Por Alessia Genoves
“No se identificaron personas fallecidas de la población LGBTQ+” en los Centros Penales, concluye la última investigación de la Fundación Cristosal, titulada “Un año bajo el Régimen de Excepción: una medida permanente de represión y de violencia a los derechos humanos”. En el informe se enumeran al menos 153 muertes de personas internas; no obstante, hasta el pasado 14 de junio, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, informó ante la prensa que al menos 142 de los hechos registrados serán enviados a archivo, porque “no existe delito qué perseguir”.
37 personas LGBT han sido sometidas a procesos de detención carcelaria, hasta el mes de diciembre de 2022. Los procedimientos responden a la presunta participación o pertenencia con maras y pandillas; además de acusaciones como los delitos de extorsión, resistencia y hechos de violencia. Entre las personas detenidas, ContraPunto identifica a Kery Allison como una de las personas detenidas y sometidas a juicio, desde el pasado 8 de mayo del año 2022. 4 denuncias por la presunta comisión del delito de extorsión definieron el orden de sus imputaciones
Carolina Molina, sobrina de Keiry, informa a ContraPunto que su tía ha permanecido en prisión durante más de un año, mientras las autoridades judiciales aún no han confirmado indicios que confirmen las razones por las que permanece en prisión, Ex-Cárcel de Mujeres, donde convive con población mixta entre hombres y mujeres. Los días han transcurrido, y Keiry es una de entre las 70,000 personas que han sido detenidas en el contexto del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, una herramienta complementaria al Plan Control Territorial para la contención de homicidios.
Nulo también ha sido el registro de personas LGBT asesinadas en el último año del gobierno del presidente Bukele. Los datos son el resultado de consultas múltiples desarrolladas por ContraPunto, a 4 diferentes organizaciones afines, entre ellas la Fundación Cristosal, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh), la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans) y la organización Amate, a la fecha del 3 de febrero del año 2023. Los registros nulos son iguales a los del año anterior.
Menos homicidios generales y LGBT
Cero homicidios a personas LGBT han sido reportados, en el último año transcurrido desde el 1 de junio de 2022 al 21 de junio del año 2023. por organizaciones LGBT. Como se ha informado, la cifra es equivalente a la del año anterior; sin embargo, durante los primeros 4 meses del año, la organización Comcavis Trans anunció a la prensa sobre el avistamiento de al menos 1 hecho de violencia, que acabó con la vida de al menos una mujer trans “sin expresión de género”. Por otra parte, en el último trimestre del año 2022, se reportó al menos un suicidio de una mujer trans, conocida como “Chokolatito”.
ContraPunto observa que las cifras de homicidios intencionados han llegado a reducirse considerablemente desde el año 2015; pero los homicidios a personas LGBT no han dejado de reducirse sino hasta el año 2017. Justamente, el año 2017 se reportaron hasta 17 homicidios hacia personas LGBT, mientras que el número de homicidios intencionados en el país era de 3,962, suponiendo aún una reducción del -24.9% respecto de los 5,276 reportados en 2015. En el año 2018, las personas LGBT asesinadas eran 16; mientras que el número de homicidios intencionados apenas mostró una reducción del -15.5% respecto del año anterior, siendo de 3,346 personas.
10 homicidios de personas LGBT se reportaron al cierre del año fiscal 2019; mientras que el número víctimas de homicidios intencionados era de 2,390, suponiendo una contracción del -43.8%. Asimismo, para el año 2020, la cantidad de personas LGBT asesinadas era de 8; mientras que la cifra general bajó al -43.8%, en una resultado de 1,341 casos. Finalmente, en el año 2021, la cantidad de víctimas LGBT asesinadas era también de 8; mientras que el número de homicidios intencionados bajó al -14.46%, saldando un total de 1,147 homicidios intencionados.
495 homicidios intencionados llegaron a cuantificarse en el año 2022, de acuerdo con los reportes oficiales y periódicos de la Policía Nacional Civil (PNC), institución fuente de las cifras referidas anteriormente. El dato supone una contracción de hasta el -56.84% de los homicidios respecto a los del año anterior; mientras que el gobierno reportaría al menos 69 homicidios intencionados, hasta el 24 de junio de 2023. El Gobierno de El Salvador (GOES), en consecuencia, atribuye al Plan Control Territorial y al Régimen de Excepción los resultados consignados; que, sin embargo, han sido controvertidos por reportes hemerográficos y fuentes alternas como la Fundación Cristosal.
Más Justicia LGBT
ContraPunto observa que al menos 7 homicidios de personas LGBT han recibido justicia, desde los años 2020 al 2023. Los hechos de sangre involucran a 9 diferentes personas, entre ellos 3 agentes policiales, y 5 miembros de estructuras terroristas. Otro hechos de sangre consiguió la judicialición de un “cómplice no necesario de asesinato”, por la muerte de una personas transgénero, cuyo cuerpo fue “decapitado y desmembrado”.
“Crimen de Odio”, esa fue la definición jurídica que consiguió el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, en la fecha del 21 de febrero del año 2021. El hecho que fue inicialmente divulgado por la FGR, fue posteriormente verificado y confirmado por ContraPunto, al tener acceso al expediente: 265Z-4A3-18 de dicho tribunal, dentro del que también se destaca un informe de la Procuraduría General de la República (PDDH) de la entonces titular, Raque Caballero de Guevara, para llevar a buen término el juicio en contra de los culpables. El fallo condenatorio resultó en la administración de justicia para Edwin Geovanni Méndez (66 años de prisión); a Anibal Alfredo Melara y a Carlos Antonio Molina (60 años de prisión), y en favor de las vícitmas: Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez, ambas asesinadas en febrero de 2017.
Camila Díaz Córdova también ha sido otra de las víctimas que recibió un fallo favorable por la administración de justicia. La mujer transexual perdió la vida en la fecha del pasado 31 de enero de 2019, tras atendida por un cuadro de vapuleo y laceraciones en su cuerpo medio. El hecho fue ventilado en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, consiguiendo condenass de hasta 20 años de cárcel contra “Valentín Rosales Carpio, Jaime Geovanny Mendoza y Luis Alfredo Avelar”, tres ex-policías, al ser vencidos en juicio por los delitos de “homicidio agravado” y por “abuso de superioridad”.
No obstante, el primer hecho en sen condenado fue el de la víctima transexual identificada por las siglas “MAHC”. Fue asesinada en la fecha del 2 de junio del año 2014; mientras que se juicio se ventiló en el Tribunal Primero de Sentencia de San Luis Talpa, La Paz. El fallo condenatorio definió como responsables a 7 diferentes personas, miembros de la Mara Salvatrucha, en la fecha del 24 de febrero del año 2020, de acuerdo con el expediente 467-183-19. La víctima fue descuartizada, decapitada y semi-enterrada en 7 partes, en un terreno baldío.
También recibieron prisión Iván Antonio Hernández (20 años) y Karla Gutiérrez (15 años), al ser vencidos en juicio pro el asesinato de una “víctima envuelta en sábanas”, identificada como “transgénero”, en la fecha del 25 de agosto del 2018. El fallo tuvo lugar el 5 de abril de 2022, y fue dictado por el Tribunal 5º de Sentencia de San Salvador.
Acribillada fue otra personas “de la comunidad LGBTi” en la fechad el pasado 20 de octubre del año 2017, en Cuscatancigo. La FGR consiguió imputaciones de hasta 20 años de cárcel contra “Henry Geovanny Hernández Fuentes, Marvin Wilmar Sánchez Gaitán y Josué Gabriel González”, identificados como “terroristas”. El fallo fue administrado por el Tribunal Primero de Sentencia, en la fecha del 2 de febrero de 2021.
Alexa Landaverde fue, por otra parte, encontrada en un pozo el pasaso 28 de enero del año 2022. La mujer transexual, de 19 años de edad, había sido reportada como desaparecida en diciembre del año 2021. La FGR consiguió validar las pruebas de sus investigaciones ante el Juzgado 2º de Sentencia de Santa Tecla, para administrar una pena de 25 años de prisión contra la ex-pareja de la víctima, José Elías Morales Hernández.
Falta Identidad de Género
Reconocimiento al derecho a la identidad de género auto-percibida, y cambio de nombre coherente con la identidad misma, son dos de los derechos que han sido demandados de forma reiteradas por organizaciones sociales, entre ellas, las adscritas a la Mesa Temática por una Ley de Identidad de Género de la PDDH. La primera demanda ha sido tramitada ante la Asamblea Legislativa, en fecha de agosto del año 2021, apenas cuatro meses desde que la propuesta que fue admitida por la presidencia -en 2018, fuera enviada a archivo, junto con otras 300 propuestas, al juzgarse como “obsoleta y no acorde a la realidad nacional”.
La propuesta volvió a recibir la moción de los diputados del Grupo Parlamentario del FMLN, con la firma de la diputada Anabel Belloso; y con la firma del Grupo Parlamentario del partido Nuestro Tiempo. Hay que recordar que en la fecha del pasado 17 de mayo, diputados como Norma Lovo, del partido Nuevas Ideas, recibieron el comunicado de la Mesa Temática, para conocer sus petitorias. Sin embargo, a la fecha, no se ha divulgado el trámite de la discusión parlamentaria, a la comisión a la cual fue tramitada. Por otra parte, también hay que hacer notar que pocas son las iniciativas de los grupos parlamentarios de la oposición, que han sido llevados a discusión de comisiones, y al pleno en la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, en lo que compete al derecho al nombre, la Sala de lo Constitucional resolvió a favor al demanda de organizaciones sociales interpuesta en 2017, para dictar un fallo favorable a una inconstitucionalidad paricial sobre la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN), para ordenar a la Asamblea Legislativa una re-adecuación que responda a la identidad de género de las personas demandantes. El fallo se dio a conocer el 22 de febrero del año 2022, y puede citarse en el expediente “33-2016-195-2016”, y ordena, además, que sus requerimientos se cumplan en un plazo no mayor a un año. Sin embargo, las organizaciones antes referidas han denunciado que el trámite no ha procedido, tras más de 100 días de retraso -a la fecha-; mientras que diputados como Marleni Funes, del FMLN, indicó a ContraPunto que desconoce si la Asamblea Legislativa ha solicitado prórroga para dar respuesta a la solicitud.
Disconformes con la falta de información y respuesta, Comcavis, Aspidh, el Colectivo Alejandrías, Dike+ El Salvador y HT El Salvador han requerido ante la Corte Suprema de Justicia, a través de un escrito de audiencia, para solicitar respuesta ante el incomplimiento del plazo. El trámite tuvo lugar el pasado 17 de mayo de éste 2023, día en que se celebra la no discriminación hacia las personas LGBT, en conmemoración a la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la despatologización de las personas humanas por su orientación sexual, en el Manual de Diagnóstico de Transtornos y Enfermedades Mentales.
La orden de la Sala de lo Constitucional, pues, no ha sido cumplida. Y ya han habido consecuencias. Una de ellas tuvo lugar en el Juzgado Tercero de Familia, que ha depuesto el cumplimiento de la Sentencia a favor del cambio de nombre del agente de seguridad Aldo Alexánder Peña, a través de un recurso de amparo solicitado por la Unidad de Estado Familiar de la Alcaldía de San Salvador. ContraPunto accedió a la Setencia 249-2022, de la Sala de lo Constitucional, que hace constar lo patente, donde se alega que “no se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”.
Es decir, no se cuenta con una LNPN adecuada a personas trans, para hacer valer el cambio de nombre de Aldo Peña. Una situación similar fue denunciada por la abogada salvadoreña, Karla Guevara, quien interpondría una apelación al recurso de amparo. En opinión de la abogada, la demanda de la Unidad “no es pertinente, porque las sentencias que se establecen en los Juzgados de Familia son precisamente a través de la normativa Internacinal, a través de la Opinión Consultiva 24-7; y a través de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, no se ganaron con normativas nacionales; y la Constitución dice bien claro que al no existir una normativa secundaria nacional, se puede acudir a los tratados internacionales”.
