Por Alessia Genoves
17ª prórroga al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales es aprobada en la Asamblea Legislativa. La iniciativa parlamentaria responde a la permanencia de unos 111,121 pandilleros en libertad, así como a la “reiteración de hechos delictivos”, que han rendido un saldo de 82 homicidios intencionados al mes de julio de 2023, una cifra que, sin embargo, es inferior a los 400 homicidios de la misma naturaleza, ocasionados en el mismo período del año anterior. El resultado, a su vez, es asociado a la contención de más de 72 mil salvadoreños, acusados de pertenecer y de participar en maras y pandillas, cantidad de la que al menos 6,000 personas fueron liberadas, tras ser sobreseídas y/o absueltas de las causas penales que justificaban su detención.
“El Régimen de Excepción va a continuar hasta detener al último pandillero”, expresó el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro. Sus declaraciones responden a la consigna que justifica la continuidad de las 16 prórrogas de la política de seguridad pública; y que, por otra parte, desafía a la demanda de instituciones como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la Fundación Cristal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que han llegado a cuantificar -presumiblemente- hasta 5,960 denuncias. Entre las denuncias, enumeran unas 174 presuntas muertes en cárceles -algunos supuestos asesinatos-.
142 denuncias sobre muertes en cárceles, sin embargo, fueron archivadas, según lo anuncio el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado. Cabe destacar que el archivo de denuncias respondería a la presunta comisión del delito de homicidio -algunas en contra del Estado-; y, por tanto, a la privación de derecho a la vida, la libertad y otras garantías constitucionales. El fiscal indicaría, pues, que las demandas interpuestas no serían coherente con los resultados forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), una observación que compartiría a ContraPunto la representante del SJH, Ingrid Escobar, para quién la falta de información de los presuntos hechores motivarían a denunciar al “responsable subsidiario, el Estado”.
“No podemos denunciar a todo un Estado”, sostuvo el Comisionado Presidencial por los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán Caballero. La frase la compartió al periodista Carlos Martínez d´Aubuisson, del periódico El Faro, en su reciente entrevista, una máxima que obedece a individualizar a las personas responsables por el incumplimiento de su deber: “si un reo mató a otro reo, hay que aplicarle el peso de la Ley; si un custodio de seguridad mató a un reo, hay que aplicarle el peso de la Ley”. Éste principio dejaría a manos del sistema judicial, la seguridad y el estatus jurídico de aquellas personas que incurran en vulnerar los derechos humanos de los reos, y no a la institucionalidad del Estado, tal y como lo propone la CIDH.
17° Prórroga
17° Prórroga al Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales se aprueba en la Asamblea Legislativa. La determinación parlamentaria responde a la restricción temporal de los derechos constitucionales de “ser informado en el momento de detención” (art. 12, inc. 2, C), la detención por un período de 15 días para ampliar las investigaciones (art. 13, inc. 2, Cn) y el de la no inspección de la correspondencia (art. 24, inc. 2, Cn). Han transcurrido 15 meses desde la vigencia de la aplicación de la política.
67 votos a favor han dado lugar a la aprobación de la propuesta, para la aprobación de la última prórroga del Régimen de Excepción. La votación fue celebrada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, par tener vigencia desde el 9 de agosto de 2023, al 10 de septiembre de 2023. La nueva propuesta se ventiló en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 117 de éste martes, para consignar la discusión de la Pieza de Correspondencia 3-A, que se encuentra registrada en el Archivo Legislativo.
30 días continuos se establecen para la vigencia del Régimen de Excepción, y la suspensión paralela de garantías constitucionales. El criterio de “legitimidad” que justifica la prórroga responde a la interpretación de la sentencia 21-2020AC del año 2020, establecida por la Sala de lo Constitucional. El Artículo 31 de la Constitución misma establece que “podrá prologarse la suspensión, por igual período y mediante un nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”.
Menos “homicidios intencionados”
“Homicidios intencionados” es la expresión semántica con la que la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) identifican a aquellas personas que han perdido la vida de forma dolosa; y que no incluye -durante la vigencia del Régimen- aquellos cometidos bajo las circunstancias que amparan al uso de la legítima defensa (art. 27, Cód Pnl.). ContraPunto ha identificado, de las cifras oficiales, un registro de al menos 86 homicidios intencionados, que contrastan con los 404 identificados en la misma fecha del año 2022; resultado, pues, en una diferencia a la baja del -79.5%.
Bukele, por su parte, expresó que “julio 2023 cierra como el mes más seguro de toda la historia de El Salvador”, desde luego, basándose en los datos oficiales. De acuerdo con los datos consultados por ContraPunto, el mes de julio cerró con al menos con un registro de 8 homicidios intencionados, que es una cifra equiparable a los 8 intencionados que se identificaron al cierre del mes de abril de 2023; es decir que, según la fuente (PNC, jul. 2023), el señalamiento del presidente también corresponde al del mes de abril como uno de los meses más seguros de su quinquenio presidencial; así como uno de los más seguros de las últimas 3 décadas, durante las que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MSJP) ha identificado, desde el año 1994 a julio 2023, unos 116,660 homicidios de la misma naturaleza.
Bukele, asimismo, sostiene que “si anualizamos la tasa de homicidios de enero a julio, El Salvador (hace poco el país más peligroso del mundo) tendría 2.2 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes”; por lo que aseguraría que El Salvador es “el país más seguro de América”. Ésta estimación sería posterior a la divulgada por el criminólogo Ricardo Sosa, quien hasta el cierre del mes de junio del año en curso identificaría 73 homicidios intencionados, y un “promedio diario de homicidios diarios de 0.4 para el primer semestre”. Mientras que, al transcurso de los 12 meses de vigencia del Régimen de Excepción, la proyección de la tasa de homicidios era de 3.6.
90% de la población salvadoreña, por una parte ya observaba una reducción en al delincuencia, de acuerdo con la encuesta del cierre del año 2022, del Instituto de Opinión Pública de la UCA (Iudop). tendencia ya era superior en la percepción de hechos delictivos, que habrían sido propiciados por maras o pandillas, en opinión del 97% de la población. Por otra parte, la cifra general sería superada por un 92.2% de personas que participaron en la encuesta de TResearch, “El Salvador. Cuatro años de gobierno”. Mientras que, en la última encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), “Encuesta de cuatro años de gobierno y perspectivas electorales”, indicaba que la preocupación por la delincuencia, de la opinión pública, apenas se ponderaba en un 5.3%.
Por otra parte, la cifra de personas detenidas, al pasado 14 de julio, puede cuantificarse en las 71,479. Sin embargo, si se sustrae la cantidad de personas liberadas, es posible identificar a unos 65,479 internos en el sistema carcelario, durante la misma fecha. Sin embargo, como se ha expuesto, cerca de 11,121 pandilleros seguían, hasta esa fecha, en libertad, una condición que se ha venido contrayendo y que ha justificado las 16 prórrogas del Régimen de Excepción a los derechos a “ser informado en el momento de detención” (art. 12, inc. 2, C), la detención por un período de 15 días para ampliar las investigaciones (art. 13, inc. 2, Cn) y el de la no inspección de la correspondencia (art. 24, inc. 2, Cn).
Muertes en cárceles, ¿quién es el responsable?
“Siembre han habido muertes en los centros penales”, admitió la representante del SJH, Ingrid Escobar. El caso también circunscribe al registro de las 174 muertes en los recintos carcelarios durante el contexto del Régimen de Excepción, enumerados por Cristosal, el SSPS; así como la la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. Por parte de la FGR, la cantidad anunciada, al menos en el registro de archivos, es de 142 que corresponden a denuncias que no procedieron.
Rodolfo Delgado, en sus observaciones, indicaría que las denuncias que corresponde a las muertes en prisión, las llevadas a archivo, indica que algunas de ellas no corresponderían al contexto del Régimen de Excepción; además de que no serán coherentes a las causas de muertes comprobadas, “por estudios científicos y no por empleados de funerarias particulares”, realizadas por el IML. En ese contexto, cuestionó la veracidad del “Informe de 1 año en el Régimen de Excepción”, de Cristosal, que llegó a enumerar hasta 153 muertes en cárceles.
“Los datos de esa ONG no son los correctos, estos datos no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal (IML), sino que señalan algún tipo de médicos, han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica para ordenar esos datos, incluso han tomado en cuenta para tratar de magnificar esos números, a fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario, antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción”, argumentó Delgado en el programa de entrevista, Diálogo con Ernesto López.
Ingrid Escobar, por su parte, indicó a ContraPunto que “hay un contraste enorme, porque Medicina Legal dice que, por ejemplo, hay gente que ha fallecido por Covid19, edema pulmonar, a infarto del miocardio, pero ninguna de éstas tres tiene como un síntoma que una persona lleve un brazo quebrado, que una persona lleve las costillas rotas, las piernas quebradas. Y esas son las cosas que la gente tiene. Hemos visto los vídeos de las personas cuando, con valentía, y después de que IML les diga «no abran la caja», las mamás abren las cajas y han visto a víctimas de extrangulamientos, con golpes por todo el cuerpo; entonces, es mentira”.
Datos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) destacan que 90 personas han fallecidos para octubre 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.
Las cifras sucesivas permitirían identificar qué, por admisión del Gabinete de Seguridad ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), unas 90 muertes fueron reportadas en centros penales, desde el 27 de marzo al mes de octubre de 2022. Mientras que de las cifras extra-oficiales, que corresponden a las del las organizaciones sociales -nacionales- antes mencionadas, al menos 60 muertes en centros penales fueron identificadas desde octubre de 2022 al mes de julio de 2023, pero bajo el criterio de un médico forense particular, o desde la observación de los familiares de las víctimas, y no en todos los casos por el IML
La mayoría de las acusaciones se harían, por otra parte, en contra del Estado de El Salvador; mientras que la minoría sería dedicada a otros internos. Sin embargo, las organizaciones declaran un desconocimiento de los hechos, y cómo éstos pudieren cuantificarse. “Como no existe la información oficial, ¿de dónde nosotros obtenemos la información?: Fuentes directas. Nosotros ya llevamos decenas de nuestros casos en el Socorro Jurídico. Lo primero que nos dicen es que, en Izalco, pasan un pasillo de 50 metros donde los custodios que son agentes del Estado los golpean, ahí. Y hay responsables. Pero un responsable subsidiario es el director de Centros Penales, que no es capaz de ordenar a su gente. Porque, ¿a quiénes deben ordenar los Centros Penales?, a los custodios”, explicó a ContraPunto, Ingrid Escobar.
Guzmán Caballero, por su parte, indicaría que “se tienen que deducir responsabilidades”, para individualizar a las personas que infringieron la muerte a los reos de centros penales. Éste criterio se aplicaría tanto a los servidores públicos de seguridad en centros penales, agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas, como en contra de aquellos reos pandilleros o no asociados que causaron la muerte a otros reos. El contexto de las declaraciones tendría lugar durante la entrevista con Carlos Martinoz d´Aubuisson, quien cuestionó la legitimidad del sistema judicial, valoración que sería definida por Guzmán como un “análisis político” al que él no incurriría, sino al “deber ser de las instituciones”.
