Por Alessia Genoves
“Ninguno” de los $240 millones de dólares que los Estados Unidos (EEUU) entregará al Triángulo Norte serán destinados a “programas militares”, “control de narcóticos” y “educación militar”. La decisión ha sido tomada por el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EEUU. Y no toma en cuenta que políticas de contención, con injerencia militar, han reducido los índices de homicidios en El Salvador, sociados con maras y pandillas.
“60% de los fondos”, por el contrario, serán destinados a programas como los de “investigación y juicio contra funcionarios de gobierno, personal militar y agentes señalados de manera creíble de corrupción”. Bajo acusaciones similares, gremios de periodistas han precipitado denuncias en contra de legisladores, como el diputado Christian Guevara, tras proponer un proyecto de decreto que amplía el Código Penal, en la sanción por la ”elaboración y la reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas” (art. 345-C)
“Lo único que le pedimos a las otras naciones es, que si no nos quieren ayudar, que si no nos dan un dólar por la seguridad de los salvadoreños, que por lo menos nos deje tomar a nosotros nuestras propias decisiones con soberanía. Que nos dejen a los salvadoreños decidir por su futuro”, expresó así su disconformidad el diputado Guevara.
“Intentar censurar a los medios” fue la acusación que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos encaró en contra de la iniciativa de Guevara. La acusación se difundió a través del documento periódico denominado “Lista Engel”; y, entre otras cosas, aconteció con la “suspensión inmediata de visas” y la “vigilancia permanente” en contra del diputado, como de otros 61 funcionarios público del Triángulo Norte.
Seguridad
“70 mil pandilleros activos” es un estimado de personas pertenecientes a maras y pandillas en El Salvador. El dato lo sostiene el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Las autoridades nacionales de seguridad pública, al mismo tiempo responsabilizan a pandillas como la del Barrio 18, la Mara Salvatrucha, la Mao Mao y otras, de participar en la mayoría de los 116,396 homicidios reportados, desde 1994.
“Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales” es el nombre oficial con el que se conoce al Decreto N.º 333, aprobado desde el pasado 27 de marzo de éste año. El presupuesto de ña normativa se justificó con el asesinato de 87 salvadoreños, desde el 25 y 25 de marzo, en los que participaron maras y pandillas. En lo sucesivo, la ejecución del régimen contrajo las cifras de asesinatos a una tercera parte durante los meses de abril (23), mayo (16) y junio (28); respecto a los meses de enero (75) y febrero (67)
“$224 millones de dólares” habrían sido erogados, desde el Ministerio de Hacienda a las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), y programas de seguridad pública, como el “Plan Control Territorial”. El presupuesto responde al año 2020; ya que durante el año 2021, se contrajo a los $220 millones de dólares. Sin embargo, los 1140 homicidios reportados demostraron una contracción aproximada a la mitad, de los 2,398 registrados durante 2021. Es decir, durante la administración del presidente Bukele, hubo una contracción en el 47,5% de los homicidios.
Sanciones
“Intentar censurar a los medios” es la acusación en contra del diputado Christian Guevara, según lo señaló el Departamento de Estado en la Lista Engel. El señalamiento lo comparte con “observadores”, cuyas identidades no se hacen patentes en el informe; y refieren las sanciones de hasta “15 años de prisión la difusión de mensajes pandilleros en los medios de comunicación”, que quedarían patentes en un anteproyecto de ley, con el nombre “Ley de Prohibición de Pandillas”.
El documento al que refieren los “observadores”, en realidad responde a una valoración sobre la reforma del artículo 345 del Código Penal, en el sentido de incorporar el literal “C”, con el fin de sancionar la”elaboración y la reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas”. El documento se aprobó el pasado 5 de abril, con 63 votos a favor.
Entre otras cosas, la reforma implica la sanción de los hechos cuando fueren promovidos en “medios de comunicación” y “tecnologías de comunicación e información”, cuando en ellos se divulgue “mensajes” o “comunicados” de maras o pandillas que puedan generar “pánico o terror en la población” (art. 345, lit. C, inc 2). Se entiende, por tanto, que la ley censura actos de terrorismo, más no actividades estrictamente periodísticas.
En su momento, la Asociación de Periodistas de El Salvador hizo las mismas acusaciones, cuando el proyecto de decreto había sido divulgado. Manifestó que el gremio periodístico se pronunciaría en favor de una “inconstitucionalidad parcial”, alegando el perjuicio al ejercicio periodístico. Por su parte, el legislador, y jefe del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, vindicó su participación en la elección de la reforma, en la que además participaron otros 63 legisladores que no han sido enumerados en la Lista Engels, bajo las mismas acusaciones.
“Las pandillas no van a doblegar la voluntad del pueblo”, manifestó Guevara. Refirió éstas palabras el ejercicio de sus labores como legislador, amparado en el artículo 125 de la Constitución de la República, tras haber sido electo democráticamente.
Más choques con EEUU
Joe Biden y Kamala Harris encabezan la fórmula presidencial que representó a los estadounidenses, y ciudadanos migrantes, durante las elecciones presidenciales del año 2021.Sin embargo, la administración Biden confrontó a la de Bukele, debido a decisiones políticas que juzgó como “antidemocraticas”. Por tal razón, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) decidió recortar el apoyo financiero a instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), y otras de seguridad pública
Puntualmente, denunció la sustitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y la del Fiscal General General de la República; que fueron electos por 77 diputados de la Nueva Asamblea Legislativa. Washington interpretó las acciones como un intento de acumulación de poderes, en los órganos del Estado. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele, justificó a la Comunidad Internacional que las acciones tenían lugar al vencimiento del ejercicio administrativo, y que los nuevos funcionarios habrían sido electos de forma “legal y democrática”.
“Javier Argueta, el asesor jurídico de la Presidencia” fue referido en la Lista Engel, ante los hechos. “Socavó procesos e instituciones democráticas”, sostuvo el Departamento de Estado, al relacionarlo con la elección de los magistrados, que habían sido electos la Asamblea Legislativa, en omisión del Concejo Nacional de la Judicatura, según lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica legislativa.
En palabras de Argueta: “el artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial, que es un mandato que establece la misma Asamblea Legislativa, establece que en caso de sustitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional, o renuncia por cualquier otro motivo legal, la Asamblea Legislativa está obligada a, en el momento de sustituir, nombrar magistrados”. El asesor, con mayor presición, se refiere al artículo 4, iniciso 3 de la Ley Organica de la Asamblea Legislativa.
La nueva Sala de lo Constitucional, posteriormente, emitió una resolución en favor de la posibilidad de una “reelección presidencial”. El fallo queda patente en la resolución 19-11-21, que fue emitida el pasado 4 de septiembre de 2021. En el documento se hacía constar la posibilidad de una reelección de las figuras del presidente y del vicepresidente de la República, haciendo constar que Nayib Bukele no había manifestado -ni ha manifestado hasta la fecha- su participación en las elecciones presidenciales del 2024.
Sin embargo, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador expresó: “Estados Unidos pide al presidente Bukele que demuestre su compromiso declarado con la gobernanza democrática, incluida la separación de poderes y el estado de derecho”. Su opinión secundó a la del vocero de la Casa Blanca, Ned Price, quien “condenó enérgicamente la decisión de la corte salvadoreña en por la reelección inmediata presidencia, a pesar de que la disposición de su Constitución prohíbe la reelección inmediata”.
