Por Alessia Genoves
170 reos del Sistema Penitenciario han sido identificadas como fallecidas por organizaciones sociales tales como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). La cifra se extiende a las 174 personas fallecidas, de un compendio de 5,474 presuntas denuncias tramitadas por organizaciones como la Fundación Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), en el contexto del Régimen de Excepción. Pero es el SJH la que ha señalado que al menos el 8% de los fallecidos pertenecían a maras y pandillas, mismas que habrían infringido la muerte de otros internos.
Detalla la representante del SJH. La abogada Ingrid Escobar, que los hechos pueden testificarse por las declaraciones compartidas a la organización, por parte de aquellas compartidas por las personas liberadas: “por información que tenemos de los liberados, el dominio lo tienen los internos activos de pandillas, los reos internos condenados. Entonces, de esa individualización de responsabilidades, nosotros tenemos nociones generales, por lo que nos dicen los liberados”. Ello responde, pues, que las organizaciones impliquen al gobierno, como responsable subsidiario, que es, según la abogada, el que debe levantar sus oficios para investigar e individualizar a los homicidas responsables.
6,000 personas han sido liberadas en el contexto del Régimen de Excepción, según lo detalló a la prensa, en su momento, el Vice-presidnete de la República, Félix Ulloa. El dato forma parte de un total de 71,479 detenciones cuantificadas hasta la fecha del 14 de julio del año 2023; y cuya diferencia aritmética entre las personas liberadas puede deducirse en un total de 64,479 reos internos, quienes se han encontrado en fase de investigación, algunos asociados por la comisión de los delitos de homicidio, agrupaciones ilícitas y otros.
76,600 pandilleros han sido identificados por la Policía Nacional Civil (PNC), cuya presencia activa en el territorio nacional justifica la vigencia del Régimen de Excepción. La operaciones de las agrupaciones terroristas puede constatarse tras el asesto continuo de agentes policiales, que se data a la fecha del 30 de julio del año en curso. La deducción entre las cifras actuales permite deducir que existen unos 11,121 pandilleros en libertad. La premisa de detener al último de los terroristas se acompaña por la promesa de las autoridades del Gabinete de Seguridad, por detener el Régimen, la política de seguridad pública que ya ha reducido al 80% la cifra de “homicidios intencionados”, y que ha legado un reporte de casi 420 días sin homicidios, a lo largo del quinquenio del presidente Nayib Bukele.
¿Qué dicen las cifras oficiales del Régimen?
“Homicidios intencionados” es la expresión semántica con la que la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) identifican a aquellas personas que han perdido la vida de forma dolosa; y que no incluye -durante la vigencia del Régimen- aquellos cometidos bajo las circunstancias que amparan al uso de la legítima defensa (art. 27, Cód Pnl.). ContraPunto ha identificado, de las cifras oficiales, un registro de al menos 82 homicidios intencionados, que contrastan con los 400 identificados en la misma fecha del año 2022; resultado, pues, en una diferencia a la baja del -79.5%.
Julio 2023 cierra como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador.
Si anualizamos la tasa de homicidios de enero a julio, El Salvador (hace poco el país más peligroso del mundo) tendría 2.2 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes.
El país más seguro de America. https://t.co/u8ukG3buwF
— Nayib Bukele (@nayibbukele) August 1, 2023
Bukele, por su parte, expresó que “julio 2023 cierra como el mes más seguro de toda la historia de El Salvador”, desde luego, basándose en los datos oficiales. De acuerdo con los datos consultados por ContraPunto, el mes de julio cerró con al menos con un registro de 8 homicidios intencionados, que es una cifra equiparable a los 8 intencionados que se identificaron al cierre del mes de abril de 2023; es decir que, según la fuente (PNC, jul. 2023), el señalamiento del presidente también corresponde al del mes de abril como uno de los meses más seguros de su quinquenio presidencial; así como uno de los más seguros de las últimas 3 décadas, durante las que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MSJP) ha identificado, desde el año 1994 a julio 2023, unos 116,598 homicidios de la misma naturaleza.
Bukele, asimismo, sostiene que “si anualizamos la tasa de homicidios de enero a julio, El Salvador (hace poco el país más peligroso del mundo) tendría 2.2 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes”; por lo que aseguraría que El Salvador es “el país más seguro de América”. Ésta estimación sería posterior a la divulgada por el criminólogo Ricardo Sosa, quien hasta el cierre del mes de junio del año en curso identificaría 73 homicidios intencionados, y un “promedio diario de homicidios diarios de 0.4 para el primer semestre”. Mientras que, al transcurso de los 12 meses de vigencia del Régimen de Excepción, la proyección de la tasa de homicidios era de 3.6.
Ricardo Sosa, además, sostuvo “que de continuar las condiciones al 30 de junio del 2023, El Salvador puede finalizar el presente año, con una tasa de entre el 1.9 a la del 2.5 por cada 100,000 habitantes”. Ello implicaría que la tasa ya sea menor a la tasa anual de los 7.8 homicidios intencionados que registró el cierre del año fiscal 2022, en paralelo a los 495 homicidios intencionados reportados. Por otra parte, tanto las proyecciones como las cifras concretadas en los reportes oficiales, también son palpables en las encuestas de opinión pública, peses a la opinión técnica de los grupos parlamentarios de oposición y de la opinión técnica de los sectores sociales que denuncian la vigencia del Régimen.
90% de la población salvadoreña, por una parte ya observaba una reducción en al delincuencia, de acuerdo con la encuesta del cierre del año 2022, del Instituto de Opinión Pública de la UCA (Iudop). tendencia ya era superior en la percepción de hechos delictivos, que habrían sido propiciados por maras o pandillas, en opinión del 97% de la población. Por otra parte, la cifra general sería superada por un 92.2% de personas que participaron en la encuesta de TResearch, “El Salvador. Cuatro años de gobierno”. Mientras que, en la última encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), “Encuesta de cuatro años de gobierno y perspectivas electorales”, indicaba que la preocupación por la delincuencia, de la opinión pública, apenas se ponderaba en un 5.3%.
Por otra parte, la cifra de personas detenidas, al pasado 14 de julio, puede cuantificarse en las 71,479. Sin embargo, si se sustrae la cantidad de personas liberadas, es posible identificar a unos 65,479 internos en el sistema carcelario, durante la misma fecha. Sin embargo, como se ha expuesto, cerca de 11,121 pandilleros seguían, hasta esa fecha, en libertad, una condición que se ha venido contrayendo y que ha justificado las 16 prórrogas del Régimen de Excepción a los derechos a “ser informado en el momento de detención” (art. 12, inc. 2, C), la detención por un período de 15 días para ampliar las investigaciones (art. 13, inc. 2, Cn) y el de la no inspección de la correspondencia (art. 24, inc. 2, Cn).
¿Cuál es el panorama de las muertes en centros penales?
174 muertes en centros penales han sido expuestas ante la Comisión Inrteramericana de los Derechos Humanos (CIDH), por organizaciones como Cristrosal, Idhuca, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (SSPS), y otras organizaciones. Entre éstos casos, unas 153 muertes en centros penales serían identificadas en el “Informe de 1 año en el Régimen de Excepción”, de la Fundación Cristosal. El dato ya sería superior a los 111 casos de muertes en centros penales identificados por el estudio de el Idhuca. Ahora se añade el “Informe del Primero Año del Socorro Jurídico Humanitario en el Contexto del Régimen de Excepción”, en el que se identifican hasta 170 muertes en centros penales.
Sin embargo, los tres estudios refieren a que sus fuentes han sido hemerográficas (de medios de comunicación), principalmente la del Idhuca. Cristosal y el SJH, por otra parte, añadirían las declaraciones de los familiares de víctimas; y, en la menor medida, datos del Instituto de Medicina Legal (IML). Ésta última observación fue tomada en cuenta por el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), del informe de las 153 muertes en centros penales; tomando la decisión de llevar a archivo unos 142 casos de muertes identificadas, al sostener que “no existe delito qué perseguir”.
Rodolfo Delgado añade que “los datos de esa ONG no son los correctos, estos datos no han sido proporcionados por las instituciones oficiales, en este caso Medicina Legal (IML), sino que señalan algún tipo de médicos, han sido recabados por diferentes fuentes sin una manera científica para ordenar esos datos, incluso han tomado en cuenta para tratar de magnificar esos números, a fallecimientos que se dieron dentro del sistema penitenciario, antes de la entrada en vigencia del régimen de excepción”.
ContraPunto observa que buena parte de las fuentes adquiridas por Cristosal no responden, precisamente, a las actas de defunción oficial; sino, más bien, a los hechos registrados por la prensa. Y, desde luego, varios de ellos no han sido contrastados por el IML. También añade que “de acuerdo a nuestras investigaciones -las de la FRGR-, hemos comprobado científicamente con el auxilio de Medicina Legal las causas de la muerte, algunas de ellas se trataban de enfermedades preexistentes, otras, fueron algún tipo de enfermedad en la cual se prestó el debido auxilio en el momento oportuno por las autoridades penitenciarias y posteriormente, desgraciadamente, existió el fallecimiento de esas personas por causas naturales”.
Ingrid Escobar, por su parte, indicó a ContraPunto que “hay un contraste enorme, porque Medicina Legal dice que, por ejemplo, hay gente que ha fallecido por Covid19, edema pulmonar, a infarto del miocardio, pero ninguna de éstas tres tiene como un síntoma que una persona lleve un brazo quebrado, que una persona lleve las costillas rotas, las piernas quebradas. Y esas son las cosas que la gente tiene. Hemos visto los vídeos de las personas cuando, con valentía, y después de que IML les diga «no abran la caja», las mamás abren las cajas y han visto a víctimas de extrangulamientos, con golpes por todo el cuerpo; entonces, es mentira”.
Por otra parte, los datos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) destacan que 90 personas han fallecidos para octubre 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos. Las cifras sucesivas permitirían identificar que de octubre de 2022 al mes de julio de 2023, al menos 60 de los casos serían identificados por organizaciones sociales, pero bajo el criterio de un médico forense particular, o desde la observación de los famliares de las víctimas, y no en todos los casos por el IML
Ante dicha situación, ContraPunto interrogó a Ingrid con la pregunta “¿Considera usted que si las condiciones carcelarias hubieran mejorado, el impacto del Régimen de Excepción -sobre las personas inocentes fallecias- no hubiera sido tal?”. La abogada respondió: “Sin duda. Por lo menos, no tuviéramos tantos muertos, si antes, las condiciones carcelarias fueran más adecuadas, como lo dicen los estándares internacionales. Pero, lamentablemente, se tomó la decisión improvisada de instalar el Régimen, con conocimiento de que las condiciones estaban mal, y se ejecutó. Y tenemos, como resultado, 170 personas fallecidas, inocentes en el 92% de los casos, y sólo el 8% son perfilados como pandillas, eso no lo negamos”.
Como se ha mencionado, las condiciones de hacinamiento penitenciario implicaría sobre las dificultades no conciliadas hasta la instalación del Régimen. Ésto es así porque el registro de reos internos, desde el año 2021 a enero de 2023, ha sido próximo a los 102,274 reos en el Sistema Penitenciario. Tras la instalación del Cecot, que proporciona una capacidad de 40,000 reos, la capacidad instalada apenas ha llegado a los 70,864 internos; es decir, que la capacidad del sistema penitenciario no tendría cabida para los 76,600 reos identificados por la PNC, más aquellos casos que implican a población civil en la comisión de otros delitos, y a servidores públicos asociados y judicializados por casos de corrupción.
¿Quién es el responsable?
SJH habría recibido unas 2,500 denuncias sobre presuntas detenciones en el contexto del Régimen de Excepción; de cuyo soporte documental se identificarían unas 1,376 denuncias que implican a la PNC en presuntos arrestos arbitrarios. Si éstas cifras se suman a las 5,474 de las organizaciones citadas anteriormente, la cifra se amplía a las 7,974 presuntas denuncias, que fueron avocadas en conjunto. Sin embargo, éste registro no asegura que más de una de las denuncias sea duplicada, y que la víctima o representantes legales hayan acudido a más de una organización, para ventilar la misma vulneración.
La mayoría de las acusaciones se harían, por otra parte, en contra del Estado de El Salvador; mientras que la minoría sería dedicada a otros internos. Sin embargo, las organizaciones declaran un desconocimiento de los hechos, y cómo éstos pudieren cuantificarse. “Como no existe la información oficial, ¿de dónde nosotros obtenemos la información?: Fuentes directas. Nosotros ya llevamos decenas de nuestros casos en el Socorro Jurídico. Lo primero que nos dicen es que, en Izalco, pasan un pasillo de 50 metros donde los custodios que son agentes del Estado los golpean, ahí. Y hay responsables. Pero un responsable subsidiario es el director de Centros Penales, que no es capaz de ordenar a su gente. Porque, ¿a quiénes deben ordenar los Centros Penales?, a los custodios”, explicó a ContraPunto, Ingrid Escobar.
Uno de los imperativos de éstas organización es, pues que el Estado levante sus oficios para determinar e individualizar a las personas responsables de causar las muertes o vulneraciones arbitrarias a los derechos humanos. Según lo explicó Escobar, las personas liberadas rindieron testimonio de infracciones violentas y de tratos arbitrarios por parte de las autoridades de los centros penales; pero también indicaron haber recibido violencia por parte de otros reos, entre ellos, miembros de maras y pandillas que impondrían cierto temor o zozobra al interior de las cárceles.
