Por Alessia Genoves
Lorena Guadalupe Peña es acusada formalmente por el delito de enriquecimiento ilícito. La acusaciones se han ventilado en la Audiencia Preparatoria instalada en la Cámara Primero de lo Civil, de la Primera Sección Centro de San Salvador, y someten a juicio a la ex-diputada y presidenta de la Asamblea Legislativa como a su hija, Ana Guardado Peña. La Corte Suprema de Justicia detalló (CJS), en el Acta 7 de Corte Plena, que los períodos de investigación se remiten a los de su trabajo como diputada, desde 2012 hasta el año 2018, por un monto cuestionado US$277482.54.
US$762,455.00 era, por otra parte, el monto cuestionado en el patrimonio de la ex-diputada y de su hija, sobre la que se disputaron las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, en el curso del proceso judicial, la CSJ admitió la documentación de la acusada que justificaba unos US$484,972.67 de su patrimonio. El proceso que transita a juicio. Sin embargo, las pruebas fiscales que cuestionan el origen lícito del monto restante que hasta ahora se disputa prescinden de las pruebas de descargo de la parte acusada; y, tal y como explicó la Fiscalía General de la República (FGR) a la prensa, se desestimó “una gran parte de la prueba documental que había ofertado la contraparte”. Lorena Peña y su representante legal, sin embargo, han insistido que los fondos tienen un origen lícito; pero que, en efecto, la “CSJ no admitió la documentación”.
Lorena Peña, por su parte, aseguró a ContraPunto que algunos de los documentos con los que la FGR sostenía sus acusaciones, tenían origen no de su patrimonio, sino de la Secretaría de Cultura del FMLN que ella capitulaba. También ofertó documentación sobre de su Informe de Labores 2012-2016, en donde, no obstante, se detalla que parte de los fondos “provenían directamente de nuestro partido” (p.10); es decir, del FMLN. Y aunque la diputada sostiene que ella “jamás manejó fondos públicos”, cabe mencionar que los partidos políticos, como el que ella representaba, también se financian de la deuda pública otorgada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La disposición establecida en el artículo 210 de la Constitución se haría evidente en los registros del Ministerio de Hacienda, que han llegado a documentar emisiones de US$648.270.92 en 2012, a los U$4,818,470.77 en 2018.
Controversia patrimonial
US$277482.54 es el monto que la FGR ha controvertido en el proceso penal que imputa a Lorena Peña. Particularmente, los elementos que justifican las acusaciones de Peña se fundamenten en 8 presuntas irregularidades, divulgadas por la Cámara de lo Civil por un monto de US$140,521.57. El monto restante es de US$136,960.97, e implican en el proceso judicial a la hija de la ex-diputada, Ana Guardado Peña.
Sin embargo, Peña ha reiterado su insatisfacción a los hallazgos del Órgano de Justicia, y a las diligencias fiscales. Aseguró a ContraPunto que la documentación ha sido presentada a las instancias pertinentes, pero que ésta no ha sido recibida. Desde luego, se trataría de los elementos de descargo que responderían al origen de los fondos; y que, según lo aseguró, algunos no corresponderían a su patrimonio. Ésta última aseveración podría responder que algunas de éstos serían exclusivos de los las cuentas de la Secretaría de Cultura del FMLN: “son cheques del Frente, en una cuenta del Frente”.
Cabe destacar que las cantidades dinerarias que someten a juicio han sido cambiantes, al punto de verse reducidas al monto que requiere la FGR actualmente. De hecho, la Sección de Probidad había relacionado a Peña con un monto de US$762,455.00 en 26 irregularidades presuntas. Sin embargo, las pruebas de descargo presentadas a favor de la ex-diputada lograron identificar el origen lícito de al menos US$484,972.67. Y ella aseguró: “Se demostró que todos los señalamientos de probidad eran infundados, pero ellos tienen la misión de condenarnos incluso in pruebas”.
Por otra parte, la ex-diputada también cuestionó los señalamientos en contra de su hija. “Se han ensañado más conmigo que con mi hija. Esa es otra de las cosas que me llaman la atención”, dijo Lorena Peña a ContraPunto. También aseguró, en la entrevista “Las Cosas Como Son” con Josué Nathán Vaquiz (en marzo de 2023), que «Ella trabajó en el sector privado, entre un gobierno y otro. Ella salió del gobierno y trabajó con el sector privado. Entonces, dice: “le pagaron cada mes. Pagó AFP. Pagó Seguro Social. Sin embargo, se desconoce por qué le pagaban”. Entonces, ahora, ¿sabe qué le han pedido?. El informe del trabajo que hacía. Eso ya no tiene qué ver con probidad». E indicó que “sin embargo, ellos dejaron a mi hija como una desempleada, y a saber quién le daba dinero durante esa época”.
Tampoco negó que su hija trabajó en el Servicio del Exterior, ahora Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. La redactora de ésta nota declaró a la ex-diputada que no conoce a su hija, para asegurarle que no tiene ninguna intención dolosa al describir el proceso y mencionarla. Sin embargo, en ésta entrega se nos ha hecho necesario consultar los datos generales de la misma, para comprobar su participación en el gobierno. Y, desde luego, la Hoja de Vida de Ana Virgina constata que participó en la empresa privada antes de ingresar al gobierno, en proyectos como “Contracultura y contrapunta”, en 2011; en el proyecto de “Transparencia Activa”, de 2012 a 2013; y, posteriormente, en Radio revista “El Espacio, Radio La Klave, ARPAS”, desde 2013 hasta los años posteriores.
Sin embargo, Ana Guardado Peña trabajó en el gobierno en un tiempo paralelo en que Lorena Peña trabajó como diputada, y un tiempo inclusive atrás. Por ejemplo, en su hoja de vida declara que trabajó en la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, durante la administración del ex-presidente Mauricio Funes, desde septiembre 2009 a mayo 2013. Otros cargos a los que accedió tuvieron lugar en la Secretaría de Cultura del FMLN, en los períodos de 2012 hasta los años posteriores. Pero también, en un período adicional, trabajó para la institución IREX-Security Acceso to Free Expression (SAFE), una institución privada para periodistas, entre junio de 2013 a septiembre de 2014.
Lorena, sus pruebas, y la CSJ
“Yo he documentado todo”, aseguró la ex-diputada Lorena Peña a ContraPunto. La afirmación, como se ha explicado, ha sido reiterada durante el curso del proceso por la ex-funcionaria. La participación de la acusada en el proceso también implicó que la carga de las imputaciones se redujera, en la medida en que la documentación inicial fue admitida. Sin embargo, al cierre de la Audiencia Preparatoria el monto final en controversia, los US$277482.54, no ha mutado. Ésto es así, porque la CSJ, segú lo informó la FGR, “desestimó la totalidad de la prueba de testigos que ofertó la defensa y también una gran parte de la prueba documental que había ofertado también la contraparte”.
Peña, naturalmente, externo su insatisfacción a las declaraciones fiscales. Por una parte, cuestionó las declaraciones iniciales de la FGR, así como sus aseveraciones categóricas de la CSJ que la implicaban tanto a ella como a su hija, en la rendición de un examen de auditoría que resultó en un “monto no justificado de US$200,885.01”. La aseveración había también sido citada por éste medio, por lo que la ex-diputada se comunicó con la redacción, no satisfecha, sosteniendo que su patrimonio fue justificado y documentado, pero que el mismo no fue admitido. Y cuestionó a ésta redacción “¿y usted no cree que la FGR también miente?”
“Hemos incorporado suficiente prueba documental, que acredita tanto los ingresos lícitos de mi mandante y su grupo familiar, prueba pericial ya elaborada por especialistas y científicos en la materia que acreditan el origen lícito de sus ingresos”, aseguró, en su momento, la abogada defensora de las imputadas durante la celebración del proceso judicial en la Cámara Primero de lo Civil, que se encuentra en el interior del Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador.
ContraPunto solicitó a Lorena Peña una valoración sobre los hechos. Sin embargo, la ex-funcionaria se limitó a manifestar que el mismo “no es un alegato de las pruebas y no la admisión de pruebas”. Más adelante, la ex-funcionaria cuestionó la retórica de la representación fiscal, tras declarar que las acusadas serían procesadas a juicio. En su lugar, indicó que “el juicio lo ordenó la CSJ hace meses, Estoy pendiente de conocer la resolución escrita sobre admisión de pruebas en l juicio injusto que han montado en mi contra, cada prueba q no incluyen es como negar el derecho de defensa”.
Las aseveraciones de Peña podrían constatarse en la ya referida Acta N.º 7 de Corte Plena, de la CSJ, emitida en la fecha del 26 de enero del año 2023. En el mismo documento, se procedió a enviar a juicio el caso, de la Sección de Probidad, para esclarecer el origen lícito de los fondos. También es en ese mismo en donde queda patente la aseveración categórica de que existe un “monto no justificado de US$200,885.01”.
Cabe destacar que el resultado de la orden de investigación se ejecutó tras la votación de 9 de los magistrados, en Corte Plena. La magistratura misma, por otra parte, también sería cuestionada por Lorena, al sostener que 5 de los magistrados fueron “impuestos por Bukele”, tras la elección que se llevó a cabo en la fecha del 1 de mayo de 2021, pero tal y como lo posibilita el inciso 3 del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa.
Algunas de las pruebas de Lorena Peña
Lorena Peña compartió, en su cuenta de usuario de la plataforma social “x.com”, algunas fotografías de su “Información Patrimonial”, con las que pretendería constatar que en sus haberes no existiría enriquecimiento ilícito. En una de ellas se documenta el Balance de Situación Patrimonial del 1 de mayo de 2012, que resultó que la declarante tenía en su patrimonio líquido US$151,000.00; su grupo familiar unos US$6,000.00, por lo que el total de la declaración sería de US$157,000.00. Vale decir que el fondo total de su declaración era de US$172,000.00, pero que del mismo se restarían unos US$15,000.00 del total de pasivos.
Al cierre del período cuestionado, la entonces ex-presidenta de la Asamblea rendiría su Balance en la fecha del 30 de abril de 2018. En la fotografía que comparte, aseguraría la diputada que su patrimonio líquido declarado sería de US$141,089.55; pero que el total general se reduciría a los US$138,323.85. Ésto es así porque de un monto total de US$194,745.34 se restarían unos US$12,661.99 del total de pasivos, y un saldo negativo de -US$2,760.00 en su Grupo Familiar.
“La fgr hace alarde de evadir las pruebas de mi defensa legal. Sin embargo, aún espero justicia por parte de los jueces y juezas encargados. Apegados a la ley verán que soy inocente”, sostuvo la ex-diputada. Insistente en los hechos, compartió a éste medio el documento titulado “Arte y Cultura, Secretaría Nacional. Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Informe de Labores 2012-2016”. De éste documento, sostendría a ContraPunto que la proporción del monto que le implicaba en las presuntas irregularidades patrimoniales era de “casi la mitad”; pero que, como ya se ha mencionado, asegura que no serían de su patrimonio, sino del partido FMLN.
El informe destacaría, en primera persona, que “la oficina de la Secretaría funcionaba con un fondo de operaciones mensuales de US$1,350, con el cual se cubrían todos los gastos de funcionamiento y operaciones que incluían pagos de servicios, pago a personal de limpieza, compra de materiales de oficina y de arte, transporte, gastos de mantenimiento y gastos de logística”. Por otro parte, los gastos de “todas las liquidaciones y registros financieros y contables se entregaban en original a las oficinas centrales de contabilidad del FMLN, tanto de los gastos mensuales, como las liquidaciones por cada proyecto realizado”.
Para detallar el origen de los fondos, el informe destaca que los “proyectos eran financiados con fondos que provenían directamente de nuestro partido, fondos que siempre fueron liquidados por proyecto y entregados al departamento de finanzas. Adicionalmente siempre recibimos apoyo de organizaciones, colaboradores, voluntarios, artistas y académicos que también nos apoyaron mucho con su tiempo”. Sin embargo, el documento no detalla, de forma pormenorizada, el registro de las entregas dinerarias durante los años 2012 al 2016. Pero si las entregas de los US$1,350 mensuales no eran fluctuantes, la institución pudo recibir unos US$16,200.00 anualmente; lo que podría llegar a traducirse en US$96,200.00 en el período consignado; monto que, sin embargo, no puede constatarse en el informe.
Si se compara el patrimonio cuestionado de Peña con el saldo que pudo recibir la Secretaría de Cultura del FMLN, podríamos observar que éste sería superior a la mitad. Por otra parte, se destaca en el informe que parte de los fondos provenían del FMLN. De ésta última institución política, se observa que el Ministerio de Hacienda administra un registro de los fondos otorgados por el Estado en concepto de Deuda para Partido Políticos, iniciando por el de una cantidad de US$648,270.92 para 2012; mientras que en 2013 ascendió a los US$4,843,258.00. Para el año 2014, el monto ya era de US$5,722,760.56; mientras que para 2015, éste bajó a los US$3,799,383.33.
Pero para el año 2016, el Ministerio de Hacienda no registra una emisión de fondos ajena a la de los partidos Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Demócrata Cristiano. Para 2017, sin embargo, el FMLN recibió una deuda de US$2,900,749.19; y para el cierre del año fiscal 2018, se constataría la entrega de $US4,818,470.77 del Estado al partido de izquierda. A la fecha, sin embargo, la FGR no ha pormenorizado detalles a la prensa, sobre la distribución del dinero público a la Secretaría de Cultura del FMLN, institución de la que, como se ha dicho, Lorena Peña sostiene que serían parte de los fondos cuestionados de su patrimonio.
