Para este viernes 30 de octubre recién pasado, la Sala de lo Constitucional (SC) llamó a la tercera audiencia de seguimiento para conocer cómo se encuentra a estas alturas ‒después de más de cuatro años‒ el cumplimiento de la sentencia que emitió el 13 de julio del 2016 declarando inconstitucional la amnistía aprobada en marzo de 1993; esa sucia cobija que tejieron para que el Estado salvadoreño cubriera y protegiera, así, a los responsables de la barbarie ocurrida en el país durante la década de 1970 y hasta el fin de la guerra en 1992. En la referida audiencia participaron representantes de los órganos Legislativo y Ejecutivo, de los ministerios de Hacienda y de la Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la República; estuvieron presentes, además, el procurador para la defensa de los derechos humanos Apolonio Tobar ‒de muy buena actuación en el evento‒ y los “amigos de la Corte” así acreditados.
También intervinimos como parte actora, al haber elaborado la demanda presentada el 20 de marzo de 1993 con la que se logró la señalada inconstitucionalidad, dos integrantes de la agrupación Víctimas Demandantes (VIDAS): Pedro Martínez y su servidor. Desde esa condición, expuse la posición de ambos.
Si se trata de resumir la importancia de la audiencia, en principio debe mencionarse que si la SC no estaba del todo convencida del incumplimiento del mandato obligatorio incluido en su sentencia por parte de los órganos Legislativo y Ejecutivo, con el desempeño de sus enviados ese viernes le debe haber quedado más que claro. Ello se vio reflejado en la actitud de los magistrados, reveladora a todas luces de su compromiso con el respeto de la Constitución; particularmente, en lo referente a sus artículos primero y segundo. Reconociendo “a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”, los cinco pusieron por encima de todo a las víctimas y así manejaron la audiencia.
Y al haber sido difundida esta virtualmente por la Asamblea Legislativa (AL) y la Corte Suprema de Justicia, conoció de su desarrollo mucha más gente de la que se hubiera podido esperar si la misma se hubiese llevado a cabo únicamente de forma presencial, como las anteriores. Dos días después, las visitas y reproducciones registradas en los canales de Facebook de ambas entidades superaban las 20 000.
Antes de su aparición en la escena pública, con algunas personas fundadoras de VIDAS asistimos a una “consulta” convocada por la AL; también estuvimos en otra, ya como agrupación constituida. Se realizaron esas y otras dizque para “cumplir” lo ordenado por la SC en el 2018 antes de aprobar, en febrero del presente año, la ley vetada por Nayib Bukele. Eso permitió corroborar que la centralidad y la participación de las víctimas en semejantes montajes no se dio, pues su organización y ejecución respondieron a las presiones recibidas de dentro y fuera del país; no a un real compromiso con el cumplimiento debido de la sentencia de inconstitucionalidad citada o de las resoluciones de las audiencias de seguimiento a la misma, realizadas en el 2018 y el 2019.
La expulsión de esa amnistía del cuerpo normativo nacional se dio por ser “contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial –protección de los derechos fundamentales–, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”, impidiendo así “el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación integral”.
Con Pedro Martínez solicitamos dos veces prórroga del plazo para que la AL cumpliera sus deberes y, pese a ser concedidas, no lo hizo. La ley vetada, más allá de algunos aspectos positivos a reconocer, en el fondo continuó siendo inconstitucional por tratarse de una amnistía encubierta.
Por su parte, en el marco del cumplimiento de la referida sentencia, el Órgano Ejecutivo tampoco ha honrado ‒en palabras de la SC‒ su “obligación de diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas de Estado en materia de respeto, protección, promoción y garantía de derechos fundamentales, y asegurar que las prioridades en la asignación y ejecución de recursos se orienten a tales fines”.
Así las cosas, el Estado salvadoreño no ha respondido debidamente a las demandas legítimas de las víctimas de las atrocidades ocurridas antes y durante la guerra en lo relativo al esclarecimiento de la verdad, la impartición de justicia, la reparación integral de los daños que sufrieron y las garantías de no repetición de dicho salvajismo.
Funcionarios y funcionarias que les han negado eso invocaron e invocan al único salvadoreño elevado a los altares, han tenido su retrato cubriéndoles las espaldas y declarado públicamente su devoción. Para seguir a san Óscar Romero deberían, mejor, cumplir con lo que el profeta de la justicia transicional y sus parámetros ordenó el 8 de agosto de 1977: “Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas”.
