que nadie entre o salga del lugar y cortando el servicio de luz y agua.
Las personas detenidas son Amaya Coppens, Ivania Alvárez, Wendy Juarez, Olga Valle, Olama Hurtado, José Medina, Hanzel Quintero, Atahualpa Quintero, Neyma Hernández Jesús Tefel, Roberto Büstching, Derlis Hernández y Melvin Peralta, quieres fueron trasladas a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote” en la madrugada del viernes.
Tal situación resulta especialmente preocupante debido a las constantes denuncias que se han recibido respecto de hechos de tortura, tratos crueles y degradantes, así como violencia sexual en contra de las personas privadas de libertad, riesgo que se puede acrecentar por el hecho de que algunas de ellas son figuras muy representativas de la oposición, defensoras de derechos humanos y presas políticas excarceladas.
Igual de alarmante resulta la situación de las mujeres que permanecen en huelga de hambre, pues el hecho de que se encuentren privadas de agua potable, puede generar graves riesgos para su salud, ya que llevan casi 24 horas sin ingerir comida y sin contar tampoco con agua o medicamentos.
Estos hechos se dan en un contexto marcado por un incremento del discurso del odio, ataques y hostigamientos contra personas presas políticas excarceladas, defensoras de derechos humanos y medios de comunicación críticos con el gobierno,
Ante tal situación, las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes:
1.Exigimos al Estado nicaragüense la inmediata liberación de las personas detenidas arbitrariamente y que cese el asedio y hostigamiento a las madres de las presas y los presos políticos y el restablecimiento de los servicios de luz y agua en la iglesia.
2.Hacemos responsable al Estado nicaragüense de cualquier afectación sobre la integridad personal de las personas privadas de libertad y de las mujeres que se encuentran en huelga de hambre.
3.Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que se mantenga pendiente y actúe ante el agravamiento de la crisis socio-política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 y ante el recrudecimiento de la persecución y represión que enfrentan activistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y presas políticas.
