Entre el 26 y el 31 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recorrió Chile, en una visita in loco de carácter histórico. La visita responde al pedido de la sociedad civil por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas sociales que comenzaron en octubre de 2019, y que aún no encuentran respuestas efectivas del Estado.
Las conclusiones y las recomendaciones que la CIDH haga al término de su visita se sumarán a las ya realizadas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ACNUDH) y otras observaciones internacionales, y deberán marcar las acciones que urgentemente debe adoptar el Estado para garantizar un cese definitivo a las violaciones al derecho a la protesta pacífica, y un camino para la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Tal y como lo ha establecido la CIDH al anunciar el propósito de su visita, dicho camino debe necesariamente reconocer y responder a las causas que subyacen a las masivas protestas sociales. Sin esto será extremadamente difícil para Chile recobrar la paz social.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) venimos trabajando en Chile y las Américas desde hace casi tres décadas, monitoreando la situación de derechos humanos y acompañando a victimas y organizaciones en sus denuncias, utilizando muchas veces el Sistema Interamericano de derechos humanos para ello. Con base a esta experiencia, en las últimas semanas estuvimos en Santiago, Temuco y Valparaíso, realizando talleres preparativos de la visita, participando de actividades convocadas por la CIDH, y sosteniendo reuniones y entrevistas con organizaciones y movimientos sociales, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familiares. Recogimos información y testimonios relevantes sobre la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, los cuales evaluamos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y las recomendaciones que la CIDH, la Corte Interamericana y otros órganos internacionales de monitoreo han realizado ya al país.
Las movilizaciones sociales que llevan más de tres meses han sido el escenario para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos que se repiten en distintos puntos del país. La represión de la protesta a través del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza; las muertes, traumatismos oculares y otras graves lesiones que han quedado como consecuencia; las torturas, desnudamientos forzados y otros actos de violencia sexual cometidos en contra de personas detenidas en comisarías; y los seguimientos y hostigamientos a las víctimas y sus familias fueron denunciadas reiteradas durante la visita. Asimismo, estas vulneraciones se extienden a rescatistas, personal médico, funcionarias del INDH y periodistas, quienes a su vez enfrentan amedrentamiento, amenazas y seguimientos por parte de agentes estatales.
Pese a la gran cantidad de denuncias penales e investigaciones en curso, no existen garantías suficientes para que los procesos conduzcan a la verdad y la justicia. La CIDH podrá, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), recordar al Poder Judicial el rol fundamental que tiene en sus manos para evitar que sus actuaciones configuren denegación de justicia. En gran medida esto depende de la incorporación de los estándares internacionales en sus decisiones, garantizando investigaciones efectivas y diligentes que permitan la identificación y castigo de los responsables directos y jerárquicos.
A lo anterior, sumamos nuestra preocupación por el alto número de personas que se encuentran procesadas y detenidas en prisión preventiva por presuntos actos violentos durante las protestas, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Muchas de estas personas son consideradas peligrosas para la sociedad y están procesadas bajo la Ley de Seguridad del Estado, la que se ha convertido en una herramienta punitiva para responder con mayor severidad a las manifestaciones. Diversos testimonios recogidos durante la visita de parte de familiares de personas detenidas coinciden en la calificación inadecuada de las conductas investigadas, la falta de pruebas en muchas acusaciones, la aplicación casi automática de la prisión preventiva con base a la presunta peligrosidad de la persona, y las condiciones precarias de detención, que incluyen regímenes de máxima seguridad, módulos de aislamiento, falta de agua y electricidad.
La utilización abusiva de legislaciones punitivas, como la Ley Antiterrorista, y su aplicación sin garantías de debido proceso para criminalizar a dirigentes mapuche por sus reclamos ha sido ya condenado por la Corte IDH en el caso litigado de Norin Catriman, por CEJIL y otros. Nos preocupa que el Estado pueda repetir estos hechos con el uso de la Ley de Seguridad del Estado.
Los testimonios ofrecidos dejan claro que muchas de las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el marco de las protestas tampoco son nuevas. En Temuco, dirigentes y representantes de comunidades mapuche manifestaron que llevan años denunciando el uso excesivo de la fuerza, la utilización del sistema penal y aparatos de inteligencia para criminalizar sus protestas y la falta de justicia para estas violaciones. Como organización representante en el caso de Edmundo Alex Lemun Saavedra, recordamos que la CIDH ya condenó a Chile por el uso ilegítimo de la fuerza por parte de carabineros, sin que hasta la fecha el Estado haya cumplido con adecuar su marco normativo y tomar medidas efectivas para evitar la repetición. Esperamos que la visita y recomendaciones de la CIDH evidencien que el incumplimiento de condenas y recomendaciones internacionales ha impedido la prevención de violaciones similares y contribuido a la impunidad en la que operan las fuerzas policiales.
Asimismo, la profunda desigualdad estructural que existe en el acceso y goce de derechos fundamentales fue ampliamente evidenciada como una causa de las movilizaciones actuales. El ejercicio del derecho a la salud, la educación, y la seguridad social, por ejemplo, están condicionados por marcos legales y políticas sociales que hacen casi imposible su garantía para amplios sectores de la población.
Relacionado con esto, la explotación de los recursos naturales sin perspectiva de derechos humanos y la ausencia de medidas para garantizar el derecho a un medio ambiente sano para toda la población fue un marcado reclamo durante la visita. Desde CEJIL, acompañamos las denuncias presentadas por organizaciones de la llamada “zona de sacrificio” de Puchuncaví-Quintero y de la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, así como de organizaciones y líderes indígenas de la región de la Araucanía respecto de vulneraciones al derecho al agua. Estas denuncias son comunes y se fundamentan en la existencia de un marco legal que privatiza este recurso y que no garantiza su acceso en condiciones de igualdad, poniendo en riesgo los derechos de muchas poblaciones que reciben cantidades de agua diaria menores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Mientras industrias de estas zonas son dueñas del agua necesaria para mantener y extender cultivos y producciones a escala, las poblaciones la reciben dosificada en camiones, ven morir sus animales y plantaciones y enfrentan problemas de salud.
La salida de la crisis actual no será posible sin que se produzcan cambios en la institucionalidad y el marco legal que respondan a las obligaciones internacionales del Estado y garanticen los derechos en condiciones de igualdad. La CIDH podrá contribuir a la construcción de esta nueva institucionalidad identificando las normas y prácticas que no se ajustan a la CADH y aportando recomendaciones sobre los estándares mínimos que deben guiar los procesos de cambio.
Fundamentalmente, la visita de la CIDH dejó en evidencia que uno de los factores que alimentó las protestas fue la falta de espacios representativos de participación ciudadana que permitan canalizar reclamos y propuestas de manera efectiva. Por ello, el ejercicio del derecho a la protesta social ha constituido la herramienta primordial de manifestación para amplios sectores de la población. De ahí que sea fundamental que el Estado no solo realice cambios profundos para garantizar el derecho a la protesta pacífica, sino también para generar espacios democráticos, representativos y efectivos de participación. En ese sentido, es fundamental que el proceso constituyente garantice la pluralidad de voces excluidas de la sociedad.
Estas observaciones son, en gran medida, consistentes con lo ya constatado por ACNUDH y otros informes internacionales. Sin embargo, es extremadamente preocupante que el Estado ha ignorado esos llamados de atención y sus recomendaciones, optando en cambio por impulsar agendas legislativas punitivas y violatorias del derecho de reunión y libertad de expresión e instalar un discurso público de criminalización de las protestas y apoyo a la actuación policial, aun cuando en muchísimas ocasiones ha demostrado ser violatoria de derechos.
Ante esto, consideramos que el análisis de responsabilidades del Estado y el desarrollo de recomendaciones específicas que la CIDH haga a la luz de la CADH y los estándares internacionales contribuyen a una hoja de ruta para afrontar los desafíos de derechos humanos que atraviesa el país. Dicha hoja de ruta debe garantizar justicia, reparación y no repetición para las violaciones ocurridas en las protestas, pero también respuestas efectivas a los reclamos y causas que han llevado al estallido social. En ese espíritu, instamos a la CIDH, al ACNUDH y a la comunidad internacional a continuar el monitoreo cercano a la situación del país y a fortalecer su actividad de amparo de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Finalmente, expresamos nuestro profundo compromiso y solidaridad con los movimientos sociales, las comunidades indígenas y territoriales, las organizaciones de derechos humanos y con todas las personas que han salido a las calles a manifestarse pacíficamente. En sus protestas reconocemos el reclamo de un país donde se garanticen plenamente y con igualdad los derechos de todas las personas.
