Sectores de la sociedad salvadoreña han expresado su preocupación por los beneficios que tendrían el sector privado, con la propuesta gubernamental de la Ley del Agua
Uno de estos es la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que advirtió que el gobierno facilitará los permisos para el uso y aprovechamiento del agua a empresarios por hasta un período de 30 años.
El artículo 61 del proyecto de Ley de Recursos Hídricos, propuesta enviada por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, establece que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), nueva entidad que se crearía para administrar el recurso, otorgará permisos a instituciones públicas y privadas por un plazo no mayor de 15 años; pero este podrá ser renovado.
Luis González, miembro de UNES, manifestó estar preocupado por el otorgamiento de autorizaciones del uso del agua al sector privado de forma extensiva, debido a que El Salvador está en estrés hídrico.
“Hay algunos elementos que nos preocupan, entre estos el tema de autorizaciones. Porque si bien al principio de la ley plantea que no se va a privatizar el agua, que el agua es un bien público; en las autorizaciones plantean que se pueden dar autorizaciones a privados por 15 años y que se pueden renovar, es decir, 30 años”, afirmó Gonzaléz.
El proyecto aparta la participación de las personas y la contraloría que la actividad ciudadana representa, haciendo la ASA un autorizador de permisos vertical”. Amalia López, defensora del agua
Por su parte, Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, señaló que el proyecto de ley presentado por Ejecutivo, no permite a la población mantener contraloría en la nueva autoridad hídrica.
“El proyecto de ley presentado a la Asamblea en materia agua aparta la participación de las personas y la contraloría que la actividad ciudadana representa, haciendo de la ASA un autorizador de permisos vertical y sin control, en donde la figura presidencial decide a quién pone, a quién quita y qué es lo que esta instancia debe decir y hacer”, dijo López.
“Nos preocupan el tema de autorizaciones porque se pueden dar autorizaciones a privados por 15 años y se pueden renovar, es decir, 30 años”, dijo Gonzalez.
Según las organizaciones, la propuesta del Ejecutivo tiene similitudes con el proyecto de Ley del Agua y Saneamiento presentado por las organizaciones de la sociedad civil el pasado 14 de mayo, pero “en esencia se parece más a la Ley Integral presentada por el sector privado en 2018”.
La iglesia, al igual que las organizaciones ambientalistas hicieron el llamado a no privatizar el vital líquido en El Salvador. Nuevas Ideas, a través de Ernesto Castro, se comprometió a no privatizar el agua y que la normativa jurídica se apruebe en un plazo de 90 días.
Por otra parte, la normativa presentada el viernes por el Gobierno, retoma artículos presentados en los diferentes proyectos discutidos en anteriores legislaturas.
En la propuesta del Gobierno se retoman 20 artículos que fueron presentados en el proyecto del 2012. El artículo 1 de la nueva normativa, por ejemplo, es la copia del artículo 7, plasmado en el proyecto del 2012: “El derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, segura, aceptable, accesible y a un costo asequible, en cantidad, calidad, continuidad y cobertura”.
También retoma de forma íntegra los artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 9 que tienen que ver con el apartado de Derecho y Ámbito de Aplicación de la Ley.
Uno de los aspectos relevantes del anteproyecto de ley enviado por Bukele es la creación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que estará conformada en su mayoría por representantes del sector público.
Además, en la propuesta del Ejecutivo excluyen al sector privado del ente rector, pero le dejan el espacio abierto para que puedan participar de las reuniones que realice la junta directiva de la ASA.
