Un año después la presentación de una propuesta para la reforma del Artículo 133 del Código Penal, que busca permitir la interrupción del embarazo en cuatro causales o en casos graves para la salud y vida de las niñas y las mujeres salvadoreñas: i) cuando exista riesgo a la vida de la mujer; ii) cuando no hay posibilidad de vida del feto fuera del útero; iii) embarazos producto de violencia sexual y/o trata de mujeres; y iv) embarazos producto de violencia sexual y/o trata de menores de edad.
Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa deben alejarse de las posturas moralistas, y aprobar la reforma. Que permitirá que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre embarazos de alto riesgo, y los médicos poder ofrecer los tratamientos indicados para cada emergencia obstétrica. La enmienda al Código Penal debe estar separada de los colores partidarios.
Un cambio de ley que está cuesta arriba en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en la Asamblea Legislativa, pareciera que a un año de la propuesta y la aparición de una segunda alternativa de un diputado de derecha, no hay espacio en la agenda partidaria y legislativa. La doble moral de parlamentarios y el miedo de otros no deja que haya progresos para la reforma.
El fantasma de la pérdida de votos en las próximas elecciones, la poca voluntad política, de quienes están obligados a legislar, y dejar de prestar oídos a las voces conservadoras que niegan los derechos humanos de las mujeres mantiene en una posición desfavorable la enmienda. Las mujeres tienen la posibilidad de castigar con su voto en los comicios de 2018, para aquellos que han negado el apoyo a la propuesta de ley y que aspiran a mantener su privilegiada posición de diputados.
48 mujeres murieron en 2015 por complicaciones durante el embarazo, 48 familias perdieron a una de sus integrantes, ¿Quiénes son los responsables del fallecimiento de estas mujeres? No son los médicos, los responsables son los diputados en la Asamblea Legislativa que niegan sus votos a la reforma de Artículo 133 del Código Penal.
Mientras los mal llamados “padres de la patria” continúen ignorando las recomendaciones que organismo internacional hacen al Estado salvadoreño, como en más reciente que hicieran relatores de la ONU a las naciones para “eliminar legislaciones que criminalicen y que limitan el acceso al aborto”. Los hospitales públicos no paran de atender niñas embarazadas, y mujeres que pierden la vida dejando en la orfandad a sus hijos.
Diputados y diputadas, es tiempo de cambiar una ley que por 20 años ha dejado familiar separadas producto de la penalización absoluta de aborto, que bajo ninguna circunstancia permite la interrupción del embarazo. Las elecciones están a un par de meses y es el momento de castigo en las urnas. Ya que no son capaces de hacer un espacio en la agenda que permita llegar a acuerdos por salud y la vida las niñas y las mujeres salvadoreñas.
