Por: Alessia Genoves


El rechazo al proyecto de Ley de Recursos Hídricos fue reiterado en la Asamblea Legislativa por decenas de organizaciones sociales, que demandaron la reforma de 49 de sus artículos que no fueron incorporadas tras la discusión de la Comisión Ad Hoc de la ley. Según lo definen, la propuesta oficial no responde a la “garantía por la sostenibilidad ni el derecho humano a la población”, sino a “intereses económicos”.

Pese a las observaciones de sociedad civil, la iniciativa diseñada y propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), organizaciones sociales y especialistas consignan el “derecho humano al agua potable y saneamiento” (art. 29), así como la participación de organizaciones sociales de sociedad civil en lo comités de cuencas en la toma de decisiones, sin influencia de la empresa privada, en respuesta a las demandas.

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La iniciativa de la Ley de Recursos Hídricos fue presentada diez días después que la de la Ley General del Agua (18 de junio, 2021)

Las Demandas

Pese a que la nueva propuesta responde a una regulación por el uso y aprovechamiento del agua, como un derecho humano y un bien público garantizado por el Estado, cerca de 65 organizaciones de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua reiteran su rechazo, por el incumplimiento a la demanda a los Puntos No Negociables: “el reconocimiento del agua como un bien público”; así como “el derecho humano al agua y el saneamiento”. También en la “gestión pública del agua con participación efectiva de la población”; y “la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas”, condiciones también requieren de un “régimen económico y financiero justo y equitativo”

La Ley de Recursos Hídricos ”es un instrumento normativo para proteger, legitimar por imposición y legalizar el despojo y mercantilización del agua”, según define el representante del Foro del Agua, Alejandro Henríquez, al establecer concesiones de hasta quince años, prorrogables, a empresas privadas (art. 6), y un canon tributario a las más de 2,500 Juntas de Agua sin fines de lucro, que abastecen a más de 1.5 millones de personas.

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Imponer este canon a las Juntas de Agua puede ser una estrategia para saltar de lo comunitario a lo privado, es decir, el Estado establece un canon de cobro a las Juntas de Agua (las cuales tienen dificultades económicas y que operan con una lógica no lucrativa, sino comunitaria) para hacerlas caer en un déficit funcional y dificultades de flujo económico. Al ocurrir esta dificultad para operar, el servicio comunitario puede ser privatizado mediante cualquier mecanismos utilizado por alguna sociedad o empresa mercantilista”, expresó su preocupación.

Pese a ello, la nueva propuesta niega la participación de la empresa privada en la toma de decisiones (art. 18). Además, establece un plazo de concesión de apenas cinco años, para las organizaciones sin fines de lucro, mientras que los otorgados a empresas privadas llegan a ser de hasta quince años, prorrogables (art. 6), por lo que la nueva propuesta reproduce la “desigualdad económica”, según así lo juzgó la representante del Centro de Estudios Aplicados en Ecología y en Sostenibilidad Ambiental (Ecos), Danila González.

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La Ley “no se establece, expresamente así, en la ley es que si no se establece así es la ley, es que en la hora de un conflicto entre un uso industrial y un uso de abastecimiento, es que va a primar el uso de abastecimiento”, juzgó.

Pero la Comisión Ad Hoc justifica que la extensión de los 15 años de explotación del agua, otorgados a empresas privadas, “limita la extracción diaria” y “plantea multas de hasta $3 millones de dólares”, con lo que se pretende “darle un balance entre lo que le sirve para la inversión (privada), y proteger el medio ambiente”, con regulaciones que imponen “candados” (privaciones) a las empresa, según lo explicó el diputado del partido Nuevas Ideas, Cristian Guevara.

Pero las organizaciones mantienen su postura. “Esta Ley normaliza las desigualdades en el acceso al agua y niega la crisis hídrica al no regular el abastecimiento de poblaciones como prioritario, esto generaría que, en un conflicto entre el abastecimiento para un uso de poblaciones y uso industrial, se priorizaría en el industria”, sostiene la Alianza.

Entre otras cosas, también señalan la des-regularización de los permisos ambientales designados a la extracción y uso del agua misma, ya que extienden hasta treinta años la evaluación de permisos ambientales.Para las autorizaciones a las grandes empresas no se les está pidiendo un permiso ambiental”, juzgó el representante de ECOS, Carlos Flores.

Sin embargo, la ley establece regulaciones con prórrogas constantes de diez años, en el la asignación de permisos ambientales en aprovechamientos, vertidos y explotación (art. 70); y de hasta cuatro años en el establecimiento de planes ambientales (art. 41). También establece la revocatoria de los permisos ante situaciones de “crisis”, “estrés hídrico” y condiciones que dejen en “mal estado el agua”, añade Guevara.

La Propuesta y las Reformas

El estudio de la comisión Ad Hoc por la Ley de Recursos Hídricos que inició hace tres meses, finalizó apenas el pasado jueves. Los diputados de los partidos oficialistas, Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) expresaron su satisfacción ante los resultados finales.

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Sin embargo, la Alianza denunció que el proyecto no sea aprobado sin las sugerencias planteadas por las organizaciones sociales, principalmente, los cinco puntos no negociables. Con ello, también sostienen que el proyecto “no resuelve las necesidades de la población, que no resuelve las crisis hídricas, y que mucho menos está diseñada para el rescate de las cuencas y para el rescate de los ecosistemas para el país”, explicó la representante del Foro Nacional de Salud (FNS) , Amalia López.

La protesta contra la supuesta privatización del agua fue contenida por barricadas de Fuerzas de Seguridad. Fotografías: Alessia Genoves

Entre otras cosas, también sostienen que la propuesta debe conciliar con las organizaciones, al tomar en cuenta la prohibición de “convenios entre las empresas privadas y ANDA (Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados)” de empresas industriales, añadió.

No hay deliberación, si no hay contraparte”, juzgó Flores, ya que “la comisión estaba dominada por la Bancada Cyan. Nosotros consideramos que, entre la primera versión y ésta, hay muy pocos cambios”. Por ello, sostienen que la nueva propuesta no debería aprobarse sin considerar los cambios sugeridos desde las organizaciones.

1 COMENTARIO

  1. seguimos como antes, sirviéndole a las grandes empresas y a los mas poderosos, $$$y el pueblo que se aguante, mas de lo mismo con estos nuevos pseudo dipu-ratas,$$$$$$$

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