Por Alessia Genoves
196 días sin homicidio se reportan durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Más del 46% de los registros corresponden a 169 días transcurridos a la aplicación del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, que busca la reducción de la criminalidad a partir de la aprehensión de un estimado de 70 mil pandilleros activos en el territorio nacional, de las cuales 52 mil habrían sido capturadas; mient ras que aquellas llevadas a prisión preventiva son más del 90%.
653 personas, sin embargo, fueron liberadas desde el pasado 19 de agosto, una cifra que equivale a cerca del 1.3% de la población detenida. Por otra parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) enumera unas 4,640 denuncias recibidas; pero, de los primeros 132 expedientes, apenas observa 7 vulneraciones a los derechos humanos, según declaraciones del titular, José Apolonio Tobar. El dato es superior a las 4,297 denuncias de presuntas vulneraciones a derechos humanos reportadas por el Observatorio de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad “José Simeón Cañas” (UCA), en el “Informe: 100 Días de Régimen de Excepción en El Salvador 2022”.
Estados Unidos observa éstas denuncias a través del Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos. Es necesario recordar que el Congreso agendó un presupuesto de $240 millones de dólares a programas de desarrollo y a organizaciones identificadas como defensoras de los derechos humanos, excluyendo a programas militares. Ésta mañana, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado divulga sus observaciones al Régimen de Excepción, considerando los aporte de organizaciones como la Fundación Debido Proceso (DUE); la Fundación Cristosal, Human Rights Watch (HRW) y la Prensa Comunitaria desde la valoración del periodista Hector Silva Ávalos, último señalado de cometer actos de corrupción en la administración del expresidente Mauricio Funes.
Menos delincuencia
92 días sin homicidios se reportan desde la aplicación del Régimen de Excepción. La cifra equivale al 47.6% de los reportes de la Policía Nacional Civil (PNC), durante la administración del presidente Bukele. Apenas 18 homicidios se reportaron al término del mes de agosto; y otros 13 en el mes de julio, siendo éste último el más pacífico en la historia del país, de acuerdo con declaraciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). La tendencia no sería distinta a los anteriores meses a partir del de abril. El registro marcaría un precedente respecto a las fechas anteriores, situando al país como uno de los más seguros de América Latina.
90% de las más de 52 mil personas detenidas fueron enviadas a prisión preventiva, luego de que las autoridades de justicia observaran algunos indicios sobre alguna presunta pertinencia o colaboración con pandillas. Esta cantidad se sumaría a las más de 17 mil personas detenidas, previo a la administración del actual Régimen de Excepción, con señalamientos de pertenecer a maras o pandillas.
Sin embargo, otras 17 mil personas, pertenecientes a maras y pandillas, aún permanecerían en libertad, de acuerdo con las estimaciones del presidente Bukele. La persistencia de ésta condición justificaría al menos 5 prórrogas del extensión de las prerrogativas del decreto N.º 333, del Régimen de Excepción, a partir del 25 de abril hasta la fecha, por decisión de la Asamblea Legislativa.
$1,16 millones de dólares en efectivo han sido incautados, de la dinero que portaban los activos de maras y pandillas, tras el despliegue de operativos de seguridad. Algunas de éstas cantidades dinerarias tuvieron origen de la extorsión. El dato corresponde al último balance de las incautaciones en el Régimen de Excepción, divulgado por el titular del MJSP, Gustavo Villatoro, en la fecha del 9 de septiembre. En suma, los operativos acumularían unas 6,2 toneladas de droga incautada; más 1,472 armas de fuego y 12,878 teléfonos celulares. En éste contexto, también se reportaría el decomiso de 1,786 vehículos, algunos con pertenencia de maras o pandillas.
Los resultados no son distintos de la percepción de las gremiales empresariales. El 95% de las extorsiones se han reducido, según lo indican síndicos de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans), tras la implementación del Régimen de Excepción. Otro 50% de las extorsiones se han reducido en el sector de industrias, según lo confirma la Asociación Salvadoreña de Industriales (Asi); mientras que entre un 40% a un 80% de las extorsiones se han reducido en el comercio, de acuerdo con titulares de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (Ades).
Denuncias
Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, recibió a las organizaciones definidas como defensoras de derechos humanos, tras recibir al menos 4,297 supuestas denuncias sobre presuntas violaciones a derechos humanos. Desde luego que la cifra no sería superior la de la PDDH; y, de hecho, éste cúmulo de supuestas denuncias recibidas serían cuestionadas por el mismo procurador – ausente en la audiencia del Congreso-. De acuerdo con Tobar, algunas de éstos expedientes no corresponderían a denuncias, sino a arraigos y a documentación que constata la identidad de las presuntas víctimas.
Opacidad, instransparencia y acumulación de poderes, por otra parte, fueron algunos de los señalamientos divulgados, más allá de los informes de resultados, por los representantes de las organizaciones sociales citadas por el Departamento de Estado: “Leonor Arteaga Rubio, Directora de Programas de la Fundación Debido Proceso Legal; Noah Bullock, Director Ejecutivo de Cristosal
Héctor Silva Ávalos, corresponsal en Washington para Prensa Comunitaria e Infobae; y Tamara Taraciuk Broner, directora adjunta para las Américas de HRW”.
Bullock, por su parte, sostuvo que en los centros penitenciarios se estarían generando condiciones de hacinamiento carcelario, debido a la sobrepoblación de reos. Ésta observación habría sido anunciada, desde la aplicación del Régimen, por instancias como al PDDH y por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Entre otras cosas, también presume irregularidades sanitarias en el suministro de agua potable, y sobre la distribución de alimentos. En respuestas de las observaciones, el presidente salvadoreño Centro de Confinamiento del Terrorismo, con una capacidad de contención de “40 mil terroristas”.
Silva Ávalos, por su parte, reiteraría que en el país persistirían condiciones de in transparencia. Además, valoró que el estilo de gobierno de Bukele se compararía con el del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y dijo, entre otras cosas, que parte de la población salvadoreña temería a disentir del gobierno salvadoreño, por una supuesta persecución política. A las valoraciones de Silva se sumaría el reporte de 9 periodistas que decidieron exiliarse, por voluntad propia, de acuerdo con declaraciones de la portavoz de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo.
APES, en su momento, valoraría que las reformas al artículo 345 del Código Penal no sólo buscarían reprimir a los agrupaciones, en la difusión de contenido que genere temor y zozobra a la población, sino que podrían atentar en contra del gremio periodístico. Y diputados representantes de la bancada de Nuevas Ideas, argumentarían que la ley no interrumpiría el ejercicio periodístico, algunos de los periodistas de APES denunciaron al mocionante, Christian Guevara, quien figuraría en la Lista Engel para junio de éste año.
Hay que añadir, por otra parte, que algunos de los periodistas agremiados con APES han admitido que algunas de sus fuentes son maras y pandillas. Carlos Dada, el representante de Diario El Faro, por su parte, ha admitido que su medio ha tenido comunicación con fuentes de maras o pandillas. La realidad de El Faro no es distinta a de medios de comunicación, como Univisión Noticias; y Audiovisuales UCA, para el desarrollo de reportajes, desde el interior de centros penitenciarios.
Fuera de la intervención con el Departamento de Estado, por otra parte, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador y Belice rindió su postura sobre Régimen de Excepción. Por una parte, admitió que los resultados de la política de seguridad se traducen en una contracción en los índices de homicidios y de la delincuencia común, pero indicó que, como institución, la política debería estar acorde con la protección de los derechos humanos:
“Reafirmo mi convicción y compromiso con trabajar por el respeto irrestricto de los derechos humanos como el camino para la sostenibilidad de la erradicación de la violencia y la construcción de una paz sostenible, inclusiva e igualitaria”, fueron sus palabras, tras admitir su simpatía por el Régimen. “El régimen de excepción es una decisión soberana de los Estados”, añade.
