Lorena Peña es acusada de enriquecimiento ilícito, por la FGR. La ex-diputada del FMLN niega las acusaciones, y sostiene que las autoridades no admiten las pruebas de descargo que declararían el origen lícito la cantidad controvertira de $277 mil
Por Alessia Genoves
Lorena Peña es acusada formalmente de cometer el delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República (FGR) ventila las imputaciones en la Cámara de los Civil de la Primera Sección Centro, en donde también comparecen las versiones de la representante legal de la ex-diputada. La defensa, por su parte, asegura que ha “incorporado suficiente prueba documental que acredita sus ingresos lícitos como los de su grupo familiar” en respuesta de los hallazgos dinerarios que la Físcalía presume no han sido justificados: US$277482.54.
“Mi caso es una persecución política, no tienen pruebas serias, es una campaña mediática”, alega la ex-diputada, sobre el caso al que define como un “lawfare”. Sin embargo, el titular de la FGR, Rodolfo Delgado, sostiene que el proceso no responde a motivaciones políticas, sino a la “base de las obligaciones constitucionales”, es decir, el ejercicio de la investigación y persecución del delito. Y aunque Peña no ha sido vencida en juicio, la institución basa sus requerimientos sobre las “auditorías y las investigaciones realizadas previamente por la sección de probidad”.
ContraPunto ha solicitado la versión ampliada de los detalles de la ex-diputada, ante las disconformidades expresadas por la misma en la cobertura del proceso. Refirió que el abordaje mediático necesitaba ser sustentado con su versión de los hechos. Además, detalló que las imputaciones fiscales omiten la documentación presentada que, como lo informó la defensa en la Audiencia Preparatoria, justifican el origen lícito de los fondos: “la mayor parte de ese monto (US$277,482.54) son de las actividades de Cultura del FMLN que ellos quieren verlas como ingresos a mi persona, que no hay. Y quieren obviar los cheques que indican en que se gastó ese dinero”.
Controversia patrimonial
US$277482.54 es el monto que la FGR ha controvertido en el proceso penal que imputa a Lorena Peña. Particularmente, los elementos que justifican las acusaciones de Peña se fundamenten en 8 presuntas irregularidades, divulgadas por la Cámara de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, por un monto de US$140,521.57. El monto restante es de US$136,960.97, e implican en el proceso judicial a la hija de la ex-diputada, Ana Guardado Peña.
Sin embargo, Peña ha reiterado su insatisfacción a los hallazgos del Órgano de Justicia, y a las diligencias fiscales. Aseguró a ContraPunto que la documentación ha sido presentada a las instancias pertinentes, pero que ésta no ha sido recibida. Desde luego, se trataría de los elementos de descargo que responderían al origen de los fondos; y que, según lo aseguró, algunos no corresponderían a su patrimonio. Ésta última aseveración podría responder que algunas de éstos serían exclusivos de los las cuentas de la Secretaría de Cultura del FMLN: “son cheques del Frente, en una cuenta del Frente”.
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Cabe destacar que las cantidades dinerarias que someten a juicio han sido cambiantes, al punto de verse reducidas al monto que requiere la FGR actualmente. De hecho, la Sección de Probidad había relacionado a Peña con un monto de US$762,455.00, en 26 irregularidades presuntas. Sin embargo, las pruebas de descargo presentadas a favor de la ex-diputada lograron identificar el origen lícito de al menos US$484,972.67. Y ella aseguró: “Se demostró que todos los señalamientos de probidad eran infundados, pero ellos tienen la misión de condenarnos incluso in pruebas”.
Las irregularidades, según Peña
Peña aseguró que “ésta acusación, ellos la basan en tres aspectos. 1) La administración de la cuenta de la Secretaría de Cultura del FMLN, que no es patrimonio mía; 2) mi cuenta personal, porque sólo tengo una, donde me pagan y hago mis gastos. Y 3) mi hija”, explicó lo en el programa “Las Cosas Como Son”, conducida por Nathán Vaquiz. También añadió que “la mayor parte de ese monto, más de US$122 mil son de las actividades de cultura del FMLN, que ellas quieren verlas como ingresos de mi persona, que no hay, y ellos lo saben porque ellos tienen los cheques de esa cuenta”.
También aseguró que “quieren obviar justamente los cheques que demuestran en qué se gastó ese dinero”, que se habrían gastado “en el súper-mercado de mi casa, sino en los conciertos de la Avenida Revolución, en las temporadas de cine que realizamos; en la publicación de más de 10 libros, y la realización de una serie de actividades cuando yo fui secretaría de Cultura para poner a disposición del público el acceso a reflexiones culturales y actividades artísticas”, asegurando que esas partes “no tienen nada qué ver con mis finanzas personales”.
También destacaría que le suma otra irregularidad por US$1,600.00 (aprox). Según lo explicó, el origen de los fondos tiene lugar a la adquisición de viáticos que recibieron de parte del Banco Interamericano$140,521.57 de Desarrollo (BID), para desarrollar una reunión en Rstados Unidos, en el año 2014. En el programa de televisión, compartiría las imágenes con Nathán Vaquiz -que no fueron legibles al público-, haciendo constar “la transferencia que ellos hicieron y el recibo”. Detalló, además, que el hecho fue identificado como una irregularidad, por no hacer alusión la institución beneficiaria a sí misma, con lo que declararía -la institución judicial- que “no tiene la certeza que ésta transferencia sea los fondos que acordó, pese a que ese es el mismo monto, en la misma fecha”.
En última instancia, se refirió a su hija como una de las imputadas. Expresó a ContraPunto: “Se han ensañado más conmigo que con mi hija. Esa es otra de las cosas que me llaman la atención”. Si bien, el saldo de las imputaciones en contra de Ana Guardado es apenas inferior al de Peña, de US$136,960.97, también forma parte del mismo proceso. Según lo explicó a la prensa, “se desconoce por qué le pagaban”, referirse que la instancia requería un “informe del trabajo que hacía”, no admitiendo el hecho de que ella “trabajaba en el sector privado”, como lo indicó Peña.
FGR también fundamenta las acusaciones en contra de Peña por presuntas irregularidades en la “adquisición de inmuebles”. La ex-diputada también añadió “congelaron los bienes que mis padres me heredaron, porque los activos que tengo son de la época de mis padres”. Entre los activos congelados, enumeró su casa y la de su hija, última que ella habría pagado a plazos, por 30 años, pero que “se la han puesto al contado”, pese a que “ellos tienen los contratos de hipotecas”.
El caso sigue
Pese a los alegatos y señalamietos de Peña ante la opinión pública, el proceso civil avanza. Para éste 22 de agosto, se celebró la Audiencia Preparatoria, que ventila el proceso declarativo de enriquecimiento ilícito que se está llevando a cabo en contra de la ex-diputada y su hija, A ellas se les estaría reclamando una condena de responsabilidad civil por la cantidad de $277,482.54 USD.
Ésto quiere decir que el monto es proporcional a las observaciones que recaen en su contra, por la presunta comisión de delito de “Enriquecimiento ilícito”, cuyo morco normativo, en la “Ley sobre entiquecimiento ilícito sobre funcionarios y empleados públicos”, también establece una sanción de “inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, durante el plazo de diez años” (art. 21),
La próxima audiencia se celebrará en la fecha del lunes 28 de agosto, en dónde se dará continuidad al proceso civil. La ex-diputada, entretanto, informó a ContraPunto su disponibilidad para ventilar los documentos que justificarían el origen lícito de los fondos que están en controversia, por lo que se espera que los datos de la cobertura periodística sean ampliados.
