Se hacen muchos balances sobre lo sucedido el año recién finalizado y se habla también de los desafíos que se avizoran en el horizonte del que inició; se hace desde diversos ámbitos y variadas perspectivas que hoy día son parte de nuestra complicada y riesgosa realidad. Se analiza lo económico, lo laboral, la educación, la salud, la justicia, la seguridad, lo medioambiental, la emigración, el ejercicio periodístico, la corrupción y más… Pero muy poco se examina la situación de las víctimas que se producen y reproducen en todos esos escenarios, quizás porque son inmensamente numerosas en su conjunto y porque ‒con toda seguridad‒ a los poderes no les interesa abordarla pues saben que al tomar conciencia de esa su condición las mismas pueden despertar, indignarse y luchar para hacer valer sus derechos pisoteados históricamente.
Para la agrupación Víctimas Demandantes (VIDAS), que en octubre pasado apenas cumplió un año de existencia, eso último es su esencia en el marco del esfuerzo por vencer la impunidad que ‒desde siempre‒ ha protegido a quienes son responsables de las atrocidades ocurridas en el país antes de la guerra y a lo largo de esta. Hoy, pues, desde esa razón de ser se hace un conciso balance de lo ocurrido a lo largo del 2020 y se plantea un gran desafío para el 2021.
Destacan en el primero, al principio y al final, dos hechos relacionados con los órganos de Gobierno que han convertido en guardianes de dicha impunidad. Como de costumbre, la Asamblea Legislativa (AL) siguió incumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional (SC) de la Corte Suprema de Justicia emitida el 13 de julio del 2016, mediante la cual se expulsó del marco normativo interno la nefasta amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993. Así, el 26 de febrero del 2020 parió la llamada Ley Especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional que el presidente Nayib Bukele vetó dos días después por inconstitucional.
Y ahí quedó la cosa. Ni la AL superó el veto o aprobó una nueva legislación acorde a los estándares establecidos en la mencionada sentencia ni el titular del Ejecutivo, pudiendo hacerlo, presentó una propuesta. Pero la SC sí convocó a una audiencia de seguimiento para conocer cómo ambos órganos habían “acatado” su mandato; lo hizo hasta el 30 de octubre, a causa de la pandemia. Como lamentablemente se sabía, el presidente de la Asamblea Legislativa ‒Mario Ponce‒ así como la representación militar y civil de Bukele no pudieron ni informar sobre cumplimientos reales ni salir avante a la hora de responder los cuestionamientos de los acuciosos magistrados.
El segundo episodio que marcó el desprecio hacia las víctimas de la barbarie ocurrida en el país desde 1970 hasta 1992 tuvo lugar cuando Bukele, prepotente y petulante, calificó de “farsa” la guerra y los acuerdos que sirvieron para frenarla. Aseguró eso en la tierra martirial del cantón El Mozote, al cual se refirió como “municipio”; lo hizo como parte de su permanente afán electorero de echar lodo a dos de los partidos que incluye entre “los mismos de siempre”. ¿Merecen ser recriminados estos? ¡Claro que sí! Deshonraron su palabra al incumplir lo que pactaron para construir un mejor El Salvador. Lo hicieron desde que arrancó el afamado “proceso de paz” para que la muerte violenta y la muerte lenta continuaran paseándose por todo el país, fortaleciendo así la impunidad con la citada amnistía y la inequidad al desmontar el Foro de Concertación Económica y Social.
Pero todo tiene su tiempo y su lugar. Llegar Bukele a El Mozote para afirmar eso a unos días de haberse conmemorado el 39 aniversario de la terrible masacre, se suma a su absoluta falta de colaboración con el juez Jorge Guzmán que batalla por esclarecer los hechos e impartir justicia. Tanto en ese cantón como en el resto del país, la población salvadoreña fue castigada por tres guerras ocurridas durante más de dos décadas: la “guerra sucia” estatal, la “guerra de guerrillas” y la que libraron los ejércitos insurgente y gubernamental. El balance acumulado de las tres arroja una enorme cantidad de víctimas directas e indirectas.
Por esas víctimas y por las de la posguerra ‒entre las cuales las hay fruto de la muertes lenta y la violenta‒ debemos descubrir el gran desafío y asumir el compromiso de hacer realidad lo que este nos plantea. Ya pasaron por los órganos de Gobierno cantidad de merolicos y palabreros, falsos profetas y mesías… Es tiempo, pues, de generar una verdadera fuerza social en un dolido país que multiplica y seguirá multiplicando víctimas si no lo hacemos. El espejismo electoral que culminará el próximo febrero, se desvanecerá; pero la abismal desigualdad cierta y la consecuente injusticia evidente, ni farsas ni alucinaciones, seguirán.
Las víctimas de las tres guerras mencionadas, estén dentro o fuera de El Salvador, deben unirse sin importar el bando responsable de sus sufrimientos; las de la sangrienta y hambrienta posguerra, también. Solo cuando como bloque monolítico demandemos el respeto de nuestros derechos con fuerza, organizada y decididamente, podremos cantar la victoria de la justicia en todo su esplendor.
