spot_img
spot_img
martes, 28 de septiembre del 2021

Bukele anuncia propuesta para Ley del Agua, y ambientalistas exigen derechos no negociables

Según Bukele, las propuestas por la Ley General del Agua no se han discutido desde hace 15 años. Organizaciones ambientalistas exigen que se retomen derechos no negociables a la iniciativa presidencial.

spot_img

Por: Alessia Genoves

La discusión por la creación de una Ley General del Agua ha sido retomada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con la aprobación de los legisladores del partido Nuevas Ideas; luego de que la propuesta diseñada por organizaciones sociales fuera llevada a archivo el pasado jueves 13 de mayo. Grupos de ambientalistas, entre ellos el Foro Nacional de Salud (FNS), exigen que la nueva iniciativa presidencial integre el régimen de derechos humanos no negociables en su contenido.

La próxima semana enviaremos a la Asamblea Legislativa nuestra propuesta de la Ley del Agua. Una deuda histórica en nuestro país, que pasó MÁS DE 15 AÑOS siendo discutida en la Asamblea, SIN NINGÚN RESULTADO. Estoy seguro que nueva Asamblea podrá aprobar una ley integral, que realmente beneficie a la población y garantice el agua como un derecho humano, en NO MÁS DE 90 DÍAS”, así lo anunció el presidente Bukele, desde sus redes sociales.

VEA: EXIGEN CUMPLIMIENTO DE DEUDAS AMBIENTALES, LEY DEL AGUA Y LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

La iniciativa también fue reconocida por el titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, al expresar que «“el agua es vida”. Muchas gracias presidente Nayib Bukele por hacer historia, historia hídrica de verdad”».

También fue reiterada por los legisladores del partido oficial, entre ellos, por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien afirmó que “habrá Ley del Agua”; y fue secundada por sus correligionarios, los diputados Christian Guevara y Suecy Callejas, quienes reafirmaron el compromiso en el plazo estipulado por la presidencia.

La confrontación de propuestas

Aún no se han ventilado los detalles de la nueva propuesta, que sustituirá a la archivada. Para investigadores y activistas del Centro Salvadoreño y Tecnología Apropiada (CESTA), como Ricardo Navarro, la decisión parlamentaria habría significado una “barbaridad” y un “bofetón” a los salvadoreños; y la reiteración de las acciones de neglicencia que fueron juzgadas por las administraciones anteriores.

La propuesta reiterada por las organizaciones ambientales fue recibida por partidos de oposición, entre barricadas y elementos de seguridad que limitaron el ingreso a la Asamblea Legislativa. Fotografìa: Alessia Genoves.

Según lo han manifestado, los legisladores del partido oficial no admitirán propuestas “que provengan de cúpulas partidarias”, ni aquellas que no cumplan con las demandas actuales. Esa deliberación respondió a que la propuesta por una Ley General del Agua presentada a la última legislatura fuera archivada.

Desde el pasado 8 de mayo, la última propuesta fue reiterada por al menos una docena de organizaciones ambientalistas, entre ellas, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica (MNFM); la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua (ANCPA) y el Foro del Agua de El Salvador (FAES).

La demanda exigía la discusión de los 175 articulados de la anterior propuesta; y demandaba la cobertura formal al derecho humano al agua y a saneamiento. Ahora, en respuesta de la tentativa del ejecutivo por abordar una Ley General del Agua, los ambientalistas exigen que se retome “el reconocimiento del agua como un bien público”; así como “el derecho humano al agua y el saneamiento”. Además, exige “la gestión pública del agua con participación efectiva de la población”; y “la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas”. Estas condiciones también requieren de un “régimen económico y financiero justo y equitativo”.

Ya han transcurrido más de 15 años desde que las tentativas han sido planteadas. Para Navarro, la ausencia de una ley secundaria que regule el agua como un bien público, perpetúa las condiciones actuales de explotación del vital líquido. Según lo enumeró Navarro, la situación se traduce en que 1) las empresas que siguen explotando el agua, siguen haciéndose millonarias. 2) los que contaminan el agua, siguen en ese mismo proceso. 3) las zonas recolectoras de aguas lluvias, que son importantes para recargar los mantos acuíferos, continúan siendo deforestadas; y 4) la población continúa sufriendo los problemas del agua.

spot_img

También te puede interesar

Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
spot_img

Últimas noticias