Por Alessia Genoves
Keiry Allison es una mujer transexual y está en ex-cárcel de mujeres. Es una entre las 37 personas LGBT identificadas, que han sido detenidas en prisión durante la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, de acuerdo con el registro más vigente de la Fundación Cristosal. Su sobrina Carolina Molina, detalla a ContraPunto que las autoridades judiciales aún no han encontrado indicios que confirmen las razonas por las que permanece en prisión.
7 meses ha permanecido Keiry en el recinto penitenciario, desde que las autoridades civiles exhibieron su aprehensión, el pasado 8 de mayo. 4 denuncias por la presunta comisión del delito de extorsión definieron el orden de sus imputaciones. Las autoridades informan a Molina que su tía permanecería interna en los próximos seis meses, para definir si deberá responder a una pena carcelaria o no.
Molina confiesa sus anhelos por ver a su tía en libertad. Entretanto, como Keiry han permanecido 2,100 personas en prisión, hasta ser liberadas, según lo confirma la titular de la Procuraduría para al Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero. El dato se aproxima a las estimaciones del titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro y se diferencia del total de personas detenidas, cuantificadas en una cifra de 60,475.
Keiry en ex-Cárcel de Mujeres
Molina informó ésta semana a ContraPunto que su tía ha sido trasladada a ex-Cárcel de Mujeres, en Ilopango (San Salvador). Hasta el mes de agosto, el recinto penitenciario respondía al nombre del Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres, mismo que definía su propósito. Antes de ello, la organización Diké+ LGBT confirmó a ContraPunto que la incoada se encontraba en el Centro Penitenciario de Santa Ana, Apanteos, mismo al que había sido desplazado el pabellón exclusivo para personas LGBT.
Autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) han actualizado sus directrices. Hasta ahora, ha dejado de albergar exclusivamente a población femenina. Según lo informa el personal de la institución a la prensa, “ya no es de mujeres, sólo hay hombres”, un juicio orientado al sexo biológico, más no a la identidad de género.
Molina, sin embargo, habría sido informada que las personas LGBT serían separadas de la población penitenciaria común: “Según tengo entendido, todas ellas están aparte, sólo personas de la diversidad gay”. Aunque datos sobre el desplazamiento del pabellón no habrían sido aún divulgados por la DGCP públicamente.
“Ya cumplió 7 meses y no dan noticias. Ayer hablé con el abogado, y me dijo que llegue el otro año, porque han pedido 6 meses más de investigación”, indicó su sobrina. Sin embargo, en el curso de esa investigación aseguró Molina que a Keiry “no le encuentran nada, pero no la liberan”.
Keiry deberá pasar otros 6 meses bajo custodia policial. Como dijo su sobrina, las autoridades habrían instigado los cargos de extorsión, de los cuales se le adjudican 4 denuncias. Sin embargo, Molina detalló que ésta semana que su tía era procesada ahora por “agrupaciones ilícitas, nada más”.
“Mi tía es una persona trabajadora”, reiteró Carolina. “La acusan de cobrar extorsión, cuando no es así. Todas las personas de Soyapango la conocen; y saben que es una persona trabajadora. Es rescatista y estilista”, indicó en redes sociales. “Es una injusticia. Se la llevaron sin dar alguna explicación”, lamentó.
Mujeres trans y su trato en prisión
37 personas LGBT han sido identificadas como parte de la población penitenciaria, incorporada desde el Régimen de Excepción. Éste dato corresponde a las últimas investigaciones titulada “Situación de Derechos Humanos en el Régimen de Excepción”, con participación de la Fundación Cristosal y de la Fundación Amate. La cifra circunscribe al caso de Keiry, y se suma en el acumulado de 830 personas LGBT privadas de libertada hasta el año 2021; por lo que el resultado sería de 867.
60,475 es el total de personas detenidas en centros penales, que engloba a la LGBT. Las acusaciones responden, entre otras cosas, a la presunta participación de maras o pandillas; mientras que otras 2,100 habrían recuperado su libertad. El MJSP sostiene que el número de personas llevadas a prisión preventiva responde a una proporción del 90%, que englobaría a la diferencia de las detenidas respecto de las liberadas, con un margen del 5% en aquellas que no han sido procesadas.
La convivencia penitenciaria ha sido cuestionada por organizaciones como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris). Expuso ante la prensa, el pasado 9 de marzo -19 días antes de la institucionalización del Régimen- que el 90% de las mujeres trans en centros penales sufre algún tipo de discriminación o vulneración a los derechos humanos.
26.3% de las denuncias, sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos contra personas LGBT, se establecerían contra el personal penitenciario; y el 32.9% contra guardias y custodios. Mientras que apenas menos del 60% de la población penitenciaria se agredería entre sí. El 39.9% de las víctimas identificó agresiones a su identidad de género, en razón de su genitalidad; y un 44% de las víctimas identificaría los actos que “tratan de eliminar rasgos femeninos con mujeres trans”.
En el Régimen de Excepción, acontecería el registro de los resultados de detenciones actuales. Al mismo tiempo, se cuantificarían 90% las muertes en centros penales, que serían motivo de denuncia de las citadas organizaciones ante el Comité Contra al Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la representante de al Fiscalía General de la República (FGR), Adela Saravia, aseguró que las muertes no tendrían implicación con el gobierno.
“Se han aperturado 90 investigaciones por fallecimientos de personas privadas de libertad en centros de detención, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas entre la muerte de la persona detenida y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”, aseguró la representante de la FGR, Adela Saravia, ante la ONU.
Molina confiesa que desconoce del estado de salud de su tía. Sin embargo, el gobierno asegura cumplir con las prácticas médicas requeridas para los reos en los centros penitenciarios, mismas que habrían reducido la mortalidad carcelaria en las últimas décadas, según el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El titular de la DGCP reafirmaría las opiniones, indicando que la mortalidad en Cárceles se reducirían “gracias a las buenas prácticas médicas”. De hecho, se cita que cerca del 98% de la población carcelaria estaría recibiendo atención médica, incluida la LGBT. Esa fue la respuesta del Minsal ante el CAT. Una proporción tamvién representaría a las personas “con VIH que tiene carga viral indetectable”.
Añadiría que unas 5,000 personas habrían estado infectadas de Sifilis; y otras 1,681 de tuberculosis desde el año 2022. Hasta el 2021, los casos detectados serían 628; y para julio de 2022, serían 238. También añade que “más de 1,000 personas privadas de libertad han sido capacitadas para ser concejeros, facilitadores de pares, practicamente son promotores de salud, a nivel penitenciario”, con “referentes para la atención extra-penitenciaria”.
ONU por personas Trans en cárceles
“Mujeres trans son víctimas de agresiones sexuales”, así lo afirmó el CAT en su informe titulado “Observaciones Finales sobre el Tercer Informe Periódico de El Salvador”, que divulgó en noviembre de éste año. La ONU refiere a las observaciones generales de presuntos malos tratos o vulneraciones a derechos humanos, que circunscriben a las mujeres trans, en el contexto del Régimen de Excepción.
La demanda del CAT, ante una presunta inobservancia de un pabellón específico para personas LGBT responderían a la continuidad del mismo durante el Régimen, y en lo sucesivo: “Continuar reforzando la atención médica y sanitaria en los centros de detención, incluidos los programas de prevención, detección y tratamiento de enfermedades infeccionas entre la población reclusa, incluida la tuberculosis, la hepatitis y el virus de la inmunodeficiencia humana”.
ONU enfatizó el requerimiento a la labor del estado, sin detallar las pautas requeridas, o un financiamiento para su ejecución. De hecho, la cláusula que sucede al texto refiere a que “el Estado parte debe velar también por la atención de las necesidades específicas de mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales privadas de libertad”.
Una cláusula más explícita se detalla en el informe, respecto al imperativo de proteger a personas trans: “adoptar las medidas para prevenir y reducir la violencia en centros penitenciarios, incluidos suicidios y la violencia sexual contra las mujeres transgénero y documentar estos incidentes a fin de investigar las denuncias y sancionar a los responsables”.
Menos muertes LGBT
Autoridades judiciales confirman la prevalencia de Keiry en las instalaciones penitenciarias de ex-cárcel del mujeres. Ésto indicaría que al menos permanece con vida. Por otra parte, de las 90 muertes en centros penales no se confirmarían aún las identidades sexuales de las personas internas; es decir, que también se desconoce su pertenencia a los grupos sociales LGBT.
Por otra parte, ContraPunto ha consultado a organizaciones sociales de activistas LGBT sobre hechos de sangre, que impliquen a personas LGBT como las víctimas de homicidios. Pero la repsuesta aún no es inmediata. Aunque las cifras de homicidios han sido reportadas por organizaciones sociales como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH+), e instituciones agrupadas con la Federación Salvadoreña LGBT+, ante la ausencia de registros demográficos oficiales.
Sin embargo, hasta el año pasado, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), identificaba al menos 12 homicidios perpetrados en el año 2019, según observa de los reportes de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Dygestic), del año 2020.
Los 12 homicidios reportados por Ormusa en 2019 contrastan con los 10 reportados por Comcavis, en ese año. Sin embargo, de acuerdo con los datos de ésta última, los 8 asesinatos cuantificados en 2021 y 2020 constituyen una reducción del 20%, respecto a los 10 reportes que hizo durante el año 2019.
Otros informes de activistas de diversidad sexual, indican que al cierre del año 2018, se reportaron otros 16 asesinatos; y al cierre del año 2017, otros 26 homicidios en contra de personas LGBTI+. Para el año 2022, la organización Comcavis Trans cuantifica al menos un homicidio a una persona tras, sin expresión de género.
