Por Alessia Genoves
Sin Ley del Nombre para personas trans. 84 días han transcurrido desde el período límite establecido para que la Asamblea Legislativa sancionara una reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPNP) y normativas secundarias que posibiliten el cambio de nombre y de género a favor de hombres y de mujeres trans. El imperativo responde a un resolución de inconstitucionalidad establecida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Supera de Justicia (CSJ), para subsanar la necedad al derecho del nombre que con la ley vigente generaba “un trato discriminatorio injustificado” y sigue siendo “lesivo a dignidad humana”.
Reiteraron la demanda ante la CSJ, con un escrito de audiencia, para expresar su disconformidad ante la inasistencia de la Asamblea a la orden de la Sala, tras el vencimiento del plazo. Por otra parte, la diputada del partido FMLN, Marleny Funes informó a ContraPunto que la Asamblea puede acudir a la prórroga tras el vencimiento del plazo. A éstas alturas, lo diputados de la oposición legislativa han declarado su desconocimiento al proceso; y los del partido Nuevas Ideas -la mayoría legislativa- aún no han rendido detalles del mismo.
ContraPunto recuerda a sus lectores que las demandas por una reforma a la LNPN se han hecho patentes en años anteriores, a la CSJ. Éste medio acompañó a organizaciones denunciantes como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh), la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), en la demanda por la inconstitucionalidad parcial, en 2020. A la fecha, la ausencia de reformas o de una normativa secundaria en competencia sigue generando afectaciones a personas LGBT.
Identidad trans paralizada
Karla Avelar es una de las salvadoreñas denunciantes, cuyo nombre también permanece infrascrito en la Sentencia que nos acomete en éste reportaje, que se halla en el expediente “33-2016-195-2016”. Las observaciones de la demandante, junto con la de otros activistas ha posibilitado un ordenamiento jurídico a favor de las personas trans, desde un tribunal superior. Sin embargo, las condiciones actuales no han rendido efectos. En última instancia, informó ésta mañana que su situación jurídica está en controversia; y que, además, el Estado salvadoreño ha omitido dar cumplimiento a denuncias judiciales interpuestas desde 2017.
“Se ha sumado mi caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el pasado 31 de enero”, recordó a la prensa la activista. Detalló, también, que a sus quejas se suma el supuesto “no reconocimiento de mi identidad de género en mis documentos oficiales”; así como “la falta e investigación ante hechos de violencia cometidos contra mí y también contra mi madre” y el posterior “desplazamiento forzado hacia un país extranjero”.
Mónica Amarantha Linares, representante de Aspidh, también lamentó que su situación jurídica se viera controvertida en los juzgados de familia, según lo expresó a la prensa el pasado mes de febrero del año presente. Condición similar es el de otra decena de activistas y ciudadanos salvadoreños; y que no omite las que acudieron a las referidas instancias con una resolución favorable en 2022: la abogada Karla Guevara y el agente de seguridad, Aldo Alexander Peña.
Guevara y Peña habrían sido, por tanto, los primeros ciudadanos salvadoreños que obtuvieron un cambio de nombre y de genero en sus documentos de identidad, desde el Juzgado Primero y Tercero de Familia, respectivamente. Sin embargo, el proceso sería solado desde la Alcaldía Municipal de San Salvador, en perjuicio de los demandantes.
ContraPunto adquirió una copia de la Sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional, que responde a la resolución del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. En la misma figuran las siglas de EHE y de JJAAC, última de Juan José Azcena Catán. Su alegato al incumplimiento de la orden judicial responde, entre otras cosas, a que no se contarían con los elementos legales para favorecer a los demandantes; ergo, tal vacío comprometería a la administración pública.
“No se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”, indica la resolución de amparo. También, advierte que el presunto registro de “dos nombres y dos géneros” “crearía una incertidumbre jurídica con relación a la identidad de la persona”, que podría evitarse ·si la patada se anulara con base al art. 24 LNPN” para “crear posteriormente una nueva partida”.
ContraPunto consultó a Guevara, una de la afectadas. Bajo la premisa de si la resolución de amparo era pertinente, para adecuar el cambio de nombre y de genero, ésta fue su respuesta: “No es pertinente, porque las sentencias que se establecen en los Juzgados de Familia son precisamente a través de la normativa Internacinal, a través de la Opinión Consultiva 24-7; y a través de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, no se ganaron con normativas nacionales; y la Constitución dice bien claro que al no existir una normativa secundaria nacional, se puede acudir a los tratados internacionales”.
Plantón a la Asamblea
La observación de EHE y de JJAAC también se retoma desde la propuesta de la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, ésta fue enviada a archivo el pasado mes de mayo, junto con otras cintas de propuestas, bajo el argumento que “no son acordes con la realidad nacional”. Las valoraciones han sido denunciadas por las organizaciones LGBT, quienes sostienen que las demandas siguen vigentes, tal y como lo expresaron ésta mañana, en un plantón organizado frente al portón Sur de la Asamblea Legislativa.
Amalia Leiva, representante de la Fundación Cristosal y activista política, fue crítica repescto a los hechos: “Ninguna mayoría legislativa elegida bajo elección popular puede pasar por encima de la Constitución”, refiriéndose al partido oficial, Nuevas Ideas, al ser el que tramitó el archivo de las ya mencionadas propuestas de ley. Sin embargo, no se pueden aludir responsabilidades completas a la fracción parlamentaria, ante la falta de respuesta a la Ley del Nombre. De hecho, fue el diputado Romeo Auerbach, del partido de GANA, quien expresó que no estaría a favor de una Ley de Identidad de Género tramitada desde Nuevas Ideas.
“Por mis principios, no pudiera votar”, justificó Auerbach en el programa “Las Cosas Como Son, con Josué Nathan Vaquiz”, y refieren a las iniciativas que buscan reafirmar el estatus jurídico de las personas transgénero y transexuales en El Salvador. El diputado del partido de gobierno compartió una respuesta a un escenario hipotético; sin embargo, omitió referirse a la orden que tiene la Asamblea Legislativa, para reformar la LNPN a favor de las persona trans, que decretó la Sala de lo Constitucional.
La única respuesta a la resolución ha sido divulgada por la diputada Suecy Callejas Estrada, del partido Nuevas Ideas, durante el diseño de la Ley Crecer Juntos. En la misma, dejó claro el plazo de un año, al mandato de la Sala de lo Constitucional; pero sin que éste sea aocmpañado hasta la fecha: “No nos manda a nosotros a pronunciarnos sobre ese tema, sino solamente a enumerar cuáles son las causales por las que una persona natural puede cambiar su nombre. Y para eso nos da un año, como Asamblea, para poder resolver éste tema”.
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