Por Alessia Genoves
Instrucciones de “no procesar a ningún policía o militar” que mate a pandilleros, fueron declaradas por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado. La condición beneficiaría a los los efectivos de seguridad pública que “actúan en legítima defensa de su persona y de terceros”, ante escenarios de confrontación con agrupaciones terroristas, en la declarada “Guerra Contra Pandillas”.
Delgado reafirma la conducta dolosa de las agrupaciones terroristas, ya que, “como organización criminal, ellos actúan deliberadamente para cometer delitos. Obtienen ganancias de la comisión de delitos a cada uno de los salvadoreños. Causan terror en cada una de sus acciones. Llevan luto a los diferentes miembros de los barrios y colonias del país”.
Maras y pandillas, de hecho, han sido identificadas por su participación en la mayor parte de los 116 mil homicidios reportados desde 1994 por la Policía Nacional Civil (PNC). A sus cargos se suma la autoría de delitos relacionados con la extorsión, trata de personas, secuestros, desapariciones forzadas y aquellos de índole sexual. Las autoridades de seguridad pública responden a la contención de un estimado de 70 mil terroristas activos, en cumplimiento con el Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; sin embargo, la cantidad de procesados no es mayor a la de 41,106, por orden de detención administrativa.
Homicidios y asesinatos se han reportado en cifras decrecientes, tras hacer efectivo el Régimen de Excepción. La tendencia acontece tras el reporte de los 87 homicidios perpetrados durante los días 25 al 27 de marzo, mes que acumuló 172 hechos violentos hasta su término. En adelante, los meses de abril (23), mayo (16) y junio (28) reportaron estadísticas menores, incluso respecto a las de enero (75) y febrero (67).
Sin proceso
Delgado declaró girar instrucciones, para que los efectivos militares y los de la Corporación Policial no sen procesados, tras participar en la muerte de pandilleros. Ésta condición sería exclusiva en escenarios de confrontación mortal, que implique el ejercicio de la “legítima defensa”, en aquellos operativos que busquen la detención de miembros o de colaboradores con maras y pandillas.
“Las acciones del ejercito están totalmente justificadas.”, se refirió el Fiscal General, a las actividades que responden al decreto N.º 333, del Régimen de Excepción; y a las recientes reformas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. “He girado las instrucciones en que no se procese a ningún policía o a ningún efectivo militar, que se vea envuelto en éste tipo de acciones. Porque su accionar está totalmente justificado por la ley: ellos actúan en cumplimiento del deber. Ellos actúan en legítima defensa de su persona y de terceros”, detalló.
En el polo opuesto, maras y pandillas deberán responder a la justicia, tras darle muerte a los efectivos de seguridad pública. En las últimas fechas, los 3 efectivos de la corporación policial y un militar de las Fuerzas Armadas recibieron reconocimientos póstumos, tras haber confrontado a las estructuras terroristas, en medio de tiroteos de armas de fuego.
Estos son los resultados del Régimen de Excepción en esta #GuerraContraPandillas.
No nos vamos a detener. 👊 pic.twitter.com/yDTB9nAiXT
— Secretaría de Comunicaciones 🇸🇻 (@ComunicacionSV) July 13, 2022
“Si los pandilleros, en algún momento, fallecen, ha sido por las acciones que pretenden realizar en contra de los policías y en contra de miembros del ejercito”, sostiene Delgado.
Menos homicidios
64 días sin homicidios se han reportado durante los días transcurridos del 2022. El número de personas fallecidas, hasta la fecha, no es mayor a la de 411, de acuerdo con los registros divulgados por la PNC. Pero la cifra aún es alta, en contras con los 197 días transcurridos del año; lo que daría un promedio de 2.08 homicidios por día, hasta el día 17 de julio de 2022.
Sin embargo, los datos contrastan y son menores respecto a la misma fecha, en años anteriores. De acuerdo con los datos recopilados de la PNC, del 1 de enero al 17 de julio de 2021 se habrían reportado al menos 700 homicidios; mientras que en el mismo período del 2020, fueron 642 los registrados. Al mismo tiempo, en 2019 se reportaban ya unos 1,660 homicidios. Ésto podría traducirse a que la cantidad de homicidios durante 2022 es un 75,2% menor respecto a la de 2019, de acuerdo a los cálculos de ContraPunto.
Para sostener la tendencia de homicidios a la baja, Delgado insiste en que políticas de seguridad pública, como las de el Régimen de Excepción “tiene que continuar, mientras sea necesario, y que logre erradicar éste cáncer que se encoraba en las diferentes comunidades”, para lo que el Estado tendría que registrar un aproximado de 70 mil miembros de maras y pandillas en las cárceles. “Los pandilleros, al final de cuantas, son una lacra que deben ser expulsadas en la sociedad”, opinó.
Sin embargo, hasta el 11 de mayo, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP) confirmó la liberación de 168 personas, que habían sido detenidas en cárceles y bartolinas, durante los primeros 15 días de las investigaciones iniciales. A éstos hechos, se suman unos 20 reclusos que perdieron la vida en los centros de contención, de acuerdo con declaraciones de la Fundación Cristosal. El titular del MJSP sostuvo que algunos de los decesos tuvieron qué ver con “complicaciones previas” a las su arresto; y serán hechos por “investigar”.
Pero Delgado insistió: “En ningún momento -el Régimen de Excepción- viola los derechos de los salvadoreños. En primer lugar, se trata de una suspensión de garantías constitucionales. Las garantías constitucionales existen, están establecidas en la Constitución; sin embargo, no todas las garantías constitucionales están suspendidas. Únicamente, aquellas que se refieren precisamente, al manejo que éste volumen de personas, relacionadas a organizaciones criminales, que deben de ser presentadas ante los tribunales de justicia”.
