miércoles, 4 diciembre 2024

Corte IDH solicita protección ante riesgo que militares guatemaltecos condenados evadan la justicia

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La solicitud busca salvaguardar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y prevenir el riesgo de fuga de los condenados

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó al Estado de Guatemala la solicitud de medias de provisionales solicitadas en favor de la familia Molina Theissen ante el riesgo de que tres de los cuatro militares condenados por crímenes de lesa humanidad, en perjuicio de Emma y Marco Antonio Molina Theissen, obtengan medidas alternativas o la excarcelación.  Esto podría suceder como resultado de una audiencia convocada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, para este miércoles 19 de Agosto de 2020.

Esta audiencia ha sido señalada como ilegal por las representantes legales de la familia en Guatemala en tanto el Código Procesal Penal del país establece que, en los delitos de violación agravada y desaparición forzada, por los que fueron condenados los generales Manuel Antonio Callejas Callejas, Manuel Benedicto Lucas García y Francisco Luis Gordillo Martínez, no procede ninguna medida alternativa a la prisión.

En la solicitud, realizada en el marco de la supervisión de cumplimiento de la sentencia de la Corte interamericana en el Caso Molina Theissen, emitida en 2004, se destaca que esta audiencia se suma a una serie de acciones promovidas por sectores afines al ejército guatemalteco para evitar que la condena quede en firme y que los militares cumplan su sentencia en prisión. Como producto de estas acciones, los sentenciados en el caso lograron evitar su traslado al Centro de Prisión Preventiva “Mariscal Zavala” alegando razones de salud por lo que permanecen en el Hospital Militar, donde cuentan con las condiciones adecuadas para atender cualquier afectación que pudieran presentar.

Al trasladarla al Estado, la Corte IDH le requirió sus observaciones en relación a la solicitud y comunicar de inmediato a la Sala de Apelaciones sobre la interposición de la misma. Además, recordó a Guatemala su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el caso y el deber de abstenerse de recurrir a medidas que pretendan suprimir los efectos de la sentencia condenatoria.

Riesgos graves y urgentes de retroceso en la justicia

A pesar de que la audiencia resulta improcedente de acuerdo con la normativa legal guatemalteca, en la misma se podría resolver de manera inmediata la excarcelación y el beneficio de arresto domiciliario a los condenados. Aún y cuando es posible impugnar esta decisión, el riesgo de que los militares se den a la fuga es muy alto. Hechos similiares ya han sucedido antes, como en el caso Mack Chang Vs. Guatemala, en el cual uno de los sentenciados huyó y más de una década después no ha logrado ser detenido.

Tomando en cuenta estas consideraciones, y el hecho de que los condenados no se encuentran en condiciones de hacinamiento ni riesgo sanitario por la emergencia de COVID 19, CEJIL solicita a la Corte que ordene al Estado guatemalteco abstenerse de adoptar medidas destinadas a garantizar la impunidad de las personas condenadas en el caso Molina Theissen Vs. Guatemala y evite de esa manera un daño irreparable en el derecho de acceso a la justicia de esta familia y de la sociedad en general.

“Los representantes recordamos que esta Corte ha reconocido de manera reiterada que el Estado de Guatemala, ‘tiene un problema grave con respecto a la impunidad que impera en el país, específicamente con relación a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Así, el caso Molina es uno de los pocos en que se la logrado la condena de algunas de las personas responsables y ha sido una esperanza e inspiración para miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado guatemalteco”, señala el texto de la solicitud de medidas.

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Asociación internacional de DDHH, con sede en San José, Costa Rica. Gestiona litigios ante los organismos interamericanos de DDHH
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