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miércoles, 12 de mayo del 2021

El fracking como privatización del agua

La marcha del 16J evidencia que hay un sentimiento popular de inseguridad sobre las verdaderas intenciones que tiene la mayorí­a legislativa de derecha al impulsar su anteproyecto de ley general de aguas sin el consenso de todas las partes involucradas en el tema que desde 2006 se discute y que en la legislatura pasada habí­a logrado un consenso importante de artí­culos.   

ARENA ha asegurado que la intención no es privatizar el agua. Pero ARENA arrastra una cadena de mentiras de privatizaciones que prometieron ser beneficiosas para la población como el FOSAFI que saneó la banca estatal para venderla a crédito a los allegados de ARENA y 30 años después seguimos pagando los salvadoreños mientras la banca obtiene ingentes ganancias, ayuda a la corrupción y no va a la cárcel, no promueve la inversión sino el consumismo y no paga impuestos; la ley de la dolarización que estableció un bimonetarismo que jamás existió; la ley de AFPs que promoverí­a una competencia inexistente; la distribución de la energí­a eléctrica que terminó en monopolio; igual vacios, zonas grises y grietas dejadas a propósito en el Código Tributario para permitir la elusión, triangulación fiscal e ingenierí­as tributarias e imponer un sistema regresivo de impuestos.

Por todo eso hoy, creerle a ARENA, que su anteproyecto del agua es para el bien común es difí­cil. Uno no es lo que dice sino lo que hace.

¿Asegura esa ley que el agua será para todos? ¿Qué no se intensificará la privatización de distribución que ya existe o la introducción de la extracción del agua como otra manera de privatizarla? ¿Demostró ARENA en qué otros paí­ses del mundo se ha incluido a los privados en la regulación del ente hí­drico nacional y cómo ha funcionado como para no desconfiar al dejar un sospechoso balance a favor de la corriente privatizadora en la junta directiva? ¿Por qué deja a esos directivos la potestad de establecer tarifas y si esto no es un riesgo de aumentos desproporcionados contra la población so pretexto de mejoras y ampliación al sistema de distribución? Como ya sucede con la energí­a eléctrica. ¿Por qué su ley deja solo a criterio técnico el manejo del recurso hí­drico cuando el problema de agua demanda una solución biosférica, es decir, de solidaridad colectiva y esa es inevitablemente una decisión de voluntad polí­tica? ¿Pagaran impuesto los pozos domiciliares?

La población acostumbrada a la decepción de la palabra dada por los polí­ticos no le cree a ARENA. Y la experiencia demanda no creerles. La repercusión del tema agua ha encendido las alarmas dentro del pueblo y, si podemos identificar una fecha y causa por las que ARENA perderá las elecciones presidenciales en 2019  es por lo sucedido estos dí­as.

Los votantes no le darán el poder total a un partido polí­tico con un candidato que sigue sin definir claramente que no o cómo avanzará en el proceso de privatización de la riqueza nacional.

El agua es un recurso geo estratégico. ¿En que lista está El Salvador? En la de los paí­ses como Canadá, Rusia o Brasil que tienen abundante agua o ¿estamos más cerca del dí­a cero donde tendrán que asignarnos 25 litros de agua para consumo personal porque los chorros se secaron? Como en Ciudad del Cabo. No nos lo dicen. Y eso es sospechoso.

La ley de aguas de ARENA no prohí­be el fracking o fracturación hidráulica. La creencia provinciana es que este sistema solo se utiliza para extraer petróleo, pero si bien eso es cierto, antes hay que extraer agua y, es esa parte del proceso de extracción petrolera que podrí­a usarse a gran o mediana escala en El Salvador para poder ya con el sistema de distribución privatizado generar un gran negocio o un poderoso monopolio.   

El fracking para extraer agua/petróleo está muy de moda en Estados Unidos y México y, teniendo en cuenta, que ex ministros de ARENA como Manuel Enrique Hinds que hicieron lobby por la minerí­a metálica; Miguel Lacayo que avaló el robo italiano con CEL-ENEL; Francisco Bertrand Galindo con Tacuzcalco-Salazar Romero que suelen aparecer como «influencers» a calmar a la ignorante plebe anti progreso azuzada por rojos y mesiánicos cuando esta clase de negocios están a la vista como está sucediendo con el tema hí­drico es igualmente malicioso.

Si asociamos agua a energí­a/alimentos el negocio es redondo para quien logre controlarlo, de allí­, que en el anteproyecto de ARENA haya una dirección de agricultura y riego y exima a los industriales de la responsabilidad de responder por los daños a la ecologí­a dejándoselo al Estado y exista un interés de tipo económico creciente de reformar la tenencia constitucional de la tierra.  

El pueblo ya aprendió que el silencio (como con sus diputados) en ARENA es trampa. Lo peor que nos podrí­amos hacer una vez que la derecha tiene el control legislativo y gracias a ello terminaran eligiendo una CSJ a su favor lo menos indicado por higiene polí­tica es darles a quienes ya antes privatizaron bajo la idea de capitalismo de amigotes también el control del ejecutivo ahora. Los votantes –luego de 30 años de bipartidismo torpe- tienden al equilibrio no a los cheques en blanco.

Corolario:

En Bolivia la derecha y las transnacionales hicieron un proyecto de ley de aguas que la privatizaba y no solo, también, asignó un impuesto al agua de lluvia. Semejante ocurrencia «técnica» indignó a los indí­genas aimaras que organizaron una revuelta. ¿Quién fue el lí­der de aquella protesta? Evo Morales y por eso lo hicieron presidente.

Y algún periodista despistado podrá decir de los bolivianos: «ese es un pueblo poco pensante» pero en EE.UU. el llamado cinturón bí­blico e industrial, el que la sique social define como el verdadero estadounidense, por miedo y venganza contra esas elites privatizadoras votó por Trump.

No hay que creerle a ARENA nos encaminamos –según el Pentágono estadounidense y Goldman Sachs- hacia el neoliberalismo global acuí­fero-agrí­cola. Al ir escaseando el agua aumentan y encarecen las exportaciones de comida. Tras esa ganancia van quienes desean controlar el agua.

Marvin Aguilar
Marvin Aguilar
Analista político

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